Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. PP y Vox no hablan el mismo idioma. Al menos, así lo escenificaron este martes después del minuto de silencio que guardaron los concejales de València a las puertas del Ayuntamiento de la ciudad para condenar la violencia de género, donde dos concejales de ambos partidos mantuvieron una pequeña discusión que pudo observar todo aquel que estaba presente y que acabó con el líder de Vox rompiendo en pedazos un papel que un concejal del PP le había tendido minutos antes.
En concreto, se trata del concejal de Cultura del PP, José Luis Moreno, y el portavoz de Vox en el consistorio, Juanma Badenas. El primero se acercó al segundo tras finalizar el minuto de silencio para tratar de llegar a un acuerdo sobre una iniciativa que había presentado el partido de Santiago Abascal a la comisión de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes que iba a tener lugar minutos después. Moreno, conviene apuntar, es quien preside la citada comisión.
La iniciativa de Vox pedía exactamente "iniciar el procedimiento de conformidad con el decreto 69/2017 para el cambio de denominación de la ciudad de Valencia en español y valenciano de acuerdo con la normas de El Puig avaladas por la RACV, Lo Rat Penat y otras entidades representativas de la auténtica cultura valenciana". Un texto que no agradaba en absoluto al PP.
Si bien es cierto que al principio del mandato, tras las elecciones del 28 de mayo, los populares se habían comprometido a cambiar la denominación de València para que esta pudiera utilizarse en valenciano y castellano, también lo es que la idea del Partido Popular era que el nombre bilingüe que se recogiera en la propuesta fuera el admitido por la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) y reconocido en el Estatut d'Autonomía. Es decir: València. Pero también su denominación en castellano, Valencia.
Sin embargo, la iniciativa de Vox suponía cambiar el topónimo de la ciudad reconocido a Valéncia. Unas normas que los populares no querían aceptar, más aún después de la reunión que mantuvo el día de antes el president de la Generalitat, Carlos Mazón, con la presidenta de la AVL, Verónica Cantó, para tender puentes entre Generalitat y este órgano estatutario. Por ello, Moreno se acercó a Badenas para intentar que modificara la iniciativa antes de la comisión. La petición, sin embargo, no fue aceptada y tras una discusión a las puertas del consistorio, la iniciativa llegó a la citada herramienta municipal.
Con este telón de fondo, y en una estrategia que los grupos de la oposición entienden como un gesto para tratar de sumar a Vox a sus pretensiones o hacerles cambiar de opinión, el PP arrancó la comisión asumiendo las presidencias de todas las comisiones y ofreciéndole a Vox, su "socio preferente" -tal y como le bautizó la alcaldesa María José Catalá-, las vicepresidencias primeras de ellas.
El ofrecimiento, en esta ocasión, también fue rechazado. En Vox tampoco querían que pudiera entenderse que aceptar este rol en las comisiones fuera moneda de cambio para modificar su propuesta, pues el contenido para los ediles de Vox era inamovible. De manera que el PP acabó asumiendo las presidencias, más estos cuatro puestos: la vicepresidencia primera de las comisiones de Patrimonio, Recursos Humanos y Técnicos y Seguridad Ciudadana; de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes; de Hacienda y Participación, Economía, Innovación y Grandes Proyectos; y de Urbanismo, Parques y Jardines, Espacios Naturales y Mejora Climática.
Llegado el momento del debate de la iniciativa en cuestión, esta acabó saliendo adelante por el apoyo del PP. No hacerlo podría haber hecho peligrar otra propuesta que era especialmente importante para los populares: declarar alcaldesa honoraria a Rita Barberá a título póstumo, pues sin el apoyo de Vox no se hubiera podido aprobar, así como rebautizar al Puente de las Flores para que lleve el nombre de la exalcaldesa.
Con todo, el PP terminó cediendo a regañadientes sus votos a Vox para que la denominación de Valencia en valenciano sea con acento cerrado: Valéncia. Una medida que más allá de suponer el primer escollo entre dos fuerzas que están obligadas a entenderse a lo largo de cuatro años por la minoría en la que se encuentra Catalá en el Ayuntamiento de la ciudad, también ha hecho estallar a la oposición, que advierte de su "ilegalidad" y acusa a la alcaldesa de incurrir en una posible "prevaricación".
La medida, ahora, tendrá que pasar por el pleno municipal y posteriormente ser aprobada por el pleno del Consell. Ahora bien, antes de que eso ocurra, la AVL deberá emitir un informe favorable al respecto para que el Gobierno autonómico lo pueda validar. Un trámite que, con toda probabilidad, no llegará a producirse puesto que la denominación "Valéncia" no conjuga con sus normas. Por lo que el trámite podría encallarse una vez llegue al plano autonómico.
De hecho, en este sentido se pronunció el concejal de Compromís Pere Fuset, quien advirtió que este cambio "va en contra del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y de la Ley de creación de la AVL" al mismo tiempo que acusó a Catalá "de estar atada de pies y manos" por su socio "prioritario". Asimismo, el grupo pedirá un informe a la asesoría jurídica municipal "ante las serias dudas" que le generan a la coalición "la legalidad del cambio", por el que entienden que la alcaldesa "podría estar prevaricando".
Fuset desveló, acto seguido, que un informe del Gabinete de Normalización Lingüística elaborado por el propio Ayuntamiento de València señala que en el Decreto que regula los criterios y el procedimiento para el cambio de denominación de los municipios de la Comunitat Valenciana, en su preámbulo, indica que debe procurarse evitar la forma bilingüe, porque esta no corresponde a la tradición histórica ni lingüística de los pueblos, y debe priorizarse la forma endónima del topónimo; es decir, la denominación valenciana para los municipios de la zona valenciano hablantes y la denominación castellana para los municipios castellano hablantes.
El concejal de Compromís también recordó que el TSJ avaló en su día la denominación oficial en valenciano de València, y que antes del cambio definitivo, el Consell está obligado a pedir un informe a la AVL, quien a su juicio no será partidaria del cambio. Tras pedir retirar el punto del orden del día y quedar rechazada esta propuesta, los valencianistas pidieron un informe de legalidad que deberá estar listo antes del pleno de la próxima semana.
Por su parte, el PSPV advirtió también de la ilegalidad y se sumó a las críticas de la coalición. La portavoz de los socialistas, Sandra Gómez, además, aseguró que a Catalá se le había atragantado las primera comisiones municipales, donde ha tenido que ceder a peticiones de Vox como la de la denominación de la ciudad con las normas de El Puig.
Cinco razones por las que la estrategia de Mazón con el valenciano es arriesgada
