VALÈNCIA. El PSPV tiene un plan para acabar con el atasco en la concesión de licencias de obra de València, un problema en el que se haya inmerso el Ayuntamiento debido al repunte de la actividad inmobiliaria en la ciudad y a que el departamento de Licencias Urbanísticas y Obras de Edificación, como muchos otros, sufrió un severo recorte de personal durante la crisis. La propuesta de la Concejalía de Desarrollo Urbano que dirige Vicent Sarrià consiste en modificar la Ley de Urbanismo a través de una enmienda para permitir a los ayuntamientos que lo soliciten delegar en organismos externos la tramitación del grueso de la burocracia -un sistema similar al que está implantado en Madrid o Barcelona-.
"Se plantea la incorporación al proyecto de Ley de modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), de la posibilidad de que los ayuntamientos se acojan a un sistema de colaboración de entidades colaboradoras acreditadas", afirma el dirigente a Valencia Plaza, que explica que "la participación de entidades colaboradoras ya se encuentra regulada en otros ámbitos en la Comunidad Valenciana, como la tramitación de la licencia ambiental y de las autorizaciones en materia de espectáculos y establecimientos públicos".
Sarriá subraya que "esta es una fórmula de éxito en Ayuntamientos como el de Madrid o Barcelona". "Se ha optado por la misma al considerar que abre la posibilidad de colaboración a un número mayor de entidades que la fórmula de contrato de servicios", que era la contemplada inicialmente, según explica.
En concreto, la iniciativa permitiría que los denominados Organismos de Certificación Administrativa (OCAS) intermedien entre promotores y el Ayuntamiento para que los expedientes lleguen ya pulidos al consistorio, de modo que los funcionarios quedan liberados del engorro de los requerimientos de subsanación. "A veces hay que arreglar solo una cosa, pero hay casos de hasta 14 requerimientos por expediente, un cruce de papeles que retrasa mucho la concesión de las licencias y satura el personal del departamento", indican desde la concejalía.
El proyecto de Ley de modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) ya está redactado, de modo que la modificación que propones Vicent Sarriá deberá ser introducida a través de una enmienda en el trámite parlamentario. Será pues el Grupo Parlamentario Socialista el encargado de reunir los apoyos suficientes a la medida para sacarla adelante, si bien se trata de una cuestión que incluso los partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, han instado a resolver con urgencia en repetidas ocasiones en el Ayuntamiento de València.
Además, según Sarrià, se trata de una propuesta "consensuada con la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de Valencia", un colectivo, el de los promotores, desesperado por que la administración local solucione esta traba a su actividad.
La asociación ha criticado con dureza durante los últimos meses el atasco en la concesión de licencias en el que se hallaba inmersa la ciudad. "Hay un embudo y un funcionamiento perverso de la administración local, porque el retraso frena las inversiones y, en consecuencia, no se crea empleo, no se pagan impuestos, no se generan viviendas para la demanda existente, suben los precios…", denunciaba el pasado mes de enero el presidente de los promotores, Antonio Olmedo, que lamentaba además el escaso avance de la administración local en esta materia pese al relevo del jefe del Servicio de Licencias Urbanísticas y Obras de Edificación.
En los los años 90 existía en València un procedimiento similar. Se trataba del visado previo de garantías que otorgaba el Colegio de Arquitectos en función de un acuerdo con el Ayuntamiento, pero fueron las propias OCAS quienes lo denunciaron entonces ante Competencia, al haberse quedado fuera de la prestación de este servicio. Además este sistema de asistencia externa quedó entonces fuera de la LOTUP -motivo por el que ahora la ley ha de modificarse-.
Por otra parte, la Concejalía de Desarrollo Urbano está reforzando el personal del Servicio de Licencias Urbanísticas y Obras de Edificación. "Tras la incorporación de tres nuevos arquitectos la semana pasada, está prevista en próximas semanas la incorporación de dos arquitectos técnicos y un ingeniero técnico industrial", afirma Sarriá.
Además, también con el propósito de reducir la burocracia en el departamento, el concejal explica que "se está estudiando la posibilidad de limitar los supuestos sometidos a licencia siguiendo la línea iniciada por la Directiva Bolkestein y su transposición al Derecho español, instaurando el procedimiento de la declaración responsable o la comunicación previa con el fin de agilizar la realización de obras de menor entidad -todo sin perjuicio de que se produzca una labor de inspección y control por parte del Ayuntamiento-".