VALÈNCIA (EFE). La caída de las exportaciones y el consumo de vino ha provocado una acumulación de existencias en algunas zonas de España, que solicitan una destilación de crisis para equilibrar el mercado, una medida extraordinaria que encuentra su antecedente hace apenas tres años, debido entonces a la pandemia.
En aquella ocasión, el Gobierno aprobó una destilación de crisis para sacar del mercado 2 millones de hectolitros de vino y transformarlo en alcohol etílico para fines industriales, y aportó 65,5 millones de euros, con importes de 40 euros por hectolitro para las denominación de origen y de 30 euros para el resto.
Tres años después, y tras un 2022 en el que las ventas de vino al extranjero disminuyeron un 9,2 %, hasta los 2.089,5 millones de litros, y el consumo internó cayó un 8,9 % en el interanual al pasado enero, quedando en 9,57 millones de hectolitros, las organizaciones agrarias y algunas comunidades autónomas han solicitado al Gobierno que se implemente de nuevo esta medida.
Argumentan que antes de la nueva vendimia es necesario dar salida a la acumulación de 'stocks' que se ha producido en bodegas y cooperativas por la detracción de la demanda, para evitar el hundimiento de los precios del vino, que acusan sobre todo los tintos, y volver a balancear el mercado.
De momento, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha indicado que si la Comisión Europea (CE) está abierta a aprobar una destilación en crisis, algo que ya le ha solicitado Francia, España, apoyará la medida.
La Federación Española del Vino (FEV), que agrupa a todos los bodegueros del país, no se opone a que se lleve a cabo una nueva destilación de crisis, pero defiende que se realice sólo en aquellas zonas en las que sea necesario y no de manera generalizada en todo el país.
"Una destilación de crisis general como la que se hizo por la pandemia no creemos que sea necesaria ni oportuna, ha declarado a EFE el director general de la FEV, José Luis Benítez.
El representante de los bodegueros ha abundado que la FEV, "en general", es contraria a la destilación de crisis y que en 2020 "tampoco sirvió" porque es una medida "muy cara" y se necesita "pagarlo mucho para que sea atractivo".
Además, Benítez ha instado a que, en el caso de que se apruebe una destilación de crisis, esta no se haga con fondos adjudicados al sector para su promoción y crecimiento en valor.
Las organizaciones agrarias también introducen algunos matices y, por ejemplo, fuentes de Asaja han indicado a EFE que, si bien apoyan la medida, hay que tener la vista puesta en la próxima vendimia, ya que debido a la sequía puede que en muchas regiones la producción sea corta y sea necesario tener existencias.
En un sentido similar se han manifestado fuentes de UPA, que de momento no ha hecho una petición a escala nacional de la destilación de crisis, sino sólo para las regiones más afectadas.
La Rioja y Extremadura son las dos comunidades autónomas que más han alzado la voz para reclamar la destilación de crisis y sus gobiernos han hecho una solicitud formal al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para poder activar la medida con financiación de fondos propios y comunitarios.
La consejera de Agricultura riojana, Eva Hita, tras los reclamos del sector, ha adelantado que el Gobierno autonómico va a otorgar las ayudas "que hagan falta" y ha habilitado un procedimiento urgente para que los productores vitícolas de la región comuniquen los excedentes de vino que necesitan eliminar.
Según Hita, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja ha determinado que el volumen que es necesario destilar para reducir las existencias en las bodegas es de 30 millones de litros este año y otros 30 el próximo.
La Junta de Extremadura también ha escuchado a sus agricultores y productores, que incluso se manifestaron en las calles, y ha detallado en su petición al MAPA que en el caso de que Bruselas apruebe la medida, la Administración regional destinará 1,3 millones de euros para destilar 4,3 millones de litros de las bodegas.
En esta región se calcula que hay un 22 % de excedentes en vino tinto sobre la media de las cinco últimas campañas y la destilación de crisis se abriría para los tintos sin denominación de origen ni indicación geográfica protegida.
Hasta la fecha, la vendimia en verde es la única medida autorizada por el MAPA para aliviar la tensión producida en algunas regiones por un nivel de existencias de vino elevado, en el marco del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola de España (Pasve) y con una dotación presupuestaria inicial de 15 millones de euros para 2023.
La FEV considera que esta es una "muy buena medida" porque ataja el problema en su origen al reducir la producción de uva para la siguiente campaña allí donde aún hay un elevado nivel de existencias de la temporada anterior.