VALÈNCIA. La posible reforma del delito de malversación que estudia realizar el Gobierno central por petición de ERC ya ha despertado una notable inquietud entre los jueces y fiscales por las consecuencias que tendría sobre los casos de corrupción, incluyendo los valencianos. El motivo es que, de acuerdo con la interpretación de lo que los líderes políticos han expuesto hasta el momento, creen que supondría una reducción de las penas y que se podrían llegar a producir excarcelaciones.
A la espera de la concreción, la propuesta consistiría en que el delito de malversación distinga a partir de ahora cuando hay un lucro personal de cuando no lo hay. Algo que beneficiaría tanto a los líderes del 'procés' como al exdirigente del PSOE José Antonio Griñán, condenado en el caso de los ERE. Razón por la que los juristas consultados por este periódico piensen que se trate de una errónea legislación "a la carta".
Pero más allá de opiniones, la preocupación es real por lo que conlleva. "Es peligrosísimo y un disparate absoluto", comentan fuentes jurídicas a Valencia Plaza. El delito de malversación fue modificado con la reforma del Código Penal aprobada en 2015 y el Supremo estableció que éste reprueba "la conducta de la autoridad o funcionario público encargado del patrimonio público que (...) causa un perjuicio al patrimonio administrado". Es decir, sacar dinero público y desviarlo a otro fin que no es el propio con un añadido relevante: independientemente de adónde vaya a parar ese dinero (si al bolsillo del político o funcionario, si a un partido o si a beneficiar a terceros).
"Actualmente, el bien jurídico protegido es el caudal público, al margen de quién lo haga y a favor de quién", explican las mismas fuentes jurídicas. "Con la reforma que ahora se plantea se debilita la pena por corrupción y ésta se fomenta. Sería realmente escandaloso tocarla a la baja", destacan.
En opinión de los juristas, la corrupción ha sido un problema estructural en España y con este planteamiento se están introduciendo "elementos peligrosos" con "consecuencias desmoralizantes" porque "no se puede jugar con el dinero público". Si hay una modificación de la malversación, apuntan, no se puede concretar correctamente qué es lucro personal de lo que no lo es porque puede haber un beneficio indirecto.
En el caso de que se impulsara una reforma con urgencia, ésta podría entrar en vigor pronto y tendría efectos retroactivos debido a que se habría de aplicar la ley que más favorezca al reo aunque éste se encuentre cumpliendo condena, tal como establece el Código Penal. "Con la reforma publicada un sólo día en el Boletín Oficial del Estado, sus efectos ya serían irreversibles, al igual que ha ocurrido con la del 'sólo sí es sí'", comentan las mismas fuentes.
Los juristas interpretan que afectaría a la gran mayoría de causas de corrupción valencianas, aunque habría que revisar caso por caso. Así, favorecería a muchos de los condenados de Emarsa, considerada como la mayor trama de corrupción de la Comunitat por la cantidad de dinero público desviado -23,5 millones de euros- por el expolio de la empresa que gestionaba la depuradora de Pinedo. Entre ellos, a sus principales cabecillas, ahora en prisión: Enrique Crespo, Esteban Cuesta y José Juan Morenilla.
También a Rafael Blasco, condenado a seis años y medio de cárcel por el desvío de ayudas al Tercer Mundo cuando era conseller. Tras obtener el tercer grado en 2019, se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos sobre la pieza de Cooperación centrada en la distracción de dinero público para construir un hospital en Haití tras el terremoto que destruyó el país en 2010.
La reforma beneficiaría igualmente a la exconsellera Milagrosa Martínez, condenada por el amaño de contratos del pabellón de la Comunitat Valenciana en la feria de turismo Fitur entre los años 2005 y 2009. Al igual que a los cabecillas de la Gürtel que actualmente cumplen condena: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes'. No afectaría, por contra, al expresidente de la Generalitat Francisco Camps en la pieza en la que será juzgado el próximo enero puesto que no está acusado de malversación.
En cuanto a los pendientes de procesamiento, juicio o sentencia, una modificación de este delito condicionaría las penas en casos como Erial –que afecta al exministro Eduardo Zaplana–, Taula –donde se encuentran el exgerente de Imelsa Marcos Benavent o el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus– o Azud –en el que figuran multitud de políticos y funcionarios–.