VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad Universal trata de recuperar 6,5 millones de euros que ha pagado a la UTE Erescanner Salud, controlada por Eresa (Grupo Ascires) por las resonancias magnéticas realizadas en una veintena de hospitales públicos. La reclamación, confirmada por ambas partes, se produjo hace un año después de que el departamento que dirige Ana Barceló decidiera interpretar una cláusula del contrato de 2008 de acuerdo con la recomendación que hizo la Sindicatura de Comptes en sus informes sobre este servicio emitidos en 2013 y 2016.
La cláusula en cuestión es la de reducción de precios en caso de alcanzar unas tasas de frecuentación determinadas, es decir, un número de pruebas que dispare el coste del servicio, como de hecho ocurrió. El problema es que la tasa de frecuentación se calcula por número de pacientes pero la facturación se realiza por prueba realizada, de manera que si se realizan muchas pruebas a un mismo paciente no aumenta esta tasa. Así lo destacaba la Sindicatura en su informe de 2013: "La definición de la tasa de frecuentación debería realizarse en función del número de exploraciones y no del número de pacientes, dado que el criterio de facturación es por exploración realizada y no por paciente".
De hecho, en los ejercicios analizados para realizar aquel informe la UTE aseguraba que no se había superado en ninguno de los años de vigencia del concierto -entonces, hasta 2012- la tasa de 50 pacientes explorados por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, aplicando el criterio de la Sindicatura de Comptes, tanto en 2010 como en 2011 se superó, lo que habría supuesto, de aplicarse, un ahorro de 465.000 euros para la Conselleria.
Cabe reseñar que, según el citado informe, el número de resonancias magnéticas realizadas en la Comunitat Valenciana era el más alto de España y muy superior a la media de las CCAA desde que se privatizó en el año 2000. También era muy superior respecto al único hospital público con servicio de resonancias propio, el Doctor Peset de València, con 31 pruebas por cada 1.000 habitantes, frente a 44 de media de los gestionados por la UTE.
Fuentes de la Conselleria de Sanidad aseguran que nunca se facturó así porque "no se hizo un buen control", como también destacó la Sindicatura en su informe de 2013 y en el de cumplimiento de 2016, donde destacaba que esta cuestión no se había corregido. Esto ha significado que la Generalitat no pueda reclamar por ejercicios anteriores a 2015, por haber prescrito su derecho. De momento, ha reclamado por 2015 y 2016.
Desde Eresa, que controla la mayoría de la UTE Erescanner Salud, señalan que la frecuentación de pruebas varía dependiendo de la patología, siendo más habitual, por ejemplo, en áreas como la oncológica. En todo caso, aseguran que no hay ningún problema con la Administración y que se trata de "un tema administrativo abierto que actualmente se está resolviendo". En este sentido, la empresa que preside Lorena Saus insiste en que la frecuentación está por debajo del máximo fijado por la conselleria que "solo es una cuestión de ajustes".
En sus alegaciones al informe de la Sindicatura de Comptes de 2013, la UTE ya rechazaba la interpretación del organismo entonces dirigido por Rafael Vicente Queralt y manifestaba que la tasa de frecuentación debía seguir calculándose en función del número de pacientes.
Curiosamente, la Conselleria de Sanidad aceptaba el criterio del Síndic y se comprometía en julio de 2013 a, "con el consenso de la comisión paritaria, resolver definitivamente esta cuestión y, si procediese, efectuar la modificaciones o los ajustes que correspondieran".
Una "comisión paritaria permanente" entre Sanidad y la UTE que debía haberse creado en 2008, con al menos dos reuniones anuales "para revisar la adecuación del catálogo de prestaciones y los costes de cada una de ellas, así como la incorporación justificada de nuevas prestaciones o la modificación de las existentes y la valoración de la frecuentación de la técnica y la oportunidad de aplicación del escalado de precios". No se constituyó hasta julio de 2013, después de solicitarlo la Sindicatura "con carácter urgente".
Pero sirvió de poco. En su informe de 2016 el Síndic apuntaba: "Desde la puesta en marcha de la comisión paritaria de expertos en julio de 2013, no se ha adoptado ningún acuerdo relevante que haya permitido implantar medidas eficaces para el mejor control económico de las prestaciones".
