Cinco de los concejales expedientados, en un Pleno municipal. Foto: MARGA FERREREn el escrito enviado por el PP al juzgado se explica que no se hará nada hasta que haya apertura de juicio oral pese a la petición del PPCV de echarles de los cargos públicos
VALÈNCIA. El expediente disciplinario abierto por el Partido Popular a los concejales y asesores de València investigados por corrupción está "suspendido", parado, con el beneplácito de Génova. Desde el Comité de Derechos y Garantías de la dirección nacional, que se hizo cargo de los expedientes al estar investigada la senadora Rita Barberá, no se ha hecho nada durante los 15 meses que llevan abiertos los citados expedientes, a excepción de las suspensiones temporales de militancia.
En el escrito que presentó este jueves el PP, una semana después de publicar Valencia Plaza que no había atendido el requerimiento del juez, se puede leer: "En cuanto a la situación de los distintos expedientes informativos incoados a los anteriormente referidos, éstos se encuentran suspendidos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.8.a) de los Estatutos del Partido Popular, aprobados en el XVII Congreso Nacional, hasta que por el órgano judicial competente se dicte auto de apertura de Juicio Oral o sobreseimiento y archivo, según el caso. A partir de cuyo momento se procederá a la apertura de expediente disciplinario sobre aquellos que se encuentran suspendidos temporalmente de afiliación y los que figuren de alta en los archivos y registros de este partido y hayan sido acusados".
De hecho, según consta en los papeles entregados al juzgado que instruye la operación Taula, los únicos que se reunieron con el Comité de Derechos y Garantías fueron los concejales Alfonso Novo y Beatriz Simón. El acta del 29 de marzo de 2016 afirma: "Novo y Simón hacen entrega de una carta firmada por todos los concejales y asesores de Grupo Municipal de Ayuntamiento de Valencia, solicitando la suspensión temporal de la condición de militancia del Partido Popular, en tanto se sustancia el procedimiento seguido en el Juzgado de Instrucción Número 18".
Y prosigue: "Dicha carta figura anexa al presente (sic) acta, al igual que el escrito suscrito por el presidente y el secretario, acordando aceptar dicha solicitud de suspensión temporal de militancia de todas las personas que figuran en la mencionada carta, en el que el expediente informativo por acuerdo de este comité seguirá su curso, con competencia exclusiva del Comité Nacional de Derechos y Garantías, hasta su completa instrucción".
El PPCV sí pidió a Madrid contundencia desde el primer día en que la UCO irrumpía en el consistorio valenciano y se llevaba por delante a destacados líderes locales y provinciales, entre ellos Alfonso Rus. Sin embargo, las peticiones del PP de Bonig cayeron en saco roto en la capital.
Así, Génova finiquitó uno de los asuntos más peliagudos a los que se ha tenido que enfrentar sin más movimientos que las suspensiones cautelares de militancia, y no para todos. Ni tan siquiera ha llegado a interrogar a las personas acusadas de blanqueo de capitales. No ha hecho nada, salvo cerrar el expediente de Rita Barberá debido al fallecimiento de la exalcaldesa el pasado mes de noviembre.
Con respecto a las peticiones realizadas por el PPCV , que aparecen en otra acta de fecha 29 de enero, el comité comenta que "el Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha instado al Comité de Derechos y Garantías regional a abrir expediente a todos los militantes detenidos en el curso de la investigación policial desarrollada durante la jornada de hoy, así como la suspensión cautelar de militancia de todos ellos. El PPCV ha acordado su destitución inmediata de todos los cargos orgánicos que representan y su cese de cualquier tipo de actividad relacionada con nuestra formación política".
Dentro del escrito que el PP ha enviado al juez esta semana llama la atención que, pese a acordar el propio Comité de Derechos y Garantías que todos debían estar suspendidos cautelarmente de militancia, el PP ha dejado que 13 de los acusados por blanqueo sigan siendo miembros de pleno derecho en el partido que preside Mariano Rajoy. Los trece investigados que siguen siendo miembros del PP son: Julio Valero, Silvestre Senent, Vicente Aleixandre, María Dolores Cubells, Cristina Diego, Vanesa Arnal, Ángel Pallás, Emilio del Toro, Juan Pedro Gómez, Antonio Barranco, Juan Vicente Jurado, Ramón Isidro Sanchis e Ignacio Vicente Pou.
La actitud de Génova puede no salirle gratis al PP, según expertos en materia de compliance consultados por Valencia Plaza. Según afirman, con la obligatoriedad de tener un compliance en las empresas" -protocolo de actuación para garantizar ante un juez que la empresa ha puesto los medios para evitar que una persona de la organización cometa un delito-, "deberían haber, al menos, tomado declaración a los afectados por el expediente, ya que la finalidad del compliance es saber cuáles son tus fallos y debilidades, así como los posibles delitos cometidos, para evitar que se produzcan de nuevo en un futuro". Al no haber hecho nada al respecto, "los investigadores tienen en sus manos mantener la imputación del partido dentro de la causa judicial abierta", según estas fuentes.
En la causa conocida como Operación Taula, que incluye entre otros el caso Imelsa, destacó mediática y políticamente la pieza A o pieza del pitufeo. En ella se investiga si todo el grupo del PP del Ayuntamiento de València en marzo de 2015 salvo cuatro personas blanqueó dinero para la campaña electoral de las municipales de ese año y cometió un delito electoral. Además, se investiga si desde 2007 el PP de Rita Barberá pagó sus campañas electorales con dinero B procedente de contratas y hasta de entidades públicas municipales.
La magnitud de la operación policial desbordó al PP y la presión sobre los investigados fue tal que el partido de Isabel Bonig se vio obligado a crear una gestora que dirigiera al PP de la ciudad de València, presidida por Luis Santamaría. Desde Génova se abrió un expediente a los implicados que, más un año después, sigue durmiendo el sueño de los justos mientras los concejales y asesores investigados siguen en el Ayuntamiento cobrando un sueldo público.
