Puig (PSPV), Oltra (Compromís) y Martínez Dalmau (Podem), los tres máximos responsables del Consell. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Tras la sufrida investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y los consiguientes nombramientos de ministros, el nuevo Ejecutivo se dispone ahora a que los representantes recién designados comiencen a diseñar sus equipos y perfilen el segundo escalón de los departamentos que dirigen.
Unos días, por tanto, en los que las fuerzas del Botànic -en especial PSPV y Unides Podem- estarán pendientes de los distintos nombramientos para ver si se produce alguna salida que obliga ciertos ajustes dentro del Gobierno valenciano. Superada esta fase, todas las miradas se dirigirán de nuevo hacia Sánchez, que tendrá como objetivo principal la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), dado que todavía siguen vigentes los últimos aprobados por Mariano Rajoy.
De hecho, estas cuentas son especialmente interesantes para el Botànic, dado que las últimas presentadas por Sánchez -y que no salieron adelante- incluían una mejoría de inversiones para la Comunitat, rozando por primera vez en muchos años el 10% respecto al total nacional que reclaman desde la Generalitat.
Así pues, elecciones generales, investidura, nombramientos y, en breve, presupuestos. Una hoja de ruta estatal que ha conllevado la constante y excesiva mirada a Madrid desde el Gobierno valenciano dadas las reivindicaciones pendientes de ser atendidas por el Ejecutivo central.
La reforma del sistema de financiación autonómica, el incremento del porcentaje de pago para la dependencia, el Corredor Mediterráneo u otras infraestructuras necesarias para la Comunitat, son algunas de las exigencias del Consell al Gobierno de España. Todo ello, unido a otras cuestiones donde Madrid también comparte protagonismo como la ampliación del Puerto de Valencia o la liberalización de la AP-7, han hecho que el Botànic se centre en la capital y no destacando con su propia agenda política.
Cierto es que han existido algunos factores para esta tormenta perfecta de apagón en lo que se refiere a grandes anuncios valencianos. A las elecciones autonómicas de abril le siguió una negociación dura para el nacimiento del Botànic II, que emergió con una tercera fuerza en el Consell -Unides Podem-, acompañada de nuevas carteras y dirigentes.
Además, al ser año electoral, no se celebró el tradicional Debate de Política General de septiembre, una fecha que suele ser utilizada para poner sobre la mesa nuevos retos políticos que marquen el ejercicio político autonómico. A cambio, sí hubo lógicamente discurso de investidura, si bien es otro tipo de alocución dado que hay menor tiempo para prepararla y suele apuntalar líneas generales de la legislatura y no dedicarse anuncios concretos. El presidente destacó entonces, entre otras cuestiones, la adjudicación a Mercadona por 16 millones de euros de las últimas parcelas de Parc Sagunt.
En este periodo, tampoco Les Corts han sido un hervidero de actividad: en medio año solo se han producido cuatro sesiones de control al presidente Puig, una cita en la que el jefe del Consell acostumbraba en la pasada legislatura a esquivar los ataques de la oposición lanzando algún anuncio relevante que le permitiera mantener la iniciativa política. En esta ocasión no solo se han reducido, sino también complicado en más de una ocasión para el president de la Generalitat.
En estas sesiones, Puig anunció la Ley del Juego (26 de septiembre) que la recuperada de la pasada legislatura; o el proyecto de prácticas de 400 horas para estudiantes de Formación Profesional (28 de noviembre). El único otro anuncio relevante en sesión de control por parte de Puig fue el 24 de octubre, cuando el presidente se comprometió a que habría presupuestos pese a la situación de interinidad del Gobierno de España tras semanas en las que se había estado barruntando que el Consell prorrogaría las cuentas.
Precisamente este es uno de los argumentos que esgrimen fuentes del Consell para explicar que, hasta ahora, los grandes anuncios o hitos que puedan marcar la agenda están apareciendo con cuentagotas. Al margen de las elecciones generales, la elaboración de los presupuestos consumió una cantidad notable de energía y recursos humanos a los distintos departamentos durante varios meses, lo que ha contribuido a limitar la capacidad de creatividad en materia de gestión. Sobre esto, algunas fuentes puntualizan que lograr la propia aprobación de las cuentas por quinta vez consecutivas y, además, sin tener presupuestos estatales, consiste en sí un hito político a destacar.
Por otro lado, tampoco los Plenos del Consell han llegado repletos de contenidos de gran repercusión mediática. De hecho, varios de ello se han destacado por las ayudas para paliar los efectos de la DANA que azotó a la Comunitat Valenciana en octubre. No obstante, sí ha habido unos pocos anuncios destacados, como la aprobación de oferta pública de empleo para 2019 en Sanidad -2.032 plazas- y Educación -3.575 plazas- (20 de diciembre). En el aspecto legislativo, el Ejecutivo ha acordado aprobar el proyecto de Ley de creación del Colegio de Economistas de las provincias de Alicante y Castellón y el anteproyecto de Ley del Instituto Cartográfico Valenciano.
En definitiva, y al margen de algún compromiso aislado del presidente Puig como que la energía consumida por la Administración valenciana será "cien por cien renovable" al final de la presente legislatura, el Gobierno valenciano no termina de tomar la iniciativa política en el presente mandato. Distintas fuentes del Ejecutivo consultadas por este diario aseguran que se está trabajando en retos de calado de cara a la presente legislatura y auguran que no tardarán en comenzar a anunciarse públicamente. Quizá el próximo Seminari de Govern en Dénia sirva para sacar a la luz alguno de ellos, si bien mientras tanto el Consell sigue mirando a Madrid a la espera de que sus insistentes reivindicaciones sean satisfechas.
