VALÈNCIA. El Síndic de Greuges ha dictado una resolución en la que insta al Ayuntamiento de València a tomar medidas que eviten cualquier intervención en los Docks antes de que se emita el informe sobre la catalogación del edificio. Un informe que debe determinar los usos del edificio y su grado de protección, así como las intervenciones que se pueden realizar en él.
El uso del edificio, situado en La Marina de València, frente al Veles e Vents, ha salido a concurso para la instalación de un centro de procesamiento de datos, concurso que está ya en fase de adjudicación.
El dictamen se produce a raíz de una queja del Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural del pasado mes de agosto en la que reclamaba al consistorio la protección y catalogación del inmueble tras publicar este diario que el consistorio había dado el visto bueno al proyecto de la empresa Nethits Telecom para instalar en dicho emplazamiento un data center. Un proyecto que compaginaba "la preservación de la fachada protegida junto con la demolición del interior del recinto", al mismo tiempo que planteaba la elevación a cuatro plantas del actual inmueble de dos alturas.
A juicio de la citada asociación, el nivel de protección de los Docks Comerciales era "claramente insuficiente y debía considerarse su inclusión como Bien de Relevancia Local (BRL) dentro del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Ayuntamiento de València". Tras las alegaciones del Cap i Casal en las que manifestaba que el inmueble ya estaba protegido, el Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural insistió en su petición y reclamaba a los servicios municipales hacerlo efectivo "antes de realizar ninguna intervención" sobre el edificio para asegurar no solo la preservación de la fachada, sino también de los elementos interiores. De manera que la solicitud pedía una protección integral que no asegura la actual protección ambiental.
Tras cuatro meses sin respuesta por parte del Consistorio que preside Joan Ribó, en diciembre la asociación decidió remitir una queja al órgano que preside Ángel Luna para que interviniera y reclamara al Ayuntamiento de València una contestación. Desde el propio consistorio reconocían al Síndic de Greuges que habían pedido informes a las Oficinas Técnicas Municipales de Ordenación Urbanística y la Dirección General de Patrimonio para tomar una decisión sobre el inmueble.
En su respuesta, subrayaron que el Servicio de Patrimonio Histórico consideró el pasado mes de septiembre que se debía revisar el nivel de protección del que gozaba el edificio "para poder salvaguardar los elementos propios de la edificación, tanto del exterior como del interior". Así como "no modificar su estado en cualquier actuación" que se llevase a cabo.
Apenas un par de meses después, el Servicio de Planeamiento se pronunciaba en el mismo sentido: reconocía la lógica de "elevar el nivel de protección, para considerarlo como Bien de Relevancia Local en la Ciudad. Si bien su protección no necesariamente debería ser integral, pero sí se extendería a más elementos de su interior de los que hoy en día se protegen" .
En este escenario incierto, el Síndic de Greuges insta ahora al ejecutivo local conformado por PSPV y Compromís a que tome "todas las medidas que sean necesarias para evitar cualquier intervención en el inmueble que pueda poner en riesgo o perjudicar el procedimiento de catalogación de los Docks comerciales del Puerto de València que se encuentra actualmente en tramitación". Y le concede un plazo de un mes para responder por escrito al órgano y fijar en su contestación su posicionamiento al respecto.
La petición del Síndic de Greuges se suma a la realizada recientemente por el grupo municipal del Partido Popular. La formación que dirige María José Catalá pidió el pasado 7 de febrero que se paralice la adjudicación del edificio de los Docks para instar un centro de procesamiento de datos hasta al menos disponer de los informes de la Generalitat, en concreto, de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, sobre el grado de protección del edificio centenario.
Como adelantó Valencia Plaza el pasado 31 de diciembre, al presentarse en agosto una segunda oferta para ocupar los Docks, el Ayuntamiento sacó a concurso la cesión del uso del edificio de los