La cuantificación de las mordidas de la trama supera los cinco millones de euros por el momento
VALÈNCIA. La posible financiación irregular del PSPV es uno de los interrogantes que sobrevuelan en la presunta trama de corrupción urbanística con cobro de mordidas que se investiga en el conocido como caso Azud. Unos hechos ocurridos entre 2004 y 2011 –durante la etapa del PP al frente del Ayuntamiento de València–, pero que salpican a los socialistas y dejan todavía en el aire si el partido se benefició de las comisiones. A ello parecen apuntar los nombres propios de cargos que aparecieron en la segunda fase de la operación que estalló la semana pasada: el exsubdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, portavoz del PSPV en el Ayuntamiento en aquella época; el actual director jurídico y de prevención de riesgos penales de Divalterra, José Luis Vera (quien no milita pero se encuentra vinculado a la formación desde hace muchos años); y el que fuera responsable de las finanzas del partido, Pepe Cataluña.
Si aparte de lucro personal también hubo beneficio para el PSPV es todavía una incógnita. Aunque precisamente fue con Cataluña con el que saltaron las alarmas, puesto que era la persona encargada de las cuentas y, además, ya apareció en otra investigación por supuesta financiación irregular que fue archivada. Su papel habría sido el de conseguidor de contactos o mediador entre el empresario Jaime Febrer –dueño de la mercantil Construcciones Valencia Constitución (CVC)– y ayuntamientos gobernados por los socialistas en la Comunitat Valenciana durante esos años.
Las sospechas para los investigadores existen. Y una de las pruebas que podría ser clave en este sentido son los documentos hallados al constructor, considerado el centro de la supuesta red de sobornos. Cantidades que, supuestamente, blanqueaba su ingeniero fiscal. En uno de los registros de la primera fase de la operación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró la agenda del empresario, en la que anotaba con detalles sus citas, encuentros y contactos con políticos del PP y del PSPV. Nombres, fechas, transferencias, movimientos de dinero... todo entre esas páginas. Incluyendo las reuniones que permitieron a los agentes atar cabos y en las que aparecían algunos de los mencionados cargos socialistas.
Pese a que se llevan a cabo indagaciones que más adelante se comprobará en qué derivan, por el momento no hay una línea de investigación judicial abierta sobre la financiación, señalan fuentes conocedoras del asunto. La pregunta es qué ocurriría si los indicios fueran lo suficientemente importantes como para abrirla. Y aquí aparece la complicación.
En las fechas en las que se produjeron los hechos –de 2004 a 2011–, el delito de financiación irregular de los partidos no existía, ya que fue incorporado al Código Penal en la reforma de 2015. Esto supone que no se pueda perseguir. A ello que se suma que, en el caso de que incluso esa financiación hubiera sido de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2007 –algo que ni siquiera está comprobado– se trataría de un presunto delito electoral ya prescrito. Por lo tanto, únicamente se podría tirar por la vía del cohecho a no ser que apareciera algún elemento nuevo.
La situación recuerda precisamente a la investigación abierta en 2016 por un juzgado sobre una supuesta financiación irregular del PSPV y el Bloc durante los comicios 2007. El supuesto delito electoral se encontraba prescrito, de manera que no se pudo seguir adelante pese a la existencia de indicios. Respecto al resto de delitos como prevaricación, malversación o falsedad documental, la jueza se inhibió debido a que los hechos no tuvieron lugar en Valencia. La causa acabó en tres juzgados que archivaron finalmente las actuaciones.
Cataluña aparecía en ella como destinatario de la factura de una constructora que debía enviarse a la sede del partido en Blanquerías y en cuyo sobre únicamente debía poner que iba a la atención de él. La sospecha era que la sociedad Crespo Gomar prestaba servicios al PSPV y al Bloc y solicitaba las facturas por esos trabajos realizados a terceras empresas dándoles instrucciones sobre cómo confeccionarlas y a nombre de quién. Es decir, falsificándolas. Luego se reenviarían a las formaciones y esas empresas serían beneficiarias de adjudicaciones y/o reparto de comisiones. Nada de ello se pudo acabar demostrando.
Mientras, la presente causa, la de Azud, sigue avanzando y adquiriendo grandes dimensiones por su operativa. Todavía es pronto para cuantificar el dinero de las presuntas mordidas, ya que es muy probable que la suma siga aumentando. Según fuentes de la investigación, por el momento superan los cinco millones de euros, aunque la cantidad final será seguramente bastante superior debido al volumen de operaciones.
De hecho, una parte de las indagaciones se centra en seguir la pista del recorrido del dinero en el extranjero después se que se le descubriera al empresario Jaime Febrer una cuenta en Luxemburgo. Las suposiciones apuntan a que no se trataría del único destino de esas cantidades, por lo que se han tramitado diferentes comisiones rogatorias para comprobar dónde se pudo esconder.
El principal beneficiario de las comisiones, como ya figuraba en la primera fase de la operación, sería el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá. Tanto él como su socio Diego Elum habrían cobrado mordidas procedentes de contratistas del Ayuntamiento de la capital desde 2006. Una suerte de peaje por su influencia en el consistorio para conseguir o mediar en adjudicaciones y que sirvieron para lucro personal.
A ellos se han sumado en esta segunda fase el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau (PP) y Rafael Rubio. Ambos aparecieron en la mencionada agenda de Febrer, donde constaban diversas reuniones, también con Pepe Cataluña.