Un 41,3 % de las personas elegibles del IMV no solicita la ayuda por "desconocimiento"

VALÈNCIA. Un 41,3 % de las personas elegibles del Ingreso Mínimo Vital (IMV) no solicita la ayuda por "desconocimiento" de la misma, porque no le llega la información, o porque esta "no es percibida como importante, según ha señalado la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) este viernes en el Seminario Final del proyecto Acceso Vital.

También ha añadido que, según los resultados del estudio, aumentan las posibilidades de no solicitar el IMV en un 24,4% cuando se tiene un conocimiento "superficial" y en un 37,8% cuando "solo se ha oído hablar de él".

Además, ha agregado que más de un tercio de las personas que podrían acceder a la prestación (33,6%) no cree cumplir los requisitos y un 41,5% cree que no les corresponde.

La investigación de EAPN-España sobre la brecha de acceso al Ingreso Mínimo Vital también revela que existen características sociodemográficas asociadas a la no solicitud del IMV, como el género, la ubicación geográfica, la presencia de menores a cargo y la edad avanzada. Así, los hombres presentan un 4,3% más de probabilidades de no solicitar el IMV con respecto a las mujeres, mientras que no tener menores a cargo implica un 7% más de probabilidades de no haber solicitado.

Respecto a la edad, las personas con 65 años o más tienen un 16,9% más de probabilidades de no haber pedido el IMV frente al resto de los grupos de edad. En el caso de la distribución geográfica, habitar en centros urbanos favorece la solicitud de la prestación, un 5,9% más de probabilidades frente a las zonas rurales.

Asimismo, la Red ha realizado una serie de recomendaciones con el obejtivo de que mejoren el diseño y el acceso al IMV. Entre ellas, se encuentra adecuar de forma efectiva la prestación con las rentas autonómicas, implementar medidas que promuevan un mayor conocimiento mediante campañas de información del IMV con enfoque social y local, así como simplificar los trámites y los plazos de resolución, para ajustarlos a las necesidades de la población vulnerable.

Saiz considera "fundamental" la evaluación de las políticas públicas

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que la evaluación de las políticas públicas es fundamental para poder hacer "buena política" y dar respuesta a los desafíos de la ciudadanía.

"La evaluación de las políticas públicas es fundamental para poder hacer buena política y dar respuesta a los desafíos de la ciudadanía", ha asegurado a los medios antes de participar en la clusura del Seminario Final del proyecto Acceso Vital.

Además, la ministra ha hecho alusión al teléfono 020 para resolver dudas sobre el IMV, sobre el que ha manifestado que "pronto" estará en funcionamiento. "El poner en común, el compartir este tipo de experiencias, estos proyectos que se evalúan y que desde la evidencia científica nos dan soluciones para ir mejorando nuestras políticas".

Por su parte, el presidente de EAPN-ES y EAPN Europa, Carlos Susías, ha señalado que "el IMV funciona, con deficiencias y problemas, pero funciona" y ha destacado que está cubriendo "a muchas más familias" que con los anteriores sistemas de rentas mínimas.

Igualmente, ha puesto en valor el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y ha preguntado qué pasaría si hace cuantro años no se hubiera puesto en marcha. En este sentido, ha destacado que esta medida está llegando a más de 500.000 familias y más de dos millones de perceptores en España.

El Proyecto Acceso Vital 'Detección y movilización de las personas elegibles para el ingreso mínimo vital en situación de non-take-up', desarrollado por EAPN-ES junto a sus redes autonómicas, se trata de una investigación piloto iniciada en 2022, con el objetivo de analizar las causas del denominado non-take-up (NTU) en el ingreso mínimo vital (IMV), es decir, la situación de aquellas personas que, teniendo derecho a recibir la prestación, no la han solicitado, y promover su movilización para que accedan a ella.

En la investigación se ha implicado a 146 entidades de la sociedad civil y 54 entidades públicas colaboradoras, 13.000 personas encuestadas, 2.023 atendidas y 1.204 solicitudes tramitadas.