Los colegios de Trabajo Social piden que no se politice la atención a los menores

VALÈNCIA (EFE). Los colegios oficiales de Trabajo Social de Alicante, Castellón y Valencia se han unido para realizar un llamamiento conjunto contra la "politización" de la atención de los servicios sociales a los menores de edad.

Este comunicado surge tras las declaraciones del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, sobre unos casos de abusos a niñas tuteladas en Madrid, Baleares y Comunitat Valenciana, "haciendo una comparativa entre comunidades autónomas", señalan los colegios.

"Consideramos que estas palabras implican acusaciones generalizadas contra las personas cuidadoras de los centros de protección para personas menores de edad", lamentan, al tiempo que advierten de que estas manifestaciones "esparcen entre la sociedad una duda sobre la integridad, la dedicación y la vocación de todas las personas que nos ocupamos profesionalmente de la atención a la infancia y la adolescencia".

Señalan que las personas menores de edad que son usuarias de los centros de protección viven situaciones muy complejas en términos familiares, afectivos y económicos, y "necesitan un acompañamiento altamente comprometido y riguroso".

"Trabajadores y trabajadoras sociales, del mismo modo que compañeras y compañeros de otras profesiones -como educación social y psicología-, nos esforzamos mucho para así ofrecerlo con los recursos que tenemos a nuestro alcance", defienden.

Por ello, exigen "una acción de gobierno y una oposición política que esté a la altura de esta realidad social, que defienda las leyes de protección de niños, niñas y adolescentes, así como que respete a las personas profesionales implicadas en su correcta implementación".

"Todos trabajamos mucho de acuerdo con nuestro código ético y deontológico, de forma que el interés superior de las personas menores de edad está siempre por delante", aseveran.

Los colegios oficiales de la Comunitat condenan cualquier acto de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, al igual que la "instrumentalización injustificada".

"Nos gustaría una política centrada y unida en defensa de los derechos humanos, que tendría que estar por encima de cualquier otra cuestión", concluyen.