Foto: GVA/ARCHIVOVALÈNCIA (EFE). La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, a través de l´Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha), ha aplazado en el último año el pago de la deuda del alquiler a 801 familias residentes en viviendas públicas de la Generalitat.
El aplazamiento se ha llevado a cabo través de la firma de actas de reconocimiento, una medida cuyo objetivo es facilitar el pago del arrendamiento de la vivienda de las familias en riesgo de exclusión social, según ha informado en un comunicado la Generalitat.
El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, ha explicado que las actas de reconocimiento son "un recurso muy importante para garantizar el derecho a la vivienda a quienes se encuentren en situaciones de vulnerabilidad".
Con este método de prórroga de pago, el inquilino firma un documento mediante el cual reconoce voluntaria y expresamente adeudar a la Conselleria una determinada cantidad de dinero. En este documento se acuerda entre las partes el establecimiento de un pago aplazado de la deuda contraída y determina la forma y tiempos de abono.
Previamente a la firma de estas actas, el personal técnico de la EVha estudia la situación concreta de la unidad de convivencia, junto a los servicios sociales municipales, que verifican la situación de vulnerabilidad, para determinar las cantidades y plazos a devolver. Todo ello para que puedan abonar una cantidad que sea asumible a sus ingresos familiares, sin tener que renunciar a sus necesidades básicas vitales.
Las actas de reconocimiento de deuda permiten aplazar en cinco años el pago de las cuotas pendientes a razón de un mínimo 30 euros al mes, más la mensualidad de la renta correspondiente, y en casos excepcionales, en los que no puedan asumir tal cantidad, la Conselleria ajusta el pago para adecuarlo a sus condiciones económicas.
Del total de familias que se han acogido al reconocimiento de deuda, 402 pertenecen a la provincia de Valencia, 360 a la de Alicante y 39 a la de Castellón.
Asimismo, la firma de estas actas ha supuesto un aplazamiento de cerca de 2.544.505 euros; de ellos, 1.370.431 euros corresponden a la provincia de Alicante, 1.055.120 a la de Valencia y 118.953 a la de Castellón.
Además, la Generalitat invertirá este año 4,8 millones de euros para la financiación de la Red Pública de Emancipación de jóvenes tuteladas o extuteladas por la Administración autonómica.
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, ha señalado este lunes que las oficinas Mentora han realizado en el primer semestre de este año un total de 519 atenciones a la emancipación y autonomía personal de personas jóvenes que han sido o todavía son tuteladas por la Generalitat, pero que ya se encuentran cercanas a la mayoría de edad.
Las personas destinatarias de las oficinas Mentora son personas jóvenes extuteladas por la Generalitat de entre 18 y 25 años, o bien de 16 a 18 y todavía tuteladas por la Administración autonómica o que han finalizado una medida judicial.
El objetivo de este servicio "es coordinar e impulsar el proceso de apoyo y orientación en el periodo de transición a la vida independiente y autónoma de la población joven que, debido a su situación de vulnerabilidad y dependencia, requiere de una atención especializada de acompañamiento y seguimiento", ha matizado Mas.
Al programa pueden acceder chicos y chicas que residan en Hogares de Emancipación como aquellos que estén fuera de esta red, e incluye en todos los casos un proceso de atención individualizada y adaptada a las características personales de cada persona.
Además, aquellos jóvenes que residen en la red de Hogares de Emancipación han recibido además alojamiento y desarrollo personal, y se les ha garantizado una adecuada prestación de los servicios de manutención, vestuario, higiene y seguimiento sanitario.
Mas ha recalcado que el objetivo del proyecto de emancipación es "apoyar su proceso de transición a la vida adulta hasta como máximo los 25 años, y siempre que exista un compromiso y actitud de esfuerzo para su plena inserción social y laboral y autonomía personal".
Estas oficinas integran, junto con los hogares de emancipación, la Red Pública de Emancipación puesta en marcha por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en cumplimiento de la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia
