El exjefe jurídico de Divalterra José Luis Vera. Foto: DIVALVALÈNCIA. José Luis Vera ha demandado a la empresa liquidadora de Divalterra por su despido el pasado mayo en mitad del proceso de traspaso de trabajadores a la Diputación de Valencia. El que fuera director de los servicios jurídicos, de prevención de riesgos penales y de transparencia de la empresa pública considera que esta decisión no se encuentra justificada y critica a los responsables.
El abogado, vinculado históricamente al PSPV, es uno de los principales investigados del conocido como caso Azud. Fue despedido tras el levantamiento parcial del sumario, que le señalaba como conseguidor de alcaldes para que la supuesta trama pudiera beneficiarse de comisiones en operaciones, especialmente urbanísticas, en varios municipios. Igualmente, apuntaba a que podría haber cobrado entre los años 2007 y 2012 más de 1,3 millones de euros bajo supuestas relaciones comerciales, contratos y facturaciones ficticias.
Vera había permanecido como responsable jurídico de Divalterra desde 2015, cuando fue nombrado a propuesta del exnúmero tres del PSPV José Manuel Orengo. En ese momento, este último –muy cercano a Ximo Puig– era vicesecretario de Relaciones Institucionales de los socialistas valencianos y jefe de Gabinete del entonces presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez.
Ya en diciembre de 2020 asumió la dirección de prevención de riesgos penales, una responsabilidad equivalente a la de compliance o vigilante del cumplimiento normativo de la empresa pública. Las nuevas atribuciones fueron posibles mediante la novación del contrato de alta dirección que mantenía. En 2021, sus retribuciones fueron de 68.298 euros, según consta en el portal de Transparencia.
Tras su imputación en Azud el año pasado, Vera siguió en su puesto. Para entonces, el actual presidente de la Diputación, Toni Gaspar, ya había anunciado la disolución de Divalterra. Un proceso del que se ha encargado una empresa liquidadora de Madrid y que ya ha finalizado. Al margen del traspaso de los brigadistas al Consorcio Provincial de Bomberos, el personal de administración y altos cargos de la empresa pública tenían que pasar a incorporarse a la corporación provincial.
Pero Vera, finalmente, fue despedido por parte de la liquidadora. Fuentes de la Diputación explicaron a que al ostentar un puesto de alta dirección no tenía encaje en ella. La indemnización ha sido de 10.615 euros. Ahora, el exalto cargo ha recurrido a la vía judicial, que tendrá que resolver sobre el asunto.
