Pleno del Ayuntamiento de València en la legislatura pasada. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Agencia Valenciana Antifraude ha dicho basta a las filtraciones y busca un mayor control y sigilo en las investigaciones que lleva a cabo. Lo ha demostrado personalmente el director del organismo de fiscalización, Joan Llinares, en una diligencia remitida al Ayuntamiento de València la pasada semana en la que insta a la corporación municipal a no desvelar las pesquisas en curso de la Agencia antes de que haya una resolución final.
La misiva tiene origen en que la Agencia ha detectado que "de manera reiterada se están publicando noticias en distintos medios de comunicación" -entre ellos, Valencia Plaza- "en las que se identifica documentación remitida desde la Agencia [...] a ese Ayuntamiento, referida a expedientes de análisis e investigación de denuncias cuando todavía se encuentran en tramitación, tanto en fase de análisis como de investigación".
La mayoría de casos se trata de informes de investigación provisionales en los que la Agencia ya hace unas primeras consideraciones sobre la cuestión investigada. Más tarde el consistorio puede presentar alegaciones y finalmente Antifraude emite un informe definitivo, que desde hace varios meses el organismo hace público en su página web. Por ello, insta ahora a la corporación municipal -no hace distinción entre oposición y gobierno- a esperar las resoluciones finales.
Se sustenta la Agencia en su propia ley de creación, que prevé "la reserva máxima para evitar perjuicios a la persona investigada" y pide garantizar "su confidencialidad, estando el personal de la Agencia sujeto al deber de secreto". Por ello, señala el organismo, la aparición en medios de difusión pública información remitida al Ayuntamiento de València supone el incumplimiento de la propia normativa y, además, "pone en grave riesgo las actuaciones de investigación en curso".
En este sentido, Llinares insiste en que las investigaciones que lleva a cabo la institución buscan averiguar los hechos o conductas "sobre los que existen indicios o elementos de juicio de posible fraude o corrupción". De esta manera, la publicación de investigaciones en curso provoca, subraya el director de la Agencia, "interferencias que perjudican el buen fin de la investigación, además de afectar a derechos fundamentales de las personas investigadas, como el de la defensa y la presunción de inocencia, o de los propios denunciantes".
Al hilo de ello, Llinares trae a colación la Ley valenciana de Transparencia en las que pone límites al derecho de acceso a la información, entre otros motivos, cuando este puede suponer un perjuicio para "la prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios" o para "las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control". En definitiva, que el acceso a información de investigaciones sin finalizar "debe ejercitarse siempre respetando la confidencialidad de la información [...] sin que pueda darse publicidad en función de un interés político en el sentido que sea".
Todo ello para finalizar el escrito instando al Ayuntamiento de València a que "extreme el deber de sigilo y confidencialidad respecto a toda información que se acceda correspondiente a los expedientes de análisis e investigación de denuncias de esta Agencia que se encuentren en trámite", en garantía del "buen fin de las investigaciones" y del "respeto a los derechos fundamentales". El organismo, además, se pone a disposición del Ayuntamiento para "coordinar mecanismos de comunicación específicos" para controlar la información remitida y los principios de reserva y confidencialidad.
