VALÈNCIA. El de las resonancias magnéticas de la sanidad pública valenciana ha sido en la última década de crisis económica uno de los mayores negocios en términos de rentabilidad. Las cifras estimadas por Valencia Plaza hace más de un año se han confirmado tras la finalización del contrato, con las cuentas ya presentadas en el Registro Mercantil, y son envidiables. La UTE Erescanner Salud facturó en diez años y dos meses 426,37 millones de euros y logró un beneficio de 127,06 millones. Esto supone una rentabilidad del 29,8%, al alcance de muy pocas empresas y más en el período del que hablamos, entre 2008 y 2018.
Estas cifras corresponden a diez años y dos meses, ya que, aunque el contrato finalizó el 31 de octubre de 2018, los dos últimos meses de ese año la UTE continuó prestando el servicio en la mayoría de los hospitales públicos valencianos al no haber sido capaz la Conselleria de Sanidad Universal de asumir la gestión, que el Consell del Botànic, por boca de su primera consellera, Carmen Montón, prometió que sería pública. De hecho, la unión temporal de empresas controlada por Eresa (Grupo Ascires) continuó prestando el servicio sin contrato durante todo 2019 y lo mantiene, iniciado el año 2020 y después de 14 meses, sin que Sanidad sepa decir cuándo va a recuperarlo.
Dado que los precios que cobra la UTE estaban fuera de mercado —ganó el concurso pese a ser la oferta más cara—, la Conselleria de Sanidad Universal que ahora dirige Ana Barceló pidió tras la conclusión del concurso una rebaja del 50% en las tarifas mientras durase esta situación sin contrato, pero la empresa solo le concedió un 17%.
Con esa rebaja, la explotación de las resonancias continúa siendo un negocio muy rentable para la UTE y gravoso para la Generalitat. Calculado sobre los resultados de 2018, la facturación anual caería a los 37 millones de euros y el beneficio hasta 8,9 millones —si trasladamos toda la caída de margen al resultado—, lo que supone una rentabilidad del 24% que muchas empresas firmarían.
La UTE está controlada por la familia Saus, con el 57% a través de Eresa e Iberdiagnosis. El resto de socios son la familia Paz —propietaria de Clínica Benidorm—, con el 28,5% a través de Inscanner y Benaca, y Ribera Salud con el 14,5%. No obstante, estos no son los únicos beneficiarios del lucrativo negocio en la última década.
Como publicó en exclusiva Valencia Plaza, una sociedad pantalla se llevó el 8% de la contrata sin que se hiciera público en ningún momento y sin que, teóricamente, lo supiera la Conselleria de Sanidad, que publicó la adjudicación del concurso en septiembre de 2008 con la socios que figuraban en la oferta de la UTE, sin el 'invitado de última hora.
Sin embargo, el mismo día de la constitución de la unión temporal de empresas por parte de los socios arriba mencionados se produjo un traspaso del 8% de la UTE desde Inscanner —tenía el 28% y se quedó con el 20%— a Uvecuatro Gestión Integral de Servicios, sociedad asesorada por los Saus, quienes tres años después la adquirieron y absorbieron a través de Iberdiagnosis para hacerse así con la mayoría de la UTE.
La rentabilidad y los beneficios para dos socios de la UTE, Eresa e Inscanner-Beanaca, ha sido en esta década aún mayor que para el resto, pues son ellos los que prestan el servicio de resonancias en los hospitales públicos y se los facturan a la UTE, obteniendo un beneficio adicional.
La explicación de la desmedida ganancia de las contratistas de las resonancias públicas hay que buscarla en las condiciones del contrato firmado con el Ejecutivo de Camps, con unos precios por cada prueba fuera de mercado, como demuestra el hecho de que en el nuevo concurso convocado por la Conselleria los precios son hasta un 50% inferiores a los que se están pagando desde hace diez años. Así lo constató en dos informes (2013 y 2016) la Sindicatura de Comptes, que afirmaba que la Conselleria podría ahorrar hasta 16,7 millones de euros al año si prestara el servicio con sus propios medios.
A esto se suma la falta de control por parte de Sanidad respecto a la UTE Erescanner Salud, como reflejó en su primer informe la Sindicatura y posteriormente la Intervención General. Esta falta de control, que permitió a la UTE, y singularmente a Eresa, inflar el número de pruebas realizadas para facturar más.
