La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. Compromís ha dado un paso más en su toma de posición política clara frente a la Conselleria de Justicia que lidera Gabriela Bravo por el decreto de teletrabajo de los funcionarios. Los subsecretarios de los cuatro departamentos dirigidos por la coalición han remitido en bloque un documento a Justicia en el que piden que se frene el proyecto para revisarlo y reprochan que sus observaciones no hayan sido atendidas antes del varapalo de la Abogacía de la Generalitat.
La carta está firmada por el secretario autonómico de la Vicepresidencia, Iván Castañón; el subsecretario de Igualdad, Daniel Mestre; la subsecretaria de Educación, Eva Coscollà; el subsecretario de Economía, Natxo Costa; y el subsecretario de Agricultura, Alfons Puncel.
En ella, los cargos de Compromís recuerdan que ya transmitieron sus correcciones al decreto en el momento de presentación de alegaciones. Muchas de las cuales, recriminan a Justicia, "no se tuvieron en cuenta en el proceso de tramitación" pese a que, posteriormente, la Abogacía les dio "la razón". Este órgano concluyó en su informe que el decreto, que condiciona el acceso al teletrabajo a la aprobación de un plan de teletrabajo o a la existencia de un plan de formación, no puede imponer restricciones a esta modalidad al margen de las previstas por la ley.
Los cargos de Compromís exponen en una de sus alegaciones que la intervención de la dirección general de Función Pública ha de ser mínima a la hora de establecer qué puestos de trabajo de cada Conselleria son susceptibles de ser ejercidos mediante teletrabajo. Algo que corresponde, en su opinión, a los propios departamentos y su organización interna.
En otra de las observaciones indican que la mera clasificación retributiva y la forma de provisión de los puestos, sin atender sus características específicas y la efectividad de ejercer adecuadamente sus funciones en régimen no presencial, no es el criterio correcto a la hora de establecer las exclusiones de colectivos para acceder al teletrabajo.
Mantienen, igualmente, la petición de modificar la jornada laboral semanal en la cual se puede teletrabajar un máximo de cuatro días. Y piden revisar el proceso de aprobación de programas y el procedimiento de incorporación al programa.
La carta resulta significativa porque, además de tratarse de un evidente conflicto con Bravo, supone un posicionamiento político claro para los siguientes pasos del decreto. Éste tiene que ser evaluado ahora por el Consell Jurídic Consultiu, cuyo dictamen resultará de relevancia dado que en principio la Conselleria lo remitirá sin cambios pese a las consideraciones de la Abogacía.
Luego habrá de pasar por el pleno del Consell, con la celebración previa del llamado 'consellet' -reunión de secretarios y subsecretarios autonómicos de cada departamento todos los jueves-. Un filtro que no suelen superar los asuntos en los que no hay acuerdo entre los partidos que conforman el Gobierno. Y, a juzgar por actuaciones como la de la carta, el aviso de Compromís es que habrá conflicto en todos estos espacios para sacar adelante el decreto de teletrabajo si no se cambia.
