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València se opone a la instauración de peajes generalizados en las carreteras valencianas

Foto: EVA MÁÑEZ
27/05/2021 - 

VALÈNCIA (EFE). El pleno del Ayuntamiento de València, con los votos a favor de todos los grupos y la abstención de Vox, ha mostrado su oposición a la instauración de peajes generalizados que afecten a las carreteras valencianas y ha reclamado que se consolide la gratuidad de la autopista AP-7.

La votación se ha producido a raíz de una propuesta inicial de Compromís, consensuada en el equipo de gobierno municipal, en la que también se insta al Gobierno a "agilizar las inversiones necesarias para la mejora de la red de cercanía de la ciudad de València y acelerar el corredor mediterráneo, así como garantizar una financiación no discriminatoria del transporte público".

El plenario ha decidido "instar al gobierno del Estado a consensuar con las comunidades autónomas, y en concreto con la valenciana, las políticas de movilidad", ha informado el Consistorio.

"El consistorio considera que el pueblo valenciano ya ha soportado décadas de pago de peajes así como la necesidad de garantizar la equidad y la justicia social de los sectores más vulnerables", han proseguido.

Carlos Galiana, concejal que ha presentado la propuesta, ha apunado que "cada año de peaje en la autopista A-7 nos ha costado a los valencianos 300 millones de euros" y ha pedido inversiones públicas "en el transporte metropolitano, en la red ferroviaria de cercanías de València o en la conexión entre Gandia y Dénia".

El pleno también ha aprobado, con los votos a favor del equipo de Gobierno y en contra de la oposición, desarrollar un Plan municipal de empleo juvenil, dirigido a un centenar de jóvenes, y trabajar en la preparación de un nuevo programa de formación en tecnologías certificadas.

"Todo ello sumado a los programas de formación existentes que se seguirán desarrollando, ofreciendo así adaptación y mejora formativa para aumentar la capacitación y empleabilidad", como se especifica en la moción aprobada presentada por la concejala de Juventud, Maite Ibáñez, como alternativa a la moción inicial de la edil de Ciudadanos Rocío Gil.

Ibáñez ha destacado el Plan Juventud València 2019-2023, concebido "como una planificación dinámica y, como tal, sometido a las evaluaciones anuales que se realizan sobre su implementación".

"Por lo tanto, se impulsarán medidas de adaptación y actualización, tanto desde la supervisión técnica como desde la revisión de la planificación estratégica, ante la aparición de nuevos escenarios, tal y como se está realizando actualmente", ha añadido.

Ha recordado que han triplicado el presupuesto en empleo y que los menores de 35 años son un colectivo "prioritario" a la hora del alquiler y acceso a la vivienda asequible.

Rocío Gil ha destacado los "graves efectos" de la crisis en la juventud valenciana que "necesita que las políticas de juventud estén en el centro de la gestión”.

Asimismo, el pleno ha aprobado, con el respaldo de todos los grupos salvo la abstención de Vox dar un impulso a medidas para el acceso universal a la vivienda, a raíz de una moción del concejal de Cs Javier Copoví que ha sido modificada y complementada por el equipo de Gobierno.

En la moción finalmente aprobada se recoge el compromiso para solicitar "la accesibilidad universal a la vivienda de las personas con discapacidad".

También se acuerda instar a la Generalitat a "promover soluciones, medidas de acción positiva y se habiliten fondos económicos suficientes destinados a sufragar programas de ayudas y subvenciones públicas para la reforma, rehabilitación y acondicionamiento de edificios de viviendas en materia de accesibilidad universal sometidos a la Ley de la Propiedad Horizontal".

Igualmente, se ha acordado instar al Gobierno a modificar la ley de la Propiedad Horizontal y el Real Decreto de Ley del Suelo y Rehabilitación urbana para "garantizar plenamente el acceso en condiciones de dignidad y adecuación a las personas con discapacidad y personas mayores a una vivienda, con la total asunción de costes de accesibilidad por parte de la comunidad como sucede con otras obligaciones como las derivadas de las condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad y seguridad".

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