Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Indignación en el sector inmobiliario. El decreto ley de la Conselleria de Vivienda que amplía los derechos de tanteo y retracto y permite a la Generalitat Valenciana intervenir en grandes operaciones inmobiliarias, como la venta de edificios, ha generado un fuerte rechazo entre los promotores valencianos que ven visos de inconstitucionalidad en el "intervencionismo" de la administración en el libre mercado, a la vez que consideran que genera inseguridad jurídica.
Un temor a un posible freno en las inversiones en las plazas valencianas que no solo sobrevuela en el ambiente, sino que ya se pone de manifiesto en las operaciones que actualmente se están negociando entre operadores privados. "Estamos recibiendo consultas de inversores inmersos en operadores que tienen miedo porque el intervencionismo que fija la norma es brutal", aseguran a este periódico fuentes del mercado inmobiliario. La norma todavía está pendiente de ser convalidada en Les Corts.
En concreto, el texto del departamento que dirige Rubén Martínez Dalmau abre la puerta a que la Generalitat pueda intervenir en la venta de edificios. También incorpora como novedad la posibilidad de ceder estos derechos de adquisición preferente a los ayuntamientos para que vayan ampliando su parque público o, en caso de no contar con ellos, crearlos desde cero. Y es que aunque el tanteo y retracto son dos derechos que ya estaban regulados desde 2004 para las viviendas de protección pública, el texto incorpora importantes novedades como la potestad que tendrá la Generalitat de quedarse viviendas en proceso de subasta por impago de hipoteca, las transmitidas por dación en pago o edificios enteros que se vayan a vender o se hayan vendido entre operadores privados.
Y es precisamente la posibilidad de inmiscuirse en operaciones privadas lo que ha hecho estallar a los promotores valencianos que se han sentido excluidos en la elaboración de una norma que afecta a su negocio. Aunque el conseller Dalmau aseguró que todos los agentes -colegios profesionales, notarios, registradores y promotores- estaban "encantados" con esta iniciativa, desde la Federación de Promotores Inmobiliarios de la Comunidad Valenciana (Feprova) niegan este extremo. "Este decreto ley deja mucho que desear. No entendemos que el Consell pueda intervenir en todo tipo de viviendas. No tiene sentido. No nos han consultado y no estamos encantados en absoluto", subrayan.
Explican que por su parte "no ha habido aportaciones ni valoraciones". "Vemos atisbos de intervencionismo en el mercado y consideramos que la norma genera perversiones. Lo que regula el decreto ley es difuso en algunos casos y no genera atracción a la inversión", explican desde Feprova. De hecho, los servicios jurídicos de la federación ya estudian la posibilidad de recurrirlo. "Estamos estudiándolo detenidamente", afirman para criticar la "expropiación" encubierta que se desprende de la norma valenciana.
El decreto ley permite que la Administración valenciana pueda ejercer el tanteo y retracto en "las transmisiones de edificios con un mínimo de cinco viviendas, que constituya su destino principal, cuando se transmita un porcentaje igual o superior al 80% de dicho edificio", así como "en operaciones de venta referidas a diez o más viviendas y sus anejos". En ambos casos, podrá hacerlo tanto si es una venta directa como si se hace mediante la venta de acciones o participaciones en mercantiles cuyo objeto social esté vinculado con la actividad inmobiliaria.
"Eso es intervención en la unidad de mercado y en el derecho a la propiedad privada. No se ha hecho con sosiego jurídico", reprochan los promotores que, asimismo, argumentan que la Comunitat tendrá ahora una normativa que genera inseguridad jurídica frente a otras autonomías como Murcia o Castilla la Mancha, lo que ahuyentará a los inversores de la autonomía valenciana. "Va a hacer mucho ruido y no va a atraer nueces, sino a contraer el mercado en un momento como este en el que hay que mantener el empleo y generarlo", recalcan.
Pero no solo el espíritu de la norma ha disgustado al sector, sino también su forma de tramitarlo. En este sentido, reprochan a Vivienda que se haya aprobado una regulación de este calibre mediante un decreto ley, un formato que la Constitución Española recoge en su artículo 86 que está previsto para todas aquellas actuaciones urgentes que un Gobierno debe realizar y que permite sortear los trámites que debe superar un proyecto de ley como, por ejemplo, su debate en Les Corts, presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios o los informes del Comité Económico y Social (CES) o del Consell Jurídic Consultiu (CJC).
"No creemos que sea una cuestión de tanta urgencia como para aprobarse con esta falta de transparencia y sin que nadie se entere", lamentan. Recuerdan que el tanteo y retracto ya estaba regulado desde 2004 y la ampliación de los derechos podría haber seguido el trámite habitual para haber podido hecho aportaciones.
Desde Feprova insisten en que si el objetivo es aumentar el parque público de vivienda hay otras fórmulas como la colaboración público-privada para mover suelo parado de titularidad autonómica. "Se convocaron concursos, pero no ha habido nada más. Lo que se necesita es más oferta en el mercado y la administración tienen muchos terrenos para promover vivienda que, sin embargo, siguen totalmente sin uso", sostienen.
Incluso recuerdan el proyecto de la Torre de Sociópolis, un edificio que lleva parado desde 2011 y sobre el que hay proyectadas 184 viviendas de protección pública. Aunque desde la Generalitat se ha intentado retomar las obras, sigue abandonado, con okupas y sin un horizonte claro. "No son capaces de sacarlo adelante, cuando ahí hay proyectadas 180 viviendas públicas. En cambio, generan una especie de expropiación en las transmisiones libres para incrementar el parque público", critican desde Feprova.
