El Síndic Major de Comptes, Vicent Cucarella. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EFE). La Síndicatura de Comptes ha advertido del excesivo uso de la caja fija realizado por parte de la Generalitat, especialmente en la Conselleria de Sanidad, donde señala que determinados gastos deben someterse a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.
En concreto, señala que las compras de productos sanitarios y medicamentos (realizadas fundamentalmente en centros hospitalarios) alcanzan el 28 % del total de los gastos de caja fija realizados en 2021, cuando estos gastos no deben tramitarse mediante este procedimiento.
Así lo refleja en la auditoría de cumplimiento de legalidad en la contratación de la Administración de la Generalitat del ejercicio 2021, realizada por la Sindicatura y publicada este martes, en la que detallan los incumplimientos significativos de la normativa aplicable.
Durante el ejercicio 2021, la Generalitat ha utilizado 281 cuentas para gestionar fondos de caja fija con los que se han efectuado pagos por un importe total de 38,5 millones de euros.
La evolución del importe gestionado por los centros de gasto tiene una tendencia descendente desde 2019, y al igual que en años anteriores, el volumen más significativo se gestiona por los centros de gasto de la Conselleria de Sanidad, que representa el 58,5 % del total (el 62,9 % en 2020, el primer año de la pandemia).
La Sindicatura insiste en recordar, al igual que en años anteriores, que los pagos mediante caja fija "deberían tener un carácter extraordinario y limitarse a los requerimientos establecidos en la normativa reguladora".
Sin embargo, destaca que los pagos en algunos centros de gasto de la Conselleria de Sanidad "se acogen a este sistema especial de forma ordinaria debido a la insuficiencia presupuestaria".
En este sentido, reitera que esta práctica "debe evitarse para no eludir los controles del gasto, la fiscalización de la intervención y la segregación de funciones" establecidos en la normativa de general aplicación.
Respecto a los contratos de la Administración, destaca el descenso significativo de los contratos por emergencia, que ha pasado del 34,8 % en 2020 al 9 % en 2021, algo que se debe a la finalización de los contratos destinados a paliar las consecuencias de la pandemia y del final del estado de alarma.
Estos contratos se concentran principalmente en los suministros tramitados por la Conselleria de Sanidad, que representan el 80,5 % (61 % en 2020) del total de contratos de tramitados por emergencia y el 72,3 % (81,9 % en 2020) del importe total adjudicado.
Asimismo, señala que solo 650 contratos, el 39,1 % de los 1.661 contratos realizados en 2021, se han inscrito en el registro de contratos de la Generalitat en un plazo inferior a 30 días.
El resto se ha inscrito con retraso superior, y los más importantes corresponden a las consellerias de Justicia, 77,5 %, y Política Territorial, 73,4 %. Los contratos de Sanidad se inscriben con retraso en el 73,5 % de los casos.
La Sindicatura considera que los medios personales de las consellerias "son insuficientes para llevar a cabo una gestión de la actividad contractual con los mejores criterios de economía, eficiencia y eficacia, y de cumplimiento de la normativa de contratación pública".
Indica que para la descripción y seguimiento de determinados servicios, suministros y obras se requiere personal especializado (sanitarios, arquitectos, ingenieros o informáticos) y para la elaboración de la documentación administrativa es necesario personal con suficiente formación en contratación pública.
Detecta diversos incumplimientos en este tipo de contratación, como que se incumple el principio de igualdad y no discriminación; no se determina con precisión la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato, o no se justifica adecuadamente la elección de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato.
Tampoco se publica en el perfil de contratante la información requerida; la aprobación del expediente de contratación no está adecuadamente motivada, y no se cumplen los requisitos para la tramitación de urgencia ni de emergencia, entre otros.
Además, afirma que durante 2021, la mayor parte de las consellerias no disponía de un procedimiento formal para adoptar las medidas adecuadas para detectar y solucionar los posibles conflictos de intereses de todo el personal que participa en el proceso de licitación.
En cuanto a los contratos menores, advierte de que los informes de necesidad se realizan con posterioridad a la solicitud de ofertas y sin calcular el valor estimado del contrato, algo que considera "importante" puesto que "el valor estimado determina los procedimientos de contratación".
También ha detectado un retraso excesivo en la comunicación al Registro Oficial de Contratos, ya que el 75,1 % de los contratos comunicados ha incumplido el plazo máximo que establece la legislación, aunque el porcentaje mejora respecto a 2020, que fue del 84,4 %.
Cuatro de las doce consellerias (Presidencia, Economía, Agricultura y Participación) han comunicado a la Sindicatura de Comptes todos sus contratos que superan los límites, mientras que la de Sanidad únicamente ha remitido esta información en 2 de los 200 expedientes a comunicar.
