La nueva era en Les Corts que llega en septiembre: leyes, presupuestos y el gran reto de Mazón

VALÈNCIA. A mediados de junio de 2023, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, alcanzaba un acuerdo de Gobierno exprés con Vox. Lo esperado a medio plazo se cumplía en unos tiempos mucho más rápidos de los que se vaticinaban en los corrillos populares y la Comunitat Valenciana se convertía en el primer gran territorio de España con pacto entre ambos partidos tras las elecciones autonómicas de aquel año. 

Gobernar en coalición no era el deseo de Mazón, lógicamente. Le habría gustado hacerlo en solitario. Pero no veía posible una estabilidad a lo largo de toda la legislatura de otra manera y quiso naturalizar cuanto antes el pacto con los voxistas para poner en marcha rápidamente el nuevo Consell. Las negociaciones se llevaron con total discreción y nunca llegó a haber apretón de manos público.

Lo que quiso evitar Mazón hace un año le llegó sobrevenido en julio. Vox rompió el acuerdo valenciano, al igual que en el resto de autonomías, y el PP se enfrenta ahora a un escenario no buscado. ¿Oportunidad? Desde luego, es lo que quieren intentar y lo que, sobre todo, quieren trasladar los populares. Pero no va a ser nada fácil. 

El parón veraniego les ha ofrecido cierto margen para recomponerse. Si exprés fue el acuerdo de gobierno, exprés fue la solución a la crisis. Mazón abordó los nuevos nombramientos de manera inmediata este pasado julio y a seguir funcionando. Será a partir de este mes de septiembre cuando empiece la 'fiesta'. 

El inicio del próximo curso en Les Corts tendrá un grado de intensidad añadido. La actividad parlamentaria arrancará con el debate de política general, aquel en el que el presidente de la Generalitat marcará sus líneas básicas de gestión del siguiente año. La cita, que se celebra cada año –excepto aquellos en los que hay elecciones autonómicas–, resulta ya de por sí de importancia porque suele estar plagada de promesas y la oposición se dedica a poner 'deberes' al Ejecutivo.

Pero esta vez cuenta con el añadido de que se producirá tras la ruptura del pacto de gobierno por parte de Vox. Partido que, por lo tanto, pasa a situarse ahora en la oposición y cuyo papel está por ver cuál será: si de socio que le facilite al PP la legislatura o se la complique hasta el punto de hacerla insostenible.

Después de este debate, si hay otra fecha en rojo en el calendario es la de la tramitación de los Presupuestos de 2025. Éstos se tendrán que presentar por parte del Consell del PP la última semana de octubre. A partir de ahí, pasarán a Les Corts y los populares deberán pactar con todos los grupos para sacarlos adelante.

Parece muy improbable –salvo un giro total de los acontecimientos– que el PSPV o Compromís pudieran apoyarlos, lo que no quita que el PP lo intente. Así que la pelota estará seguramente en el tejado de Vox. Los populares no quieren aventurarse a valorar este escenario públicamente, pero lo cierto es que ya contemplan una prórroga de las cuentas de 2024, tal y como la propia portavoz del Consell, Ruth Merino, dejó entrever el pasado jueves. Si Vox pone condiciones inasumibles para el PP en su actual papel de solteros y que les incomoden en exceso, es posible que no las acepten. 

Si existe una oportunidad para Mazón, es la del discurso. El PP cree que le puede beneficiar situarse en el centro, desmarcado de Vox, con todas las consecuencias. Cuenta con la visibilidad que le otorga gestionar –algo que han perdido los voxistas– y pone en un brete a la izquierda, a la que se le ha acabado el discurso de que el jefe del Consell gobierna con la ultraderecha, además de que el jefe del Consell se ve ahora beneficiado por el nuevo frente abierto en Cataluña a cuenta de la "financiación singular".

El problema, si no consigue sacar adelante las cuentas, será cuánto aguante. Los cálculos de cómo gobernar sin presupuestos ya van circulando. Podrían tener sobre año y medio de margen, pero ¿más allá? Es pronto para averiguarlo y, si llega ese escenario, ya hay quien aboga por alargar igualmente la legislatura todo lo posible. Si no, siempre está a mano el botón del adelanto electoral. 

Acompañamiento, simplificación, viviendas turísticas, financiación...

Si los presupuestos –la ley más importante para todo gobierno– resultan clave, en el actual contexto también surge la importancia de otras normas que permitan seguir gestionando intentando pactarlas con la oposición. Por ejemplo, surge la pregunta de qué ocurrirá con la conocida como ley de Acompañamiento a los Presupuestos. Aunque realmente se llama ley de Medidas Fiscales y, como su nombre indica, debería ir destinada a este asunto para sacarla adelante junto a la de las cuentas, en los últimos años –sin importar el color del gobierno– se ha convertido en un cajón de sastre en el que se incluye multitud de modificación de normativa autonómica de manera simultánea. 

Estos cambios suelen ser de bastante calado en muchas ocasiones. El Consell lleva elaborándola desde hace meses y si el PP lograra sacarla adelante sería, desde luego, un logro.

