Ana Brugger niega que pasara las respuestas del examen a una actual asesora de Vox en Les Corts Valencianes
VALÈNCIA. La Audiencia de Valencia ha acogido este jueves el juicio a la exdirectora general de Función Pública de la Generalitat durante la etapa del PP Ana Brugger y a la actual asesora de Vox en Les Corts Valencianes María Gonzálbez por tratar de que la segunda aprobara de forma irregular un examen de oposición.
A lo largo de la vista han pasado un total de cinco testigos, entre vigilantes y aspirantes, presentes en lo ocurrido el día 10 de marzo de 2018, cuando la Universitat de València celebraba la prueba selectiva para entrar en el grupo A de la Administración. Especialmente exhaustivo han sido los testimonios de dos funcionarias y cuidadoras del aula en la que se encontraban las acusadas, donde también ejercía de vigilante Ana Brugger. Una de ellas ha explicado que lo primero que les llamó la atención fue que la exdirectora general les comentó antes de entrar al aula que tenía a una amiga entre las opositoras y que salió a saludarla. Igualmente, ha afirmado, repartió ella las funciones de cada cuidadora y se pidió la de acomodar a los aspirantes en los asientos del aula, incluyendo la persona con la que mantenía relación –ubicada en una esquina del pasillo–, y la de repartir los folios oficiales.
Los temas, ha proseguido, salieron de manera aleatoria y se escribieron en la pizarra para que se eligiera uno a desarrollar aparte de uno común a todos. En un momento dado del examen, ha indicado que vio cómo Brugger se sentó al final del aula y comenzó a escribir en unas hojas. Se acercó a preguntarle y comprobó que "estaba redactando en los folios que se reparten a los opositores sobre la ley de riesgos laborales, uno de los temas que salió en la prueba, mientras consultaba su teléfono móvil". Ante la sospecha, se lo comunicó a su otra compañera y decidieron mantenerse alerta.
Al poco tiempo, ha señalado, vio cómo sacó del "tocho de papeles" que llevaba en la mano, unos que estaban escritos "y los dejó encima de la mesa de su amiga". Se puso entonces "muy nerviosa" y se lo contó a la otra cuidadora. Decidieron acercarse a la opositora con la excusa de "comprobar si el examen estaba bien cumplimentado". Entonces observaron, ha detallado, que había folios en blanco con el membrete oficial y otros que trató de apartar, los cuales le pidió. Al verlos, ha dicho, se dio cuenta de que eran los que Brugger había escrito, lo que además se evidenciaba en que tenían "tintas y letras diferentes". Se dirigió a la aspirante y le recriminó que esas hojas se las había pasado la exdirectora general. Ella "se quedó en blanco, se puso a temblar y a ponerse roja y no contestó, pero asintió con la cabeza". Motivo, ha añadido, por el que le requisó "las chuletas", aunque le dejó el examen.
El protocolo en los casos de copia, ha expresado, es ir al aula de incidencias, donde está el tribunal, a decir lo que ha pasado. Se lo comunicó, pues, a su superior para que le diera instrucciones porque eso no les había pasado "nunca". Mientras mantenía esa conversación a la que posteriormente se acercó otro funcionario que ejercía de vigilante, apareció Brugger. "Nos dijo: 'por favor por favor, no me lo toméis en cuenta que ha sido un error, no lo volveré a hacer más'", ha indicado. "Alguna barbaridad le solté porque estaba muy indignada. Creo que fue 'qué cara tienes, qué poca vergüenza'", ha añadido.
Debido a la tensión que suponía para los opositores este tipo de pruebas, ha destacado que lo quisieron llevar con discreción. La aspirante finalizó su examen, que se metió en el sobre como el resto. Y mientras, ambas cuidadoras presentes en lo ocurrido quisieron presentar un escrito con el relato de hechos para adjuntarlo, según han manifestado. La instrucción hacia una de ellas de sus superiores, sin embargo, fue que se llevara las hojas y que hablarían el siguiente lunes (ese día era sábado).
Trataron de nuevo, han asegurado, de presentar un escrito por registro de entrada de la Conselleria pero igualmente les dijeron que no. Tras varias reuniones con sus superiores durante diversos días, lo redactaron aunque no lo llevaron al registro de entrada.
La jefa de servicio de personal, por su parte, ha remarcado ante el tribunal que Brugger reconoció el día de los hechos que había cometido un error, pero "no dio ninguna explicación", y que "nunca en 14 años" que llevaba como colaboradora de exámenes "había pasado algo así". Tampoco con la exdirectora general, que igualmente había asistido "a multitud de pruebas".
Sobre la manera de actuar cuando las cuidadoras le comunicaron lo que vieron, ha señalado que pensó "que era menos presión" para los vigilantes y oposiciones si posponían "a otro momento" la declaración de las funcionarias: "Yo lo único que quería era no alterar el funcionamiento del aula".
Por su parte, tanto Ana Brugger como María Gonzálbez, que únicamente han respondido a preguntas de sus defensas, han negado que los hechos sean ciertos y ellas responsables. La exdirectora general, en su último turno de palabra, ha denunciado el "acoso mediático y político" al que ha sido sometida.
Ha narrado que ese día se encargó, junto con otras dos funcionarias, de velar por el buen funcionamiento de la prueba aunque de normal no se dedica a ello. Antes del examen, que duraba tres horas, ha apuntado que no conocía las preguntas, que ella era solo una colaboradora, que no formaba parte del tribunal juzgador y que no habló con ningún opositor dentro del aula.
Cuando había pasado una hora y media, ha contado que se sentó al final del aula y se puso a tomar notas con su teléfono móvil sobre un manual, pero "en ningún momento" se quedó sola ahí.
La otra acusada, María Gonzálvez, quien también ha respondido únicamente a su letrado, ha manifestado en una breve declaración que cuando acabó el examen, lo entregó y no le expulsaron. A los nueve días renunció a la lectura del mismo.
La Fiscalía pide tres años de inhabilitación para la primera en el ejercicio de su cargo público y una multa de 20.000 euros; y un año de inhabilitación y una multa de 10.000 euros para la segunda por el presunto delito de actividades prohibidas a funcionarios públicos y de abuso en el ejercicio de su función. En sus conclusiones, la representante del Ministerio Público ha afirmado que han quedado acreditadas las irregularidades y ha admitido que se quedó "espeluznada" con que "todos conocían que esto se hizo de manera incorrecta". "Escondieron lo ocurrido, se trató de esconder hasta al tribunal", ha destacado.
Debido a que Brugger es funcionaria pública, ha explicado que su acusación viene sustentada en que usó por información privilegiada porque tuvo "una posibilidad que nadie tuvo", que fue consultar su móvil. "Copia la ley y ese es el privilegio que no tienen los demás", ha argumentado. A lo que, ha añadido, hubo un "ánimo de lucro para obtener un beneficio económico propio o para terceros" porque "si esa señora hubiera aprobado el examen ya tenía la vida resuelta".
El sindicato CGT, que llevó lo sucedido a la Fiscalía y ejerce la acusación popular, pide seis años de prisión para la exdirectora general de la Generalitat y tres para la asesora en Les Corts por un delito de falsedad documental.