Horarios comerciales: tres años de bandazos del Consell que lastran al sector

VALENCIA. La política autonómica en materia de horarios comerciales en la Comunitat se ha convertido en un paradigma de imposición política frente a la voluntad del sector, que lleva tres años reclamando sin éxito estabilidad al Consell. La administración ha dado un sinfín de bandazos en su postura sobre si permitir o no la apertura de los comercios los domingos y festivos, unos cambios que han ido más allá de los inherentes a la salida del PP y la llegada del PSPV y Compromís al Palau de la Generalitat. ¿El resultado? Un clima de incertidumbre empresarial, desconcierto entre los consumidores e inseguridad laboral que, lejos de permitir vislumbrar una solución, parece enredarse cada vez más.

Tal es la maraña de posturas y medidas que arrastra el comercio para tratar de regular los horarios que los diferentes formatos del sector, cuyas posturas se encuentran en las antípodas -desde la libertad total a la que aspira el gran comercio a la supresión de las zonas liberalizadas con la que sueñan las tiendas más pequeñas-, han aunado sus voces para reclamar "seguridad jurídica". Juntos invitan al Consell a fijarse en lo ocurrido en la ciudad de Valencia, donde el nuevo escenario sí es fruto de un acuerdo transversal en el sector. Pero su consejo parece caer en saco roto.

El penúltimo episodio de esta interminable sucesión de encuentros y desencuentros viene impuesto por un reciente informe de la Abogacía de la Generalitat contrario la resolución de la dirección general de Comercio para validar la reducción de zonas liberalizadas al comercio en Alicante. Este informe, motivado por el recurso de alzada que El Corte Inglés planteó el pasado mes de enero, cuestiona la tramitación del expediente por parte del director general de Comercio, Natxo Costa, y la forma de dar audiencia a las partes implicadas.

A la vista de las conclusiones de ese informe de la Abogacía, la Conselleria de Economía -en concreto la secretaría autonómica que debe resolver el recurso- se encuentra ahora ante la disyuntiva de contravenir el criterio de la Abogacía o, por el contrario, aplicarlo y enmendar la postura de la dirección general. A ese ya de por sí complicado contexto se suma la disparidad de criterios que existe entre el ala dura de la Conselleria con la liberalización de horarios -encarnada por los representantes de Compromís, con el conseller Rafael Climent a la cabeza- y los nombrados a propuesta del PSOE como la secretaria autonómica María José Mira, con una posición más flexible sobre la apertura del comercio en festivos.

el conseller de Economía ya ha advertido de que piensa hacer prevalecer el criterio político sobre el técnico

Tanto Rafael Climent como Natxo Costa animaban este martes a la insumisión al restarle importancia al informe de la Abogacía, encargado por la propia Conselleria a raíz del recurso de El Corte Inglés. Al respecto, el conseller de Economía ya ha advertido de que piensa hacer prevalecer el criterio político sobre el técnico. "Es una informe más que no es vinculante y vamos a resolverlo de la mejor manera posible y ya está", manifestó.

Costa, por su parte, se manifestó en la misma línea al afirmar que el informe de la Abogacía "no deja de ser una interpretación del derecho diferente de la que hace la conselleria de Economía. "Esto no es mas que un informe, no es una resolución", declaró el director general de Comercio, quien trasladó la responsabilidad a la secretaria autonómica al recordar que debe optar entre "aceptar las tesis de la Abogacía o separarse de ellas de forma motivada". Costa dijo estar "convencido" de que se debe optar por la segunda vía. "Estamos a la espera de que se pronuncie quien tiene la competencia", manifestó el representante de Compromís, algo que consideró que ocurrirá en pocos días.

De hecho, la respuesta de la administración ya llega fuera de plazo. El periodo de tres meses para resolver el recurso de alzada planteado por El Corte Inglés expiró el pasado 14 de abril, explican a este periódico fuentes conocedoras del proceso. Esta circunstancia abre la puerta a que el recurrente pueda acudir directamente a la vía contencioso administrativa ante la inacción de la administración.

Una situación similar puede darse en el caso de la ciudad de Valencia, donde la reducción de cinco zonas liberalizadas a sólo dos también ha dado lugar a recursos por parte de los comercios que han quedado fuera a pesar de que la regresión se acordó en el Consejo Local de Comercio. El equipo de gobierno que lidera Joan Ribó siempre ha exhibido que la reducción de las zonas con libertad horaria era una de sus prioridades, pero para ello los mismos técnicos que elaboraron los informes para justificar la declaración de zonas liberalizadas durante la etapa de Rita Barberá tuvieron que razonar el cambio de postura del Ayuntamiento pocos meses después dejando la puerta abierta al aluvión de recursos. 

Todo empezó en 2013

El Ayuntamiento de Valencia, con la inestimable colaboración del Consell de Alberto Fabra, inauguró en 2013 la deriva unilateral de la administración en materia de horarios comerciales al aprobar la práctica liberalización total de la ciudad, que se aplicó sin consenso alguno con las asociaciones más representativas del comercio. Por si quedaba alguna duda de la postura del ejecutivo popular, el entonces presidente, en el debate de Política General, sorprendió a propios y extraños con un giro liberalizador: el Gobierno valenciano permitiría la apertura en domingos y festivos a todos los municipios de la autonomía que lo solicitaran.

