Corbín pagó 400.000 euros a Hacienda tras una denuncia anónima antes de ser detenido

VALÈNCIA. Las denuncias anónimas a la Agencia Tributaria han sido el principio de dos de las causas de corrupción más mediáticas de los últimos años relacionadas con el Ayuntamiento de València. Estas investigaciones son el caso Azud, que afecta al abogado José María Corbin, cuñado de Rita Barberá, y el caso Clepsidra, por el que el exvicealcalde de València Alfonso Grau fue condenado a cuatro años de prisión por cohecho y blanqueo de capitales.

En el caso de Corbin, según ha podido saber Valencia Plaza, la Agencia Tributaria recibió una denuncia anónima informando de un presunto fraude realizado por el cuñado de la exalcaldesa. Tras una inspección, José María Corbin llegó a un acuerdo con Hacienda consistente en el pago de un multa de 400.000 euros. No fue hasta que esa conformidad entre ambas partes estuvo abonada que la Agencia Tributaria (AEAT) judicializó el caso. La multa estaba relacionada con diversos ejercicios fiscales, pero todos ellos supuestamente incluidos en los años que investiga el juzgado que instruye el caso Azud, es decir a partir del año 2006.

El paralelismo con la causa de Alfonso Grau es evidente, pues el que fuera mano derecha de Barberá, también cayó a raíz de una denuncia presentada por una persona anónima en Hacienda. Tras una investigación de la AEAT se puso el caso en manos de la Justicia quien finalmente terminó condenando a Grau. De hecho, este 6 de febrero está señalada la deliberación y fallo sobre los recursos de casación presentados las defensas en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.

Los anónimos son un tema recurrente en los casos vinculados al consistorio valenciano, ya que en la pieza A del caso Taula, la del 'pitufeo', que mantiene a 50 personas imputadas por blanqueo de capitales, también hay un anónimo en el sumario. En ese caso se trata de una carta que llegó a la Fiscalía Anticorrupción en la que se explicaba la mecánica de blanqueo que presuntamente se estaba utilizando.

Lo llamativo de aquella misiva es que coincidía a la perfección con lo que decía la exconcejal María José Alcón, mujer de Alfonso Grau, en un pinchazo telefónico que tenían en su poder los investigadores, así como con las pruebas encontradas hasta aquel momento.

Operación Azud

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), la Fiscalía Anticorrupción, y el Juzgado de Instrucción Número 13 de València abrieron diferentes líneas de investigación en torno a las presuntas mordidas cobradas de diferentes contratistas del consistorio valenciano por José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, y un amigo de éste, el también letrado Diego Elum, dentro de la conocida como Operación Azud. Corbín estuvo cerca de un mes en prisión preventiva por estos hechos.

En la operación Azud, además de los contratos, la Guardia Civil también investiga diversas recalificaciones y reclasificaciones de terrenos de las que Corbín habría cobrado en 'especie'. Fuentes cercanas a la investigación explicaron que varios contratistas le habrían pagado, por un lado, con pisos, y por otro, con la venta de inmuebles muy por debajo de su valor real.

El dinero total que el cuñado de Rita Barberá habría obtenido con este 'negocio' paralelo habría superado los 4 millones de euros. José María Corbin, supuestamente acumuló ese dinero a base de mordidas de contratistas del Ayuntamiento de València al menos desde el año 2006, es decir, los últimos tres mandatos de Barberá al frente del Consistorio.

Para conseguir sus fines, las mismas fuentes dijeron que habría utilizado el hecho de ser el "cuñadísimo", así como la influencia de su mujer, Asunción Barberá, hermana de la alcaldesa y su jefa de gabinete, como tarjeta de entrada en el consistorio.

No es la primera vez que el nombre de Corbin rozaba, y muy de cerca, un caso de corrupción. En el caso Taula, donde ejerce de abogado de la principal imputada por la pieza del 'pitufeo', la exsecretaria del grupo municipal popular Mari Carmen García-Fuster, una de las testigos explicó que Corbin cobraba 3.000 euros al mes por asesorar a Laterne, la supuesta empresa pantalla de la financiación irregular del PP de Barberá.