El PP denuncia en la Fiscalía el intento de anular la contratación de la jefa de RRHH de Divalterra

VALÈNCIA.  El Grupo Popular de la Diputación de Valencia ha presentado hoy una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para dar cuenta de las actuaciones que pretenden revocar la elección de la jefatura de Recursos Humanos de la empresa Divalterra.

Los hechos analizados y que se han puesto en conocimiento del Ministerio Público describen una actuación antes, durante y después del proceso de selección, que indiciariamente podría ser constitutiva de delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

En el transcurso de ese proceso se han detectado situaciones en las que los técnicos han denunciado presiones por parte de algún responsable político, principalmente por parte del presidente del Consejo de Administración de la empresa pública, Ramiro Rivera, tal y como indica el PP en un comunicado. Es por ello que se ha dado traslado de las mismas a la Fiscalía para que proceda a investigarlas.

Desde el mismo momento en el que se determinó la persona ganadora del proceso de selección se puso en marcha una operativa para intentar revocarlo. Las alegaciones del candidato que quedó en segundo lugar se tomaron como base para paralizar la contratación, cuestión que el presidente del Consejo de Administración ordenó por escrito, amparado en los informes del jefe de los Servicios Jurídicos de Divalterra, José Luis Vera.

Proceso transparente

Desde el partido expresan en el comunicado que en ningún momento se ha atendido ni valorado la contestación que el Tribunal de Selección emitió al candidato que quedó en segundo lugar desestimando sus alegaciones. Los miembros del tribunal se han reafirmado en que el proceso de selección fue transparente y con todas las garantías legales por lo que si el candidato que alegó tenía dudas sobre el mismo debía acudir al órgano jurisdiccional correspondiente.

Los intentos repetidos de sacar adelante en el Consejo de Administración los informes del jefe de los Servicios Jurídicos poniendo en duda lo que ninguno de los candidatos impugnó en su momento, como la composición del tribunal y la confección de las bases, no tuvieron éxito. 

Estas actuaciones solo revelaron el especial interés en revertir el resultado final del proceso de selección que habían determinado los técnicos. Finalmente derivaron en una fractura dentro del Consejo de Administracion y en una situación de incertidumbre entre los responsables de la empresa pública.

Graves irregularidades

El portavoz del Grupo Popular, Vicente Mompó, ha lamentado que durante este proceso de los últimos meses se han producido graves irregularidades y ha quedado claro que "cuando los técnicos se mantuvieron firmes frente a la injerencia política, el equipo de Toni Gaspar optó por cerrar la empresa".

Mompó ha recordado que en el proceso de selección hay miembros del tribunal "que decidieron acudir a la Agencia Valenciana Antifraude para denunciar situaciones que no consideraban lógicas" y este organismo incluso concedió a alguno de ellos la "condición de testigo protegido".

Hay otras denuncias recogidas en el Consejo de Administración de Divalterra por parte del gerente, Antonio Mas, en las que asegura haberse sentido "juzgado por parte del jefe de los Servicios Jurídicos sin ni siquiera darle la oportunidad de hablar".

"Hemos vivido un escenario en el que algunas personas no parecen haber respetado lo determinado por un Tribunal de Selección y se ha querido imponer otro resultado diferente al determinado por los técnicos, destituyendo para ello, incluso, al gerente de la empresa", ha indicado el portavoz popular.

Si a todo ello "sumamos que hemos sufrido multitud de cortapisas para acceder a los expedientes y ejercer la labor de fiscalización, nombramientos de consejeros que bajo la apariencia de técnicos tenían una clara adscripción política, o imposibilidad de expresar durante meses nuestras quejas a lo que sucedía en Divalterra, parece inevitable que sea la Fiscalía quien investigue todo lo que ha acontecido alrededor de este procedimiento".

Mompó ha explicado que «la decisión de cerrar la empresa obedece más a la pérdida de control político por parte del actual equipo de Gobierno de la Diputación que a cualquier otro condicionante y el hecho de anunciarlo en una Junta cuya celebracion habían forzado de los grupos de la oposición lo evidencia aún más».

Finalmente, ha asegurado que "desde el Grupo Popular velaremos porque se respeten los derechos de los trabajadores de Divalterra. Igualmente trabajamos para que no se intenten tapar con el cierre de la empresa situaciones durante el proceso de selección de la jefatura de Recursos Humanos que ponemos en conocimiento de la Fiscalía por si pudieran ser constitutivas de delitos".