VALÈNCIA. No fue sencillo alcanzar el Acuerdo del Rialto para reeditar el gobierno de izquierdas en formato de coalición en el Ayuntamiento de València. Sobre la campana -la madrugada previa a la jornada límite-, Compromís y PSPV cerraron un acuerdo el pasado mes de julio tras semanas de agrios y sonoros desencuentros que cesaron durante el período vacacional. No obstante, otoño ha reavivado no sólo aquellas tensiones meramente estratégicas y partidistas, sino también los choques ideológicos que existieron el pasado mandato y que ahora, en un ambiente de excepcional crispación a nivel municipal, han acabado soterrados en un rifirrafe marcado por la triquiñuela, la pulla, y la falta de diálogo.
A nadie se le escapa que la coalición valencianista y los socialistas guardan diferencias notables en materia de infraestructuras y urbanismo. Ahí están, sin ir más lejos, los debates sobre sostenibilidad en el centro comercial de Intu en Paterna o en la ampliación de la carretera V-21. Diferencias ideológicas esenciales que son, para los diferentes líderes, tan difíciles de rehuir como interesantes por remarcar. Tanto es así que la forma de visiblizar estas disensiones sobre la ampliación del Puerto de València fue este viernes de las menos veladas posibles.
"No son deseables estas situaciones, pero cuando dos grupos de gobierno no tienen una posición idéntica en un tema, tenemos que ser honestos con la ciudadanía", subrayó el vicealcalde por parte de Compromís, Sergi Campillo. El Puerto había solicitado al Ayuntamiento que, en el período de alegaciones al proyecto de ampliación, elaborara un informe el servicio de Planeamiento, si bien el alcalde Joan Ribó pidió que emitieran sus consideraciones también otros servicios -Movilidad, Playas o Emergencia Climática, por ejemplo-.
Así, Alcaldía elevó tales informes a la Junta de Gobierno Local antes de remitirlos a la Autoridad Portuaria. Ahora bien, no se limitó a informar de los documentos que se enviaban, sino que aportaba una moción que sometía a votación la solicitud al Puerto de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), exigencia que la coalición del guiño había realizado en numerosas ocasiones al entender que el proyecto de ampliación se ha modificado sustancialmente desde que se aprobara su DIA vigente, pero que el PSPV no ha apoyado con tal determinación hasta el momento.
El movimiento no sentó bien a las filas socialistas, que lo entendieron como una estrategia de "confrontación", en palabras de su portavoz, Sandra Gómez, no sólo porque sus socios colocaban a su partido contra las cuerdas forzando a remarcar su postura, sino también por lo innecesario que resultaba para el PSPV la moción -la Conselleria de Transición Ecológica ya ha pedido al Ministerio que se pronuncie sobre la DIA-. Según Gómez, al conocer el orden del día un par de jornadas antes, intentó contactar con Alcaldía para reunirse y "llegar a un consenso sobre la moción", pero no hubo éxito. "No es tan difícil ponerse de acuerdo en dos días para vernos", subrayó, "pero vimos que no había voluntad".
Llegada la reunión, los socialistas presentaron una moción alternativa que sustituía la petición de la DIA por la solicitud de "medidas correctoras y compensatorias de las posibles externalidades climáticas y paisajísticas negativas, promoviendo en todo caso una ampliación verde del Puerto". Además, si el primer texto pedía a la Conselleria de Obras Públicas recordar las directrices de la Estrategia Territorial de la Comunitat -"evitar las actuaciones que supongan un detrimento de la calidad del frente litoral"-, el enmendado pedía en su lugar a todas las administraciones competentes "vigilar el estricto cumplimiento de las normas, así como la evaluación de las consecuencias".
En definitiva, Compromís rechazó este texto y dio salida a la primera moción con la abstención de sus socios. Campillo se remitió a las inevitables "externalidades negativas" de la ampliación "por mucho dinero que dé a nuestra comunidad autónoma". "Para eso está la normativa ambiental: la salud y del medio ambiente están por encima de todo", sentenció el edil de Compromís. Por su parte, para los socialistas "nunca se va a discutir que se haga una nueva DIA si se tiene que hacer", si bien insisten en esperar a que los técnicos del Ministerio de Transición Ecológica se pronuncien. La falta de voluntad de diálogo demostrada por la fuerza de Ribó, subrayó Gómez, demuestra que existe "una voluntad de hacer una estrategia partidista en este tema".
