Foto: ALBERTO ORTEGA/EPEl pasado 19 de diciembre, el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley "por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", en el que se colaron un par de concesiones a los de siempre. Concesiones cuya única relación con la recuperación, la transformación y la resiliencia de España es que aseguran la resiliencia de Pedro Sánchez en La Moncloa.
La primera de ellas es una concesión al PNV para que el barrio de Usansolo se pueda segregar como municipio de Galdakao, a lo que no hay nada que objetar si no fuera porque para ello se ha cambiado, vía decreto-ley, una norma que afecta a todo el territorio español, rebajando de 5.000 a 4.000 el número de habitantes mínimo para crear un nuevo municipio. Sin pasar por el Congreso de los Diputados, donde el macrodecreto llegará para ser convalidado enterito, sin enmiendas y sin apenas debate; lo tomas o lo dejas.
La segunda concesión es de mucho más calado y muy ilustrativa del poderío actual de los catalanes –Sánchez fue recibido en audiencia por Pere Aragonés dos días después– frente a la nula influencia de los valencianos. Una reforma de tapadillo, con navideñosidad y alevosía, puesto que el Gobierno no informó de ella en el largo comunicado para explicar el Real Decreto-ley que nos ocupa, de manera que solo lo detectaron los cuatro que se leyeron el BOE al día siguiente, donde la norma ocupaba 186 páginas. Entre ellos, el catedrático de Derecho administrativo Francisco Velasco Caballero, que ha hecho unas interesantes observaciones al respecto. Pues bien, entre esas 186 páginas, ocupando apenas un párrafo, figuraba la inclusión de una disposición adicional decimoséptima en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para reconocer, en el ámbito de la legislación local, los "derechos históricos" de Cataluña y su "sistema institucional".
La medida debería llamar la atención de los valencianos porque con esa disposición adicional se reconocen a los catalanes unos derechos que el Tribunal Constitucional (TC) había limitado. En su sentencia (2010) sobre el Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006, el TC estableció que las "competencias exclusivas" en materia de régimen local que el Estatuto atribuía a Cataluña no eran válidas si contravenían la ley estatal, que en este ámbito prevalece sobre la autonómica. Y en muchos casos así ocurría.
Lo que ha hecho ahora el Gobierno es dar la vuelta al argumento del TC e introducir en la ley estatal una disposición adicional que dice que esa ley se aplicará "respetando las competencias exclusivas y compartidas en materia de régimen local y organización territorial previstas en dicho Estatuto". Es decir, una cesión de competencias en toda regla, vía real decreto-ley. Muy inteligente para sortear el veto del TC pero un ejemplo más, por las formas, de la degradación del sistema parlamentario español. Esa reforma de calado merecía una ley ad hoc y un debate en el Parlamento.
Y aquí es donde esta historia del poder catalán entronca con el quiero y no puedo valenciano. Porque los valencianos también tenemos un Estatuto de 2006 con unos derechos, que a diferencia de los del Estatuto catalán nadie recurrió ni anuló, pero que el TC dejó en algo testimonial. Lo hizo en tres sentencias dictadas en 2016, en respuesta a sendos recursos del Gobierno contra leyes valencianas que desarrollaban el Estatuto, dos firmados por Rodríguez Zapatero y el tercero por Mariano Rajoy.
El derecho civil valenciano también es recuperable, según la Associació de Juristes Valencians, mediante una disposición adicional, en este caso en la Constitución aprovechando la inminente reforma del artículo 49 pactada por PP y PSOE. Pero parece que eso no va a ocurrir por el mismo motivo por el que la misión haya fracasado en los últimos 300 años cada vez que se ha intentado, porque no pintem fava.
Nos pasó con Felipe V, que devolvió fueros a Aragon, Cataluña y Baleares, pero no al antiguo Reino de Valencia. Y nos pasó con Franco, que permitió a seis regiones recuperar su derecho civil, mientras los valencianos nos quedamos con un palmo de narices, sin duda por no tener influencia y puede que tampoco ganas.
Al menos, gracias a la enmienda que va a presentar Compromís a la reforma del artículo 49 podremos ver cómo se retratan los diputados valencianos del PP y el PSOE. Dos partidos que en la Comunitat Valenciana han apoyado en Les Corts, en las tres diputaciones y en más de 500 ayuntamientos mociones a favor de la recuperación del derecho civil valenciano, pero cuyo peso en Madrid es tan residual que no han logrado ni que se debata la cuestión. Van a ser más coherentes los diputados valencianos de Vox que ellos.
En el Gobierno socialista tenemos una ministra que solo habla del derecho civil valenciano para culpar al PP de que no salga adelante, como si ella no pudiera hacer nada al respecto; y a un flamante secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, que tiene una ocasión inmejorable para ejercer el poder valenciano. Bueno, tiene dos, esta y la de la financiación autonómica. ¿Y qué va a hacer Ximo Puig? ¿Va a ensayar sus dotes diplomáticas o se las reserva para París?
Y en el PP tenemos de número cuatro a Esteban González Pons, quien en 2008 comparó a María Teresa Fernández de la Vega con Felipe V por recurrir ante el TC la primera de nuestras leyes forales, y anunció que si el PP ganaba las elecciones retiraría el recurso. Cuatro años tuvo Mariano Rajoy para hacerlo antes de que saliera la sentencia, pero en lugar de ello, emuló a Zapatero y recurrió la tercera de las leyes forales que desarrollaban el Estatuto. ¿Le va a tocar a Esteban votar en contra del derecho civil valenciano después de haberse tragado el sapo de la ampliación del puerto? Y Mazón, ¿ha llamado a Feijóo para explicarle que solo queremos lo que ya tienen en Galicia?
Pese al envidiable optimismo de José Ramón Chirivella, presidente de la Associació de Juristes Valencians, todo apunta a un nuevo portazo a una reivindicación valenciana. Aunque uno tiene la sensación de que en esta ocasión no es solo por la inexistencia del poder valenciano sino que también hay falta de ganas, como si hubiesen firmado las mociones por no decirle que no al perseverante presidente de Juristes Valencians.
De lo que habrá que concluir, si se confirma el fracaso, que catalanes y vascos tienen lo que envidiamos porque se lo trabajan, mientras que los valencianos nos conformamos con lo que nos caiga, tanto si hay café para todos como si hay pedrea o, como tantas veces, cuando no nos cae nada. Meninfotisme lo llamamos.
PS: si no sale adelante esta reforma, se podría intentar la vía catalana, es decir, una ley estatal que otorgue a la Comunitat Valenciana competencias para legislar en derecho civil propio, como propuso en este artículo hace dos años el hoy concejal del PP en València José Marí Olano. Si pintáramos algo en el panorama nacional, hasta nos la podría colar Sánchez de tapadillo en un decreto-ley.
