En ocasiones, la vida te da sorpresas. Sobre todo, en política. Pedro Sánchez sabe mucho de eso. Le enterraron en varias ocasiones y en todas ellas el entierro resultó prematuro. Pocos apostaban por el candidato socialista allá por mayo de 2018, cuando presentó una moción de censura casi por obligación, por cumplir el expediente. Pero gracias a ella llegó a La Moncloa, y hasta hoy. Sería también prematuro enterrarle ahora, cuando ostenta el poder, cuenta con la capacidad de decidir el momento más oportuno de convocar elecciones y aún tiene camino por delante.
Sería prematuro, pero, sinceramente, es lo más probable que ocurra: que convoque dichas elecciones, este año o el que viene, adelantadas o agotando la legislatura, y pierda el poder. Porque es enorme el desgaste del Gobierno y, sobre todo, porque las perspectivas son peores aún. El maná de los fondos europeos no puede competir con el aumento desbocado de la inflación, las hipotecas, y la carestía de las materias primas. La credibilidad del Gobierno está bajo mínimos. Y, sobre todo, cunde la percepción generalizada de que los acontecimientos han escapado del todo a su control. Que el gobierno ni sabe, ni quiere, ni puede hacer nada significativo para paliar los efectos de la crisis que se avecina. Los anuncios del Gobierno ya ni siquiera son rimbombantes, aunque sea -como de costumbre- a propósito de medidas que luego nunca se adoptarán. La gran apuesta estratégica parece ser echar a algunos ministros nombrados hace menos de un año para nombrar a otros y redistribuir a los cesantes como candidatos a las elecciones municipales, en un intento de aprovechar su supuesta popularidad (y vaya si la aprovecharán... transmitiendo la impopularidad del Gobierno central también a los comicios locales). El ciclo político, en fin, parece agotado, y muy probablemente las elecciones andaluzas de mañana domingo certifiquen esta realidad.
Pablo Casado debe estar en su casa tirándose de los pelos. Este maravilloso escenario de caos y derrota de la izquierda podría ser suyo, tan sólo si hubiera escogido mejor a sus enemigos y se hubiera puesto de perfil un poco más. Casado nunca fue un buen líder, ni carismático, ni creíble, pero estaba ahí, y a veces eso es todo lo que un líder ha de hacer: estar ahí. Que se lo pregunten a Mariano Rajoy, o a Alberto Núñez Feiióo, otro luchador de sumo metido a político que se ubica en un espacio - poltrona y cuesta horrores sacarle de ahí.
Que se lo pregunten al propio Juan Manuel Moreno Bonilla, que hoy parece la esperanza blanca de la derecha española, "el hombre tranquilo", la quintaesencia de la moderación que pacta con Vox pero como no queriendo pactar, como diciéndote "en realidad a mí esto no me gusta" mientras lo hace, pero que hace unos años estaba también desahuciado. Moreno Bonilla era un candidato fallido, que había apoyado a la candidata equivocada (Soraya Sáenz de Santamaría) y estaba a punto de desaparecer de la política arrasado por el "ciclón Susana Díaz", mujer con carisma y tirón electoral como pocos, que desaparecieron cual azucarillo en el café conforme perdió el poder en la Junta de Andalucía y con él el presupuesto para hacer la vida más fácil a tanta gente deslumbrada con su carisma. Hoy es Moreno Bonilla, el hombre tranquilo, el que tiene el presupuesto; y con él, el carisma y el tirón electoral.
También hasta hace relativamente poco tiempo el candidato del PP valenciano, Carlos Mazón, parecía flor de un día, pues su falta de consistencia no tenía nada que hacer frente a la eficaz gestión del Botànic, un Gobierno de progreso, tan luminoso como nos permite vislumbrar la generosa publicidad institucional que todo lo riega. También Carlos Mazón era producto del candidato del PP equivocado (Pablo Casado y, lo que es peor, su número dos, Teodoro García Egea). Y también se abocaba a una derrota probable.
Pero ahora a quien empiezan a no salirle las cuentas es a los socios del Botànic. Sus expectativas electorales se ven afectadas también por las dificultades económicas en ascenso, aunque su desgaste sea mucho menor que el del Gobierno central. Pero a ello se va a unir de inmediato un factor que generará, sin duda, un desgaste significativo: la imputación de la vicepresidenta, Mónica Oltra, por su supuesto papel de encubrimiento u obstrucción en el caso de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana. Un asunto en absoluto menor, particularmente duro, y del que es difícil salir indemne haga uno lo que haga, porque la imputación ya está ahí, y la sospecha también. Y aunque sea cierto que sólo haya indicios, nada sustancial, y aunque muchos podamos estar convencidos de que Oltra es inocente, e incluso podamos simpatizar con el drama personal y familiar que esto le supone, va a ser realmente complicado, para ella y para el Botànic, obviar las consecuencias políticas -y muy posiblemente también electorales- de esta imputación.
Se trata, sin duda, de un problema de primer orden para Compromís y para las aspiraciones del Botànic para revalidar mandato, y un factor más que incrementa las posibilidades de que la previsible -hoy por hoy- marea conservadora que nos espera en las diversas elecciones de 2023 alcance también para cambiar el signo del Gobierno valenciano. Si así fuera, el Partido Popular, que hace apenas cuatro años obtenía 66 escasísimos escaños en España, viéndose a punto de ser superado por Ciudadanos, y que en 2015 perdía la Generalitat Valenciana, dos de las tres diputaciones provinciales y la mayoría de las ciudades más pobladas, incluyendo las tres capitales de provincia, ocho años después estaría en disposición de recuperar el poder en muchas de estas instituciones. Y no por sus méritos, sino, como suele ser habitual (como ocurrió en 2015), por deméritos y problemas, de distinta índole, de quien gobierna.