Si bien es cierto que el desacuerdo sobre el Puerto era público desde hacía tiempo, las formas empleadas acabaron revelando en toda su contundencia las diferencias programáticas y de criterios entre ambos socios para con la actuación de la Autoridad Portuaria. Y es que la disputa se ha de analizar en su contexto, excepcional para incomodidad del gobierno municipal.
El fraude perpetrado el pasado mes de septiembre contra la EMT de València, presidida por el edil de Compromís Giuseppe Grezzi, ha erosionado considerable y progresivamente la confianza entre ambos socios hasta el punto de que Campillo, en los momentos más tirantes del caso, llegó a hablar de "crisis de gobierno sin precedentes" y de "un antes y un después" en las relaciones de gobierno.
Hay que recordar que pocos días después, tras anunciar consecuencias por el desencuentro, Compromís llevó a la Junta de Gobierno la retirada temporal de la portavoz socialista de la comisión delegada de La Marina, un movimiento que se había acordado retrasar y que muchos entendieron como una represalia, máxime con la ausencia de Gómez por su luna de miel. El desquite cesó el duelo público, pero desde entonces se ha mantenido una calma tensa a cuenta de la EMT.
los socialistas se han desmarcado en varias ocasiones de la coalición: pidieron que Grezzi no estuviera en buena parte de la comisión de investigación, han estado resaltando los fallos en los protocolos internos de la empresa, y han exigido la salida del que fuera secretario de la firma municipal al descubrirse sus vínculos con el cuñado del acalde. Aunque a la hora de la verdad, el PSPV ha salvado a Ribó de una comisión de investigación por esto último, lo cierto es que las disensiones sobre la gestión de la empresa mantienen una tensión de fondo que parece no acabar de resolverse.
Este viernes volvió a aflorar después de la disputa entre ambos partidos por el control de la alcaldía pedánea de Benimàmet. Aunque el acuerdo para el reparto de las alcaldías pedáneas estaba muy avanzado, se mantenía atascado desde hace varias semanas a falta de cerrar la gestión de Benimàmet. Así, Compromís creía urgente desbloquear la situación y, aprovechando que esta delegación es competencia exclusiva de Ribó, decidió aplicar su criterio y repartir dicha alcaldía dos años para cada partido, sin alcanzar un acuerdo con los socialistas, quienes abogaban por gobernar en solitario siguiendo el criterio aplicado al resto de pueblos: que gobierne la pedanía quien más votos ha recabado.
Esta "decisión unilateral" según los socialistas desembocó en su contraataque, y presentaron en la Junta de Gobierno por la vía de urgencia una moción sobre el fraude de la EMT en la que proponían informar de la estafa al Banco de España y el Tribunal de Cuentas, algo que habían estado solicitando junto a la oposición desde hace tres meses y que la presidencia de la empresa, de Giuseppe Grezzi, había estado retrasando en base a informes jurídicos negativos. Así, el PSPV forzaba a Compromís a manifestarse sobre el asunto. La coalición valencianista vetó la propuesta al no entender la urgencia y no se votó su contenido.
Si alguien esperaba que se rebajaran los niveles de la disputa interna con la ausencia de Podem en el gobierno municipal, como mucho apuntaban antes de los comicios, se ha dado de bruces contra los últimos tres meses del Gobierno del Rialto. Para Campillo, por contra, al iniciar el mandato ya se sabía que éste "no iba a ser como el de 2015" y los dos socios no tienen por qué estar de acuerdo en todo; lo importante "es que el gobierno funcione". Ahora bien, desde septiembre, el equipo de gobierno que lidera Joan Ribó no ha tomado aliento, inmerso en batallas internas y sonados desencuentros que poco tienen que ver con la gestión de los servicios a la ciudadanía. En este contexto, si existía un debate ideológico sobre la ampliación del Puerto, se ha visto soterrado por un ruidoso rifirrafe entre políticos.