Foto: Marta Fernández Jara/ EPMADRID (EP). La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha firmado este miércoles con CCOO y UGT el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, alcanzado hace algunas semanas y que contempla una subida salarial del 9,5% entre 2022 y 2024 para los empleados públicos.
El acuerdo, del que se descolgó el sindicato CSIF, también recoge mejoras laborales, como la jornada laboral de 35 horas semanales, la obligación del cambio normativo para establecer Planes de Igualdad en todas las Administraciones Públicas o la derogación de recortes.
Montero ha agradecido a los sindicatos su "capacidad de acuerdo y de diálogo para permitir mayor bienestar y mayor progreso", y ha recalcado la importancia de este acuerdo que "viene a reconocer el trabajo de miles y miles de empleados públicos".
"Conlleva un incremento retributivo, implica un aumento de sus salarios, con una parte fija y una variable vinculada al crecimiento económico y la inflación", ha detallado la ministra, que ha asegurado también que el objetivo era "que no se perdiera poder adquisitivo por parte de los empleados públicos".
Montero ha comentado que se trata de un acuerdo plurianual que demuestra el compromiso del Gobierno con una Administración Pública del siglo XXI, por lo que también incluye cuestiones como el teletrabajo, aunque al mismo tiempo intensifica la presencia de la Administración. La titular de Hacienda ha añadido que el acuerdo "quiere ser una aportación al pacto de rentas".
Por su parte, el coordinador del Área Pública de CCOO, Humberto Muñoz Beltrán, ha destacado que el acuerdo "recupera el diálogo social y la negociación colectiva en el ámbito de las Administraciones Públicas" y ha valorado que se haya podido alcanzar ante "un contexto muy difícil".
"Este acuerdo viene a aliviar esta situación. También marca una senda ante unas patronales cerradas al diálogo que pretenden, una vez más, que la salida de la crisis pivote sobre los salarios de los trabajadores sin tocar los beneficios", ha declarado tras la firma.
De su lado, el secretario general de UGT Servicios Públicos, Julio Lacuerda, ha coincidido en que el acuerdo servirá para "amortizar de manera sensible los efectos negativos de la inflación".
"En materia normativa, cumple con la preocupación y los anhelos de la mayoría de los casi tres millones de empleados y empleadas públicas de nuestro país", ha agregado.
Además, Lacuerda ha agradecido al Gobierno que, en un contexto de crisis, opte por revisar al alza los salarios de los empleados públicos en lugar de recortar.
Ambos sindicatos y Hacienda pactaron una subida salarial del 9,5% entre 2022 y 2024. Los empleados públicos recibirán un aumento del 1,5% retroactivo en 2022, que se sumará al 2% que ya han recibido a lo largo de este ejercicio y que aparecía recogido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año. En total, la mejora salarial de 2022 habrá sido del 3,5%
El Consejo de Ministros aprobó este martes esa subida retroactiva del 1,5%, que se abonará como una paga adicional en noviembre. No obstante, las comunidades autónomas y las entidades locales tendrán una moratoria hasta diciembre y, excepcionalmente, hasta marzo de 2023.
Las nóminas de los empleados públicos se elevarán en 2023 un 2,5% fijo, con la posibilidad de dos subidas variables, de 0,5% cada una. La primera se aplicará si el IPC armonizo de 2022 y 2023 supera el 6% y se cobraría en febrero, con carácter retroactivo y consolidable. La segunda variable de 0,5% para 2023 operaría si el PIB nominal en 2023 supera el previsto por el Gobierno.
Para 2024, los sueldos de los funcionarios tendrán un alza del 2%, con una variable del 0,5% si el IPC armonizado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%. De nuevo, se cobraría con carácter retroactivo y consolidable.
Al margen de las mejoras salariales, los sindicatos y el Gobierno también han incluido en el texto del acuerdo cambios en las condiciones laborales de los empleados públicos.
Los sindicatos destacan la jornada laboral de 35 horas semanales, con la eliminación de las limitaciones actuales para que cada Administración Pública pueda establecerlo, previa negociación colectiva.
También se considera culminada la disposición tercera del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep), con la plena aplicación de la clasificación de personal al servicio de las Administraciones Públicas del artículo 76 del Trebep. El acuerdo establece la creación de un grupo de trabajo de la Administración y de los sindicatos firmantes para que a lo largo de 2023 se implante la citada clasificación profesional.
Ambas partes también han acordado la derogación de los recortes implantados en 2012 y la derogación de la supresión de la jubilación parcial para el personal funcionario. Asimismo, se desarrollarán y negociarán los planes de Igualdad en todas las Administraciones Públicas, así como la implantación de los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo.
Otro de los puntos del acuerdo es la digitalización y diálogo social, con la garantía de mantener la atención presencial. También se llevará a cabo un plan específico de digitalización en zonas con menor población y más dispersa.
Además, en su intención de modernizar la Administración Pública, también se buscará atraer y retener talento, recuperar el empleo público perdido y rejuvenecer las plantillas. Esto incluye el compromiso de reducir la temporalidad en el empleo público.
El texto también alude a la extensión de las medidas previstas en este Acuerdo al personal del sector público institucional y a la puesta en marcha del teletrabajo, así como la tramitación y la negociación del contenido íntegro de Ley de Función Pública de la Administración del Estado.
Sindicatos y Gobierno también coincidieron en reconocer el pleno del derecho a la negociación colectiva y a la actualización salarial del personal laboral en el servicio exterior (PLEX), la actualización de importes de gastos de desplazamiento por prestación de servicio, la revisión del modelo organizativo y clasificación de centros penitenciarios, y nuevo protocolo de acoso sexual y revisión del régimen sancionador en la Administración General del Estado.
Ambas partes crearán una Comisión de Seguimiento para evaluar el cumplimiento del acuerdo.
