UGT exige que el concurso general de traslados oferte las 10.000 plazas vacantes

VALÈNCIA (EP). El sector de Enseñanza de UGT Serveis Públics del País Valencià rechaza la actual convocatoria del concurso general de traslados en la Comunitat Valenciana y exige que se oferten las 10.000 vacantes existentes, al tiempo que se mantenga el requisito lingüístico, según reclama el sindicato en un comunicado.

Al respecto, recuerda que el concurso de traslados es un procedimiento de provisión de plazas docentes de ámbito estatal, con gestión descentralizada, que debe dar respuesta "adecuada" a "la situación de provisionalidad que arrastra nuestro sistema educativo como consecuencia de haberse anulado el procedimiento de concurso de traslados autonómico del curso pasado".

En ese sentido, señala que esta anulación ha impedido que el profesorado de los procesos de estabilización por concurso de méritos y por las oposiciones de estabilización de 2023 hayan dejado de ser profesionales provisionales y de obtener un puesto docente definitivo en el sistema educativo valenciano.

Así, el porcentaje o índice de provisionalidad (funcionariado de carrera sin destino definitivo y funcionariado en prácticas) se situaba en julio de 2024 en casi 8.000 docentes (7.989, suma de 1.893 maestros y maestras y 6.069 profesores y profesoras de otros cuerpos docentes), es decir, una tasa de provisionalidad del 11,75% del total del profesorado.

En particular, un 5,78% en el caso del cuerpo de maestros y del preocupante 17,40%, en el caso del profesorado del resto de cuerpos docentes no universitarios (profesorado procedente de los procesos de estabilización sin destino definitivo).

UGT explica que este segundo porcentaje justifica su rechazo a la convocatoria, "dado que esta provisionalidad es consecuencia directa de haberse anulado el concurso de traslados autonómico". Por contra, considera que el concurso general de traslados debe ser "potente, con un gran número de plazas vacantes y disponibles (todas las vacantes que tenga el sistema educativo es lo que marca la legislación) para recolocar a todo este profesorado provisional y en prácticas". El sindicato estima que se necesitan casi 10.000 vacantes.

Además, señala que cumplir con esta exigencia "complica de forma especialmente peligrosa" la situación del profesorado y la estabilidad del sistema educativo valenciano por la aplicación de la ley 1/2024, de 27 de julio, de la GVA, que suprime el requisito lingüístico en la mayoría de las especialidades y cuerpos docentes de profesorado.

Esto, según UGT, "implica que el Consell que preside Carlos Mazón ha derribado la barrera necesaria que debe proteger y garantizar que nuestro sistema educativo se imparta por profesionales que son bilingües, que conocen, usan y dominan nuestra lengua propia y oficial, como exige el Estatuto de Autonomía".

UGT exige la no aplicación de la ley, por "genérica y ambigua, hasta que no se detalle y determine con exactitud su incidencia en los requisitos exigibles al profesorado", es decir, "hasta que no se modifique y adecuen a la nueva ley, toda la normativa que regula aspectos relacionados con la acreditación del requisito lingüístico".

Entre ellos, cita el Decreto 62/2002 que regula la acreditación de los conocimientos lingüísticos para el acceso y la provisión de puestos, la Orden 35/2018 por la que se regula la catalogación con el requisito lingüístico de valenciano de determinados puestos de trabajo docentes en centros docentes públicos que imparten las enseñanzas de régimen especial y otras enseñanzas y la Orden 3/2020 por la que se determina la competencia lingüística necesaria para el acceso y el ejercicio de la función docente.

Requisito lingüístico exigible

En esta línea, señala que hasta que no se detalle y determine cuál es el requisito lingüístico exigible en cada cuerpo y especialidad docente, se aplique el requisito lingüístico del valenciano del concurso de traslados. Otro de los problemas "graves" que presenta este concurso es la forma en la que se debe baremar la antigüedad en el cuerpo del profesorado.

Así, explica que como consecuencia de la sentencia 1081/2022, los servicios prestados por funcionarios de carrera y personal interino "deben valorarse de igual manera", lo que implica que "la antigüedad en la especialidad y el cuerpo docente puede verse incrementada por los servicios que se prestaron cuando el profesorado era interino y no pertenecía a ningún cuerpo docente".

UGT advierte de que este hecho y el ajuste de cuerpos docentes que se ha realizado con "el desmantelamiento y la extinción del cuerpo del Profesorado Técnico de FP y la integración de sus especialidades docentes ha ocasionado errores en la aplicación a la baja (0,75 puntos en lugar de 2 puntos) la puntuación por antigüedad a este profesorado reubicado en otros cuerpos docentes".

"Ello es una injusticia palmaria, que ya vimos pasaba en el concurso de traslados suspendido del año pasado y que no queremos que vuelva a pasar", recalca. Por ello, exige que se aplique la normativa que está perfectamente clara para todas las comunidades autónomas y que, en todo caso, se especifique que los servicios a valorar son tanto los que se prestaron siendo funcionario de carrera, interino o en prácticas del cuerpo al que pertenecía la especialidad.

Por otro lado, reclama que en la gestión de este procedimiento de provisión se mejore la digitalización del expediente del profesorado, de tal forma que, para este o sucesivos procesos, los méritos y requisitos de los candidatos estén ya debidamente digitalizados y registrados en ese expediente electrónico normalizado (EDEN) que la administración no termina de activar completamente. UGT considera "lamentable" esta situación y que el colectivo de docentes tenga que registrar uno a uno todos los requisitos y méritos.