Foto: ANTONIO PRADASCASTELLÓ. Vox Castelló ha anunciado la interposición de una querella contra la concejala de Memoria Democrática del Ayuntamiento de la capital de la Plana, Verònica Ruiz (Compromís), por presunta prevaricación con la cruz de Ribalta. La formación asegura que "no se ha seguido el procedimiento ordinario adecuado" durante la licitación para proceder a la retirada del monumento.
En un comunicado, el partido que lidera Luciano Ferrer en Castelló señala que el lábaro, "una vez despojado de su simbología originaria, ha quedado como un monumento religioso que no contraviene las disposiciones legales sobre memoria histórica". En consecuencia, Vox considera que "es compatible con la legislación sobre memoria histórica de las originarias cruces de los caídos posteriormente resignificadas, según reiterada jurisprudencia".
Para la formación, la retirada de la cruz por parte del Acord de Fadrell obedece exclusivamente "a motivos ideológicos obviando su resignificación de 1979". En este sentido, Vox considera que el gobierno municipal "miente al afirmar, sin prueba alguna, que la cruz sigue siendo en la actualidad un signo de exaltación de la Guerra Civil y de la dictadura por ser punto de concentración para la exaltación del franquismo en fechas concretas". De hecho, recuerda que el informe jurídico del secretario general de la administración municipal no se puede concluir que el monumento sea un vestigio franquista.
En la misma línea, Vox explica en su comunicado que "uno de los elementos esenciales del delito de prevaricación administrativa es que la resolución sea arbitraria y dictada a sabiendas de su injusticia. En definitiva, "por su evidente falta de objetividad, dicha actuación administrativa no se encuentra en sintonía con los principios básicos que rigen toda actuación de la Administración, tal y como se postula en el artículo 103.1 de la CE y, más en concreto, en el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público".
Por último, la formación solicita que se suspenda, de forma cautelar, el decreto del 26 de julio de 2021, por el que se acuerda la supresión de la cruz del parque Ribalta. Advierte, además, que "la mera retirada causará un irreparable perjuicio de índole moral a los miles de ciudadanos que profesan la religión cristiana", concluye el escrito.
