Sindicatos y patronal piden subrogar los empleados de concesiones que pasen a gestión directa

VALÈNCIA (EP). La patronal autonómica CEV y los sindicatos mayoritatios, CCOO-PV y UGT-PV, han instado a la Generalitat a establecer la obligatoriedad de subrogar al personal de una concesión que vuelva a la gestión directa, un acción que deberá incluirse como cláusula en la contratación en los supuestos que proceda.

Así lo establece el acuerdo bipartito firmado entre las tres organizaciones, que se ha rubricado este lunes en el Palau de la Generalitat, y que también exhorta al Consell a iniciar las actuaciones precisas recogidas y establecer un "compromiso de calendario" para llevarlas a término.

El acuerdo trata la subrogación en el sector público, así como las cláusulas laborales en la contratación de la Generalitat. Sobre la subrogación, se apunta que quedarán fuera de ella los contratos de emergencia, menores y los adjudicados por procedimiento súpersimplificado, así como que será requisito que los trabajadores lleven trabajando al menos seis meses desde la fecha que se anuncia la licitación.

También insta a la administración valenciana a que establezca cláusulas en la contratación que "garanticen la estabilidad y calidad del empleo". Una de ellas debe prever la modificación del precio del contrato conforme a lo establecido en la legislación para que el adjudicatario "pueda cumplir las cláusulas establecidas en futuros convenios colectivos sectoriales".

Acuerdo bipartito

La rúbrica ha tenido lugar en el Palau de la Generalitat, con la presencia del president, Ximo Puig; los secretarios generales de UGT-PV y CCOO PV, Ismael Sáez y Juan Cruz; y el presidente de la CEV, Salvador Navarro.

Sáez ha recalcado que se trata del primer acuerdo bipartito entre sindicatos y patronal y además ha recalcado que se produce en un momento en el que España está "más necesitada que nunca del diálogo social y del acuerdo" para "el progreso del país y el bienestar de los ciudadanos". "Va en la dirección correcta; nos gustaría que fuera el ejemplo a seguir en el diálogo social español", ha recalcado.

Del mismo modo, Cruz ha incidido en la importancia de este acuerdo porque se trata del primero bipartito en cinco años. En esta línea, además ha destacado que se ha permitido alcanzar un acuerdo en una materia que viene ya regulada por la Ley de responsabilidad social y ha confiado en que el reglamento "vea la luz lo antes posible".

Cruz ha explicado que del ámbito del acuerdo de la ley de responsabilidad social en 2019 se han efectuado más de 29.000 contratos de carácter público, en su mayoría de carácter menos, y unos 3.000 de carácter mayor, que afectan a unas 100.000 personas. De este modo, ha destacado que este acuerdo les garantiza "certeza y estabilidad en el empleo en los contratos de subrogación". Asmismo, se comprometen a trasldar eta materia en los convenios colectivos donde no estén regulados y además "se despeja algunas dudas sobre la subrogación".

Por su parte, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha defendido el acuerdo como un "ejercicio de responsabilidad" que permitirá la "inclusión de cláusulas laborales que garanticen el empleo estable, inclusivo y de calidad", así como la "seguridad jurídica para empresas y trabajadores".

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerado que este acuerdo supone una "profundización en la democracia" propio de sociedades "maduras". Para Puig, el acuerdo supone "tener las reglas claras" entre trabajadores y empresas. Al respecto, ha advertido que "no se puede jugar con el trabajo desde el punto de vista del 'dumping', y que el "atajo" de la devaluación salarial "no sirve".

Normativa y órganos pendientes

Sáez ha apuntado que sigue pendiente de aprobarse el reglamento de la Ley de Responsabilidad social lo que hace que "esas cláusulas tan deseables y acordadas en su día aún no sean de aplicación".

Por ello, ha insistido en la necesidad de al menos resolver una parte "fundamental" de esa ley como es la subrogación de aquellso empleados que trabajan para la Administración a través de subcontratas para "reconocerles también la calidad y estabilidad del empleo".

Mientras, Cruz ha insistido en la necesidad de que la Comunitat Valenciana cuente con un tribunal autonómico de recursos contractuales para que aquellas diferencias que puedan haber en las contrataciones públicas "se resuelvan aquí y no en el Tribunal de recursos central contractual". "Eso es también capacidad de autogobierno y de hacer País Valencià", ha recalcado.

Del mismo modo, ha señalado que el siguiente paso es regular los supuestos de reversión de servicios externalizados y del personal que pueda ser revertido. "Ese compromiso está en el acuerdo y tenemos la certeza que lo vamos a llevar a cabo porque tenemos el aval de Puig", ha señalado.