Antifraude ve injerencias de un asesor de Ribó en la licitación del proyecto de la Plaza de la Reina

VALÈNCIA. La Agencia Valenciana Antifraude lo investigaba, y emitió un juicio en 2019. El organismo de control que dirige Joan Llinares ha dictaminado que un asesor del alcalde de València, Joan Ribó, intervino sin justificación alguna en la redacción final de los pliegos de contratación para la licitación de la redacción del proyecto de la Plaza de la Reina. Una "injerencia en las funciones que corresponden al personal funcionario" del área de Contratación cuya encomienda a este asesor no queda acreditada, asegura el informe de Antifraude que emitió hace más de un año, en febrero de 2019, y al que ha tenido acceso este diario.

Las conclusiones del informe aseveran que el asesor en materia de Urbanismo del primer edil, Alejandro Pons, consiguió hacer que se retirase cierta documentación adjunta al pliego de prescripciones técnicas e introducir en los mencionados pliegos de licitación ciertas modificaciones en cuanto a los criterios de valoración de las ofertas sin que quedara "constancia en el expediente aportado" por la delegación de Contratación. Así, estos cambios se trasladaron "de manera verbal", según asegura el jefe del servicio de Movilidad Sostenible a tal efecto.

Así, la Agencia Valenciana Antifraude detecta que se produjo una suplantación en las funciones que corresponden a determinados funcionarios del Ayuntamiento sin que el órgano de contratación se las encomendase al mencionado asesor.

El informe es provisional y todavía requiere las alegaciones del consistorio. Deriva de una denuncia del PP de València, que aportó a la Agencia dos informes en los que se relataban cómo el Gabinete de Alcaldía, ostentada por Joan Ribó, algo irregular a juicio de los populares. En su momento, el edil de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, respondió al PP que el alcalde "era conocedor de esta situación y que las modificaciones introducidas [...] pretendían mejorar los criterios de valoración de las ofertas".

Con todo la postura del PP era que el asesor de Urbanismo de Alcaldía debe cumplir "funciones de confianza o asesoramiento especial" y no "las propias de personal funcionario de carrera o de los miembros de la corporación (concejales)". "Resulta incomprensible -prosiguía la denuncia- que el Gabinete de Alcaldía interfiera de esta forma en la tramitación de un expediente para la mejora de los pliegos del concurso [...]" y que la Jefa de Servicio refleje "que los cambios se producen a instancias del Gabinete de Alcaldía dejando claro que no es una colaboración como respondió Grezzi".

El gobierno insiste en que los técnicos dieron el visto bueno

El gobierno municipal se ha defendido de las acusaciones del PP al subrayar que el informe de Antifraude determina la "legalidad" del procedimiento. Ciertamente, el informe no hace referencia a si fue legal o no dicho procedimiento, si bien sí relata que los técnicos consistoriales dieron su visto bueno pese a la injerencia -constatada por la propia Agencia- del asesor del alcalde en funciones que no le correspondían.

Así, recordaron que el pliego de prescripciones técnicas estaba firmado por la jefa del servicio de movilidad sostenible y por el jefe de sección de proyectos. Y que los pliegos administrativos lo estaban por la jefatura del servicio de contratación y el secretario del área de contratación.