El temor a un aluvión de demandas hizo virar al consell de fabra de la liberalización total a una postura muy restrictiva con la apertura en festivos

Las consecuencias de aquel escenario no se hicieron esperar. La apertura en Valencia y no en su área metropolitana despertó las envidias de Gran Turia (Xirivella), Bonaire (Aldaia) e Ikea (Alfafar). Este último caso trajo consigo la primera judicialización del conflicto, puesto que la multinacional sueca recurrió la decisión del entonces conseller de Economía, Máximo Buch, de denegarle la apertura en domingo.

A esta deriva judicial se sumaron MN4 y Gran Turia, que apeló a la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) hasta llegar a la Audiencia Nacional. Estos movimientos hicieron al Consell dar marcha atrás y publicar, en el último aliento de la pasada legislatura, un decreto más restrictivo que cortó las alas a los municipios no turísticos, pero no al resto.

En medio de este enredo accedió al Gobierno de la Generalitat la alianza entre PSPV y Compromís, que otorgaría a la coalición que lidera Mónica Oltra la conselleria de Economía Sostenible -la que alberga las competencias de Comercio-. La legislatura comenzó con beligerancia en materia de comercio, en particular contra el macrocentro comercial y de ocio Puerto Mediterráneo, una inversión multimillonaria prevista en Paterna contra la que la organización política no ha dejado de cargar por no encajar con su modelo productivo.

Las propuestas electorales de Compromís, plasmadas en el Acord del Botànic con un compromiso por el comercio de proximidad, auguraban un giro hacia la restricción de horarios comerciales, un cambio que, en efecto, se está produciendo. No obstante, lejos de haber trazado una hoja de ruta clara para ejecutar su programa, los bandazos de la conselleria que dirige Rafael Climent no han rebajado la inestabilidad que heredó de su antecesor.

La principal fuente de conflicto en la actualidad es el tira y afloja entre el Ayuntamiento de Valencia y la conselleria. Ambas administraciones -las dos dirigidas por Compromís- arrancaron la legislatura en sintonía, pero el pacto alcanzado en la ciudad entre grandes y pequeños comerciantes que limita la libre apertura en domingo a dos zonas -el centro y el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias- no satisface a Climent, que no renuncia a extender la restricción a la apertura en domingo a la ciudad.

Varios han sido los intentos dentro de Compromís de trastocar el histórico consenso de la ciudad. El primer movimiento tuvo lugar en Madrid. La coalición propuso en el Congreso revocar la obligatoriedad que pesa sobre las grandes ciudades de España de contar con una zona de libre apertura en domingo.

Acto y seguido la conselleria maniobró con la siguiente propuesta: eliminar las áreas liberalizadas a cambio de permitir la libre apertura en verano, Navidad y Semana Santa. Valencia y Alicante, lejos de hacer propia la propuesta, rogaron a Economía que se respete las "peculiaridades" de ambas ciudades. Con el 'no' de las dos grandes ciudades hubo un amago de calma. Climent hasta llegó a deslizar que respetaría estos acuerdos y se centraría en la propagación de la liberalización que tiene lugar en el litoral. Pero fue un espejismo. Costa ha endurecido en los últimos días su discurso, al interpretar que una sentencia del Tribunal Supremo habilita a la Generalitat para imponer su criterio restrictivo a municipios como Valencia.

En definitiva, con la restricción de Alicante puesta en entredicho por la Abogacía de la Generalitat y el pacto consensuado en Valencia todavía situado en la mirilla de Climent, ninguna de las medidas alcanzadas en materia de horarios comerciales proporciona al sector la estabilidad que exige a la administración.

"Esfuerzo titánico" para llegar al cliente

Representantes de tres de las principales asociaciones del comercio en la Comunitat coinciden en subrayar que la inestabilidad en la que continúa el sector se traduce en numerosas dificultades para desarrollar su actividad. "Si vamos cambiando el paso a cada instante el esfuerzo que tenemos que hacer para llegar al cliente es titánico", indica Carlos Alfonso, portavoz de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), entidad que vela por los intereses de firmas como El Corte Inglés, Ikea o Carrefour.

"Sólo en materia de publicidad ya nos supone un gasto tremendo para explicarle al consumidor cuándo abrimos o cuándo no. Necesitamos seguridad jurídica", agrega el dirigente, que incide en que "el modelo a seguir es el de Valencia". "El éxito en la negociación reside en que todas las partes ganen y pierdan. Cuando una parte lo pierde todo siempre busca la manera de resarcirse", advierte.

Isabel Cosme, presidenta de la patronal del pequeño comercio Cecoval, también hace hincapié en la necesidad de estabilidad y seguridad jurídica. "El dinero es miedoso, el de los grandes y el de los pequeños", afirma. En línea con Alfonso, la dirigente subraya que lo ideal para la autonomía sería "un escenario intermedio como el alcanzado en Valencia". "No podemos estar pasando de un extremo a otro. Cuando se aplica la libertad total de apertura repercute en cierres en el pequeño comercio, pero cuando se restringe totalmente a los grandes el problema se judicializa. Lo ideal es pactar y entenderse", afirma.

"Ha de primar el sentido común, que no se trate de imponer, sino de cumplir con la ley y que se abra los domingos y festivos allí donde hay turismo", reclama Pedro Reig, director de la influyente Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana Asucova, que cuenta entre sus asociados con Mercadona y Consum. La entidad recomienda al actual Consell que no trate de "imponer su criterio". "La experiencia nos dice que con la imposición nos ha ido mal tanto en Valencia con Rita Barberá, en la Comunitat con Alberto Fabra y en Alicante con Gabriel Echávarri", indica.