El presidente del Consejo de Transparencia, García Macho, con otros dos de sus miembros, Bolinches y Flores Juberías. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. La Conselleria de Participación y Transparencia que dirige Rosa Pérez ha sacado a información pública una modificación del proyecto decreto del Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana para aumentar las indemnizaciones que reciben los integrantes de este órgano por cada reunión que realizan. En concreto, la reforma, que todavía tendría que pasar por el Consell Jurídic Consultiu y ser aprobada, contemplaría un incremento del 50% de las dietas que percibe el presidente y un 66% de los vocales de este organismo.
Actualmente, el Consejo de Transparencia está integrado por cinco miembros: Ricardo García Macho, a propuesta de Podem en la pasada legislatura, ocupa la presidencia; Carlos Flores, vocal a propuesta del PPCV, es Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia; Lorenzo Cotino también es vocal del órgano a propuesta de Ciudadanos; Sofía García Solís fue la candidata a vocal propuesta por Compromís en la legislatura pasada cuando Isabel Lifante abandonó el cargo; y Emilia Bolinches, a propuesta del PSPV, es la cuarta vocal del Consejo.
Macho es quien, a día de hoy, cobra una compensación más alta: 400 euros por cada reunión a la que acude. Mientras los vocales ingresan un total de 300 euros por cada encuentro, que de manera habitual suele limitarse a uno al mes.
La propuesta de modificación del decreto del Consejo de Transparencia que presenta ahora la Conselleria de Participación y que este jueves salió a exposición pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) propone aumentar estas cuantías en más de la mitad para que Macho perciba 600 euros por cada cita y el resto de integrantes sumen al menos 500 euros.
El texto de la propuesta del departamento de Rosa Pérez recoge que desde la creación del Consejo de Transparencia en 2015 estas cantidades no se han actualizado y, sin embargo, sí "ha incrementado considerablemente la carga de trabajo que supone para los miembros de la comisión, ya que han aumentado progresivamente cada año el número de reclamaciones a resolver". "Además, el trabajo de los miembros no solo consiste en asistir a las reuniones del Consejo, sino que comporta también un trabajo de estudio y preparación de todos los asuntos que someten a deliberación en el pleno del Consejo teniendo en cuenta que no tienen dedicación exclusiva", añade.
No obstante, no es la única modificación que plantea Pérez. También incorpora una modificación de la disposición final primera del decreto para habilitar "de manera general, a la persona titular del departamento del Consell competente en materia de Transparencia para que, en posteriores revisiones, pueda modificar las cuantías" de estas dietas. Es decir, para que ella misma como consellera de Participación y Transparencia pueda incrementar las indemnizaciones de los consejeros en próximas ocasiones.
La cuestión de las indemnizaciones, así como la del presupuesto con el que cuenta este órgano ha sido siempre una de las principales reivindicaciones de sus integrantes. De hecho, ya en 2018 el presidente del Consejo denunció al presentar la memoria anual en Les Corts que las dietas por cada reunión que mantienen no empezaron a percibirlas "hasta dos años y medio después de iniciar la actividad". Y es que, aunque la ley de Transparencia de 2015 no contemplaba que los consejeros debieran percibir estas gratificaciones, los cinco miembros sí las habían reclamado en más de una ocasión debido a la cantidad de expedientes que debían resolver anualmente sin tener dedicación exclusiva, coyuntura que sí se da en el resto de órganos de transparencia de España.
En la memoria anual de aquel año especificaron que además "de la propia asistencia a las reuniones, se requiere de una preparación y estudio previos de cada informe o resolución, lo que convierte las asignaciones en claramente insuficientes".
