Trinitario Casanova, nuevo dueño del Edificio España, alteró la cotización del Banco Popular

VALENCIA (VP). El empresario murciano Trinitario Casanova acaba de comprarle el emblemático Edificio España de Madrid al grupo chino Wanda por algo más de 265 millones de euros. A más de un histórico accionista del Banco Popular le habrá venido a la memoria el nombre de dicho empresario porque allá por el año 2008 trató de manipular las acciones de la entidad presidida actualmente por Ángel Ron.

Casanova, que se había hecho con un importante paquete accionarial del 3,5% del 'Popu' a través del Grupo Hispania -no confundir con la socimi-, veía como los títulos dibujaban una peligrosa senda bajista y como su intención era vender manipuló el mercado para que rebotaran las acciones en el parqué. Para ello difundió falsos rumores sobre la intención de que un grupo de empresarios mexicanos, entre ellos el celebérrimo Carlos Slim, estudiaba lanzar una OPA sobre el banco poniendo sobre la mesa una prima superior al 50%. Ni que decir tiene que el valor se disparó.

A mediados de junio de 2008, el conocido empresario Américo Ferreira -más conocido como 'el rey del corcho'- entonces accionista de referencia del banco, remitió una carta a la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "Tuve conocimiento de noticias que hacían referencia a negociaciones para la venta de mi posición en el Banco Popular a inversionistas mexicanos. Estas noticias no tienen ningún fundamento", rezaba la misiva según el hecho relevante que publicó el organismo supervisor.

A primeros de junio de este año, un juzgado de Madrid condenaba a Trinitario Casanova a un año de prisión, al considerarlo culpable de un delito contra el mercado y los consumidores tras difundir falsos rumores de OPA en el Banco Popular para aumentar el precio de las acciones en 2008.

Inhabilitación

El fallo inhabilita al promotor murciano para intervenir en el mercado financiero durante el tiempo de la condena, aunque previsiblemente no entrará en prisión al tratarse de una pena inferior a dos años de cárcel. 

En la sentencia, la magistrada del juzgado de lo Penal número 29 de Madrid, Beatriz Prestel, estima las alegaciones presentadas por la acusación particular del propio banco, así como las del Ministerio Fiscal que, en sus conclusiones, reprochó a Casanova no haber sido consciente del alcance de un delito que consiguió alterar la bolsa durante junio de 2008.

En concreto, explicaba el fiscal en su escrito de acusación, el empresario llevó a cabo "artimañas informativas, administrativas y financieras" con el objetivo de detener la devaluación de las acciones del Popular en su propio beneficio. Según se desprende de la investigación, Casanova suscribió, a través de una sociedad de la que era administrador único, un acuerdo con el holandés Fortis Bank para financiar la compra de más de 42 millones de acciones, haciéndose con un 3,5% de la entidad.

Ante la tendencia a la baja, el ahora condenado lanzó el rumor de OPA. Una versión que desmonta la del acusado, quien cargó contra el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, entonces representante legal de los supuestos accionistas y cuya declaración como testigo se considera núcleo de la denuncia contra Casanova. Según la versión del empresario, fue el político gibraltareño quien contactó en nombre del grupo inversor mexicano Blueprime, supuestamente interesado en comprar sus acciones.

Perjuicio de 38 millones de euros

Ahora el Tribunal estima que fue el propio promotor quien emitió de forma voluntaria tales informaciones que, según explicó la CNMV durante la vista oral, ocasionaron un perjuicio de 38 millones. Sin embargo, la magistrada considera únicamente acreditado el daño causado entre los días 12 y 13 de junio (fechas en las que se publicaron dichas informaciones), constitutivo de delito al estar valorado en más de 300.000 euros.

Por el contrario, el procedimiento no ha podido demostrar el montante total afectado hasta final de mes, fecha en la que, según las acusaciones, el mercado queda libre de nuevo, razón por la que se desestima una supuesta continuidad en la conducta delictiva.

La sentencia, que puede ser recurrida por las partes, pone fin a un proceso iniciado hace ocho años y que en 2012 llegó a ser archivado durante su fase de instrucción en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla.