Foto: VP.VALÈNCIA. El Gobierno valenciano del Botànic -pacto conformado por PSPV, Compromís y Unides Podem- sufrirá este viernes la primera baja. Se trata del director general de Economía, Miquel Lorente, cuyo cese se hará efectivo después de la reclamación realizada por la Oficina de Control de Conflicto de Intereses respecto a la incompatibilidad con su puesto de concejal en Xàtiva.
Una situación de la que ya informó Las Provincias pero que afectaría a otros cinco altos cargos que también compaginan su puesto en el Gobierno valenciano con un acta de regidor en algún ayuntamiento de la Comunitat.
Así, cuando un alto cargo accede al puesto tiene la obligación de remitir en el plazo de dos meses su declaración de bienes y actividades a la Conselleria de Transparencia. Pasado ese tiempo, la Oficina de Conflicto de Intereses tiene tres meses para dar luz verde a ese documento y subirlo a la web de Transparencia en GVA Oberta.
Según refleja la ley de Incompatibilidad y Conflicto de Intereses 8/2016 en su artículo 14.1, "mientras no haya resolución expresa, la persona nombrada para el cargo se encontrará en situación de compatibilidad hasta que no reciba notificación la Oficina de Control de Conflictos de Intereses". Es decir, que se puede ser concejal y director general al mismo tiempo hasta que no se reciba una notificación del citado ente que refleje lo contrario.
En este punto, dado que la legislación autonómica no es clara respecto a las compatibilidades para mantener dos cargos públicos -pues no cita casos concretos de forma expresa y, por tanto, da pie a interpretaciones dispares-, la Oficina se vio obligada a emitir de oficio un informe genérico en el que advertía que los altos cargos de la Generalitat debían tener una "dedicación exclusiva" a su cargo, por lo que se resolvió que Lorente debía abandonar el puesto o, en su defecto, presentar alegaciones dejando el acta de concejal.
Una situación que se repetiría con otros dirigentes. Es el caso de Daría Terrádez, directora general de Relaciones con la Unión Europea y el Estado (Presidencia) y concejal por Compromís en Bétera; Toni Such, director general de Administración Local (Presidencia) y concejal socialista de Alcàntera de Xúquer; Emili Obiol, director general de Puertos, Aeropuertos y Costas (Obras Públicas), y edil de Vila-real por PSPV; Xelo Angulo, directora general de Cooperación (Transparencia) y primera teniente de alcalde por el PSPV en Xàtiva y Maite Cháfer, directora general de Desarrollo Rural y Política Agraria Común (Agricultura) y alcaldesa de Carrícola por Compromís.
Unos altos cargos que, en todo caso, estarían en plazo para alegar, algo que al menos varios de ellos contactados por Valencia Plaza aseguran que harán y no con la intención de abandonar sus respectivas actas y para así permanecer dentro del Gobierno valenciano, sino para replicar la postura del citado organismo.
Conviene apuntar que mientras la Oficina de Conflicto de Intereses considera que los altos cargos -en concreto, los directores generales- deben tener dedicación exclusiva, varios ayuntamientos han fallado a favor de la compatibilidad de mantener el acta de edil. Es el caso, por ejemplo, de Obiol, quien a principio de la legislatura obtuvo un informe favorable del secretario del consistorio de su municipio en el que se especificaba que podía mantener su acta de concejal a pesar de ser director general de Puertos. Un caso similar al de Rebeca Torró en la pasada legislatura.
En este sentido, algunos de los afectados consultados por este diario subrayan que en su momento se pidió un informe jurídico en el área de Administración Local que establecía, como conclusión, que existiría una incompatibilidad retributiva si se cobraba de dos administraciones pero en ningún caso observarían una incompatibilidad en el ejercicio del cargo.
Sobre esto, desde el entorno de los posibles afectados recalcan que la Oficina de Intereses ha hecho una interpretación "restrictiva" de la ley "vulnerando derechos fundamentales", por lo que aseguran que la alegación, irá en la línea de "defender ese derecho ante la interpretación de la norma".
Así, uno de los pasos que algunos de los altos cargos cuestionados ya han planteado es el de, ante la existencia de informes "contradictorios", solicitar otro facultativo al Consell Jurídic Consultiu (CJC). En esta línea, recalcan además que varios de estos altos cargos ya se presentaron siendo directores generales en las elecciones municipales sin que, según la aplicación de la Loreg, incurrieran en ineligibilidad, lo que consideran otro argumento de peso contra la posición de la Oficina de Intereses.
Por otro lado, hay otros altos cargos que podrían no comerse los turrones por diferentes circunstancias. Una de ellas es la directora general de Emergencia Habitacional, Función Social de la Vivienda y Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana, Lorena Sanz; quien depende del vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, referente de Podemos en el Gobierno valenciano.
Así, según informaba Levante-EMV este lunes y así lo confirman fuentes del departamento, la relación entre el conseller y la directora general no están siendo fluida, por lo que fuentes de Vivienda admitían que podría acometerse un relevo en las próximas semanas debido a la falta de entendimiento entre ambos.
