VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València compensará a la empresa concesionaria que gestiona el Bioparc por las pérdidas derivadas del parón de actividad por la covid, aprobado durante la primavera de 2020. Un desagravio que la empresa había solicitado por haberse visto obligada al cierre temporal de la actividad durante el confinamiento y que, a la postre, ascenderá a 3,3 millones de euros procedentes de las arcas municipales.
Las empresas que gestionan concesiones públicas tienen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico de su contrato por el cierre sobrevenido del año pasado. Así, las instituciones, y en concreto el Ayuntamiento de València, deben hacer frente a estas compensaciones, reguladas en el Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas urgentes, según el cual las operadoras podrán recibir esta indemnización de dos formas: o bien con la ampliación de la concesión hasta un 15% de la duración inicialmente prevista, o bien percibiendo una indemnización económica.
Así pues, la empresa que administra el Bioparc, Rain Forest Valencia, presentó la reclamación administrativa el pasado 20 de abril de 2020 en virtud del mencionado decreto. Desde entonces, y como en el resto de solicitudes similares por parte de otras concesionarias, el consistorio ha estado estudiando cuál de las dos vías era la mejor para resarcir a la mercantil. Finalmente, según ha podido saber este diario, será la indemnización económica la elegida y ascenderá en total a 3,3 millones de euros.
Sin embargo, eso sí, el desagravio se ejecutará de distinta manera: una parte se le pagará en dinero y la otra, mediante la minoración del canon total que ha de abonar la firma en base al contrato inicial con el Ayuntamiento. Los servicios municipales argumentan la necesidad de hacer una inyección económica en cash debido a "la singularidad de la concesión, con posibles costes fijos superiores a los habituales en otras concesiones municipales, ocasionados por el mantenimiento de los animales, cuidados veterinarios, higiene, etc.., así como, de las instalaciones donde residen y coste del personal encargado de dichas tareas".
Esa parte ascenderá a 895.000 euros de transferencia directa y "como anticipo del abono de la compensación económica" para atender el déficit de tesorería de la concesionaria y garantizar su viabilidad en el corto plazo y "velar por el mantenimiento de la prestación". La concejalía de Hacienda, que dirige Borja Sanjuán, llevará a la próxima comisión de Hacienda una modificación del presupuesto municipal para asegurar la disponibilidad de crédito. El resto de la compensación se hará realidad perdonando cuotas a la mercantil o reduciendo sus cuantías, según han explicado a este diario fuentes gubernamentales.
Otra de las partidas que se modificará tiene por objeto la compensación en los términos similares de concesionarias de distintos servicios deportivos de la ciudad, por un valor total de 1,9 millones de euros. Se trata de un total de diez empresas que gestionan las concesiones de servicios deportivos en polideportivos, complejos deportivos y piscinas de la ciudad.
Así pues, la firma Aquaval, que se encarga de los contratos de las piscinas de Benicalap, Castellar-Oliveral y del Parque del Oeste, percibirá más de 385.000 euros en concepto de esta compensación. La gestora del polideportivo de Juan Antonio Samaranch, Enjoy Wellnes Valencia, recibirá 326.000 euros aproximadamente. A ellas le siguen otras como Fila Cero Producciones, que gestiona el polideportivo La Hípica (180.000 euros), la UTE Gestión Abastos, encargada del complejo deportivo cultural de ese barrio (178.000 euros), o Trecet 10, que administra el polideportivo de Malilla y el complejo deportivo de Torrefiel (162.000 euros), y otras.
"Vamos a ayudar a estas empresas que gestionan servicios municipales que se han visto afectadas por la crisis de la covid-19 para que puedan seguir prestando el servicio a la ciudadanía y garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo", explicó Sanjuán sobre esta inyección de dinero, para acabar señalando que el ejecutivo local está "cumpliendo la palabra que dimos de utilizar" los ahorros municipales "para ponerlos a disposición de la ciudadanía para trabajar por la recupeación social y económica de nuestra ciudad".
La modificación de crédito para el pago de estas compensaciones establece que se habilitará crédito proveniente de los ahorros del Ayuntamiento del año pasado. Sin embargo, el interventor consistorial ha puesto reparos a este modo de proceder, como ya hiciera en su momento cuando se utilizaron los remanentes -los ahorros consistoriales- para pagar ayudas a empresas por el impacto de la crisis de la covid. A juicio del interventor, como publicó Valencia Plaza, no hay ninguna norma específica que permita pagar transferencias corrientes con los ahorros.
La llamada Ley Montoro sólo permite gastar los ahorros de años anteriores en pagar la deuda con los bancos, con los proveedores y las inversiones financieramente sostenibles. Pero con motivo de la pandemia, el Gobierno central suspendió las reglas fiscales y, con ello, desbloqueó el uso de este dinero, ampliando presuntamente el abanico de destino de este dinero, que tras pasar 2020, en València asciende a 57 millones de euros. Pero la Intervención cuestiona el criterio del Ministerio de Hacienda según el cual la propia suspensión de las reglas fiscales sirve para desbloquear los ahorros municipales.
En este sentido, la Intervención es contundente al señalar que no se ha aprobado ninguna norma legal que deje en suspenso el articulado de la Ley Montoro y, por ende, que habilite expresamente a las entidades locales para gastar los ahorros en lo que deseen. Dicho de otro modo: las leyes de estabilidad presupuestaria siguen plenamente vigentes y los ahorros, por tanto, sólo pueden destinarse a liquidar deuda y a inversiones financieramente sostenibles. El gobierno municipal, sin embargo, dio luz verde a las ayudas directas y ahora lo hará con la compensación a concesionarias a partir de los ahorros.