Septiembre llegará asimismo con otros textos relevantes que han de pasar por Les Corts. De un lado, el de Simplificación Administrativa. Aunque el decreto-ley ya fue convalidado en julio, Vox forzó que se tramitara como proyecto de ley, lo que obligará a que se tenga que registrar, pasar por comisión, que se puedan presentar enmiendas por parte de los grupos y que, finalmente, se apruebe. El texto cuenta con diversos 'peros' de la Abogacía de la Generalitat y, aunque el PP confía en que no cambie sustancialmente, deberá pactar con la oposición. 

De mismo modo, se tendrá que convalidar en el Parlamento autonómico el decreto-ley para la regulación de las viviendas turísticas, presentado recientemente y que recoge nuevas exigencias para la apertura de pisos turísticos. Entre otras medidas, contempla multas de hasta 600.000 euros y fija que las viviendas turísticas que ya están en funcionamiento tendrán un régimen transitorio diferenciado: no habrá retroactividad para aquellas que se inscribieron en el registro autonómico antes de 2018, mientras las que se han registrado en los últimos seis años tendrán un plazo de cinco años para adaptarse a las nuevas disposiciones. 

Otra de las leyes de mayor interés político –por los posicionamientos de cada grupo– que habrá de tramitarse a partir de septiembre es la de Trato Justo impulsada por Compromís. El texto contiene tres reivindicaciones: la reforma del sistema de financiación autonómica; la aprobación urgente, mientras tanto, de un fondo de nivelación –un mecanismo transitorio con el que se reparte dinero entre las comunidades peor financiadas para que puedan acercarse a la media del conjunto de territorios–; y la regularización de la deuda histórica. 

Esta última cuestión, tras el pacto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con ERC para que Cataluña disponga de una financiación singular similar a un concierto económico –y que ha servido para investir al candidato del PSC, Salvador Illa, presidente de la Generalitat–, todavía le da mayor relevancia. 

El síndic de la coalición, Joan Baldoví, se reunió con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en lo que se interpretó como una pinza, para pactar la ley. Tras aquel encuentro, trasladó que el acuerdo con el dirigente popular consistía en llevar la proposición primero al Parlamento autonómico para consensuarla entre todos los grupos posibles al tratarse de una reivindicación histórica valenciana. La intención es presentarla a continuación en el Congreso. Y de ahí viene el lío.

El PP quería entrar en una estrategia conjunta con Compromís en este asunto. Con ella, además de hacer fuerza sobre una cuestión difícil de colar en la agenda nacional, podía, de paso, desgastar al PSPV dado que el Gobierno central no parece que tenga voluntad alguna de abordar la reforma de la financiación. Pero lo que ocurrió es que los populares no estaban en absoluto convencidos de la propuesta de la coalición. El motivo real es difícil saberlo. Lo cierto es que es un tema que a Génova no le viene demasiado bien cuando existen discrepancias entre las autonomías del PP sobre el modelo. Aun así, tanto la dirección nacional como la de los populares valencianos han negado siempre que no fueran capaces de llegar a un acuerdo y, por supuesto, rechazan oficialmente que este tema les incomode. 

El caso es que en mitad de esta pinza con Compromís apareció un problema: la ley se aprobaba en Les Corts para después pasar al Congreso, pero la Mesa del Congreso no la iba a admitir. Puede no hacerlo aludiendo a cuestiones técnicas. El aviso llegó al PP. El 'truco' en estos casos suele ser que la Mesa paraliza el pronunciamiento sobre el trámite de la norma, dejándola dormida sine die en esa fase, por lo que nunca llega a tramitarse. 

En este contexto, hubo un informe de la Conselleria de Hacienda que alertaba de numerosas deficiencias jurídicas de la ley, algo que daba fuerza a la teoría del riesgo de que no pasara el citado filtro de admisión a trámite en el Congreso. Ante toda esta situación, los populares tuvieron serias dudas de qué hacer en Les Corts. Pese a las deficiencias jurídicas, un voto en contra de la tramitación del texto daría la imagen de que Mazón se estaba echando para atrás tras adquirir un compromiso. Así que el PP la acabó apoyando.

La siguiente fase era la de los plazos. Y aquí los populares los han pospuesto todo lo posible aprovechando el final del periodo de sesiones de Les Corts. Así que será en septiembre cuando se inicie la tramitación de la ley, que abarcará todo el último trimestre de 2024. Cuándo se apruebe, de hecho, está en el aire, puesto que se podría solapar con los Presupuestos de la Generalitat, que no suelen dejar espacio para nada más en la actividad parlamentaria. La votación, si el PP quiere, se podría 'chutar' a 2025.

No obstante, toda esta operación queda también pendiente de forma paralela de lo que ocurra con los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Compromís ya ha advertido que no dará luz verde a las cuentas de Pedro Sánchez si no se abre la reforma del sistema de financiación y se habilita un fondo de nivelación para la Comunitat Valenciana por ser una de las más perjudicadas en el reparto. El Consell, con Mazón a la cabeza, también reivindica de forma e insistente el citado fondo, por lo que en esta cuestión van a seguir formando pareja de baile.