Pagos indebidos

Es de sobra conocido, pero no está de más recordar que el 10 de junio de 1761, reinando Carlos III, se promulgó un "Real Decreto expedido para hacer caminos rectos y sólidos en España que faciliten el comercio de unas provincias con otras, dando principio por las de Andalucía, Cataluña, Galicia y Valencia". En aquella acta fundacional de la España radial, redactada probablemente por el Marqués de Esquilache, a la sazón ministro de Hacienda, se estableció un impuesto en toda España de dos reales de vellón por fanega de sal durante diez años para financiar las obras y se consignaron cien mil reales mensuales para el camino de Andalucía, otros cien mil para el de Cataluña y cincuenta mil para el de Galicia, "costeándose el de Valencia con lo que sobra del ocho por ciento que se cobra en esa ciudad, después de pagada la cuota o el cupo de su contribución, por el beneficio tan grande que se seguirá de ello a todo aquel Reino".

No ha sido la única infraestructura que, siendo competencia del Estado, hemos tenido que cofinanciar los valencianos. Baste recordar el embalse de Alarcón, sufragado a pachas por Hidroeléctrica y los regantes valencianos, o el desvío del río Turia a su paso por València tras la riada de 1957 con el llamado Plan Sur, ignominia que, al contrario que otras de las que solo hay registro en el BOE, quedó retratada para la posteridad en una peculiar serie filatélica.

Con la llegada de la democracia cambiaron las formas pero la cosa no fue a mejor. Teniendo una Generalitat y un presupuesto autonómico, ya no sería el rey ni Franco el que nos impondría tasas, sellos y contribuciones sino que al Gobierno le bastaría jugar con la impaciencia del presidente del Consell. Así, en 1987 corrimos a hacernos cargo de nuestra Sanidad para pagarnos las infraestructuras que nos faltaban mientras el Insalud continuaba financiando durante 15 años más con el dinero de todos la construcción y ampliación de hospitales en diez CCAA que no tuvieron tanta prisa, entre ellas Madrid, o levantamos un aeropuerto que puede que no hiciera falta pero que el Estado sí sufragó en otros lugares donde tenían menos sentido.

Lo de las obras de la Copa América de 2007, a las que el Gobierno solo aportó un 40%, también clamaba al cielo en comparación con cómo el Estado financió grandes eventos en otras ciudades, pero tras la condonación de la deuda que habíamos asumido los valencianos, el resultado es equiparable a las componendas que históricamente han logrado otros, sobre todo los catalanes. Hablando de catalanes, contaba La Vanguardia el viernes que 60 megayates han pedido ya amarre en Barcelona para gastar dinero a espuertas durante la Copa América de 2024 que aquí no quisimos porque era muy cara. De momento, de los 30 millones de canon que Puig no quiso pagar y Cataluña sí, el Gobierno de Sánchez ya ha dicho que va a poner 15.

El açò ho pague jo, consecuencia de no pintar fava más allá de Requena, se está normalizando de una manera preocupante por parte del Consell de Puig a medida que se acercan las elecciones. En los últimos meses hemos visto como el president anunciaba que la Generalitat se hará cargo del acceso a la estación del AVE de Villena desde la autovía A-31 que la comarca viene reivindicando desde que a Fomento se le olvidó construirla hace nueve años, y a Arcadi España y Rebeca Torró anunciar un tranvía entre Gandia y Dénia, sucedáneo del Cercanías conocido como Tren de la Costa que el Gobierno de Sánchez tampoco tiene ningún interés en construir.

Más grave si cabe, por inmediato, es lo de esta semana. Parafraseando a Carlos III, por el beneficio tan grande que se seguirá de ello en la Comunitat, Puig se dispone a añadir 5 millones de euros de los impuestos de los valencianos al programa de viajes para mayores del Imserso, que es un programa estatal. El motivo es que Ione Belarra ha congelado la aportación para ese programa en 22 euros por persona y día –23,5 en Canarias y Baleares– y los hoteleros sobre todo de Benidorm, que gracias a ese programa pueden mantener en invierno 60 establecimientos abiertos y muchos puestos de trabajo, consideran que es insostenible.

Desconozco qué ha llevado a la ministra de Derechos Sociales a considerar justo que, con una inflación del 10% y una importante subida de salarios –en la hostelería de Alicante se ha firmado un 4,5% de aumento en 2022–, la aportación económica del Gobierno y de los usuarios del Imserso debe ser la misma que en 2021 con el mismo número de plazas ofertadas. El caso es que ni los hoteleros con los que Belarra se ha negado a sentarse, ni su compañera de Gobierno Reyes Maroto, ni Puig, ni Compromís ni el PP han sido capaces de convencer a la ministra podemita de que soltara los duros.

Pero la solución que ha encontrado Puig, en lugar de exigirle a Pedro Sánchez que ejerza de presidente, ha sido otra vez açó ho pague jo. La peor peor posible. La peor para todos menos para él, que se llevó un titular de la asociación que preside Toni Mayor a la altura de la ayuda recibida: "El president de la Generalitat, Ximo Puig, sale al rescate de los hoteleros valencianos en el programa de Turismo Social". 

La peor no porque la ayuda de 6 euros por habitación hasta un máximo de 5 millones de euros saldrá de los presupuestos valencianos cuando tendría que salir de los estatales, ni porque la subvención se sume a la del bono viaje para ayudar a un sector que, con Francesc Colomer de aliado, ha impedido que los turistas que no son del Imserso paguen una tasa que contribuya a sostener las deficitarias arcas de la Generalitat.

Es la peor porque Belarra dijo que, en contra de lo que auguraban los hoteleros, "el programa del Imserso va a seguir siendo un éxito", y lo va a ser a 22 euros por persona y noche gracias a Puig. Y es la peor solución porque esta cofinanciación se consolidará y a partir de ahora los valencianos haremos el idiota como hace 261 años. Con la diferencia de que lo de los "caminos rectos" –por Albacete– fue por real decreto y lo de ahora es porque así lo hemos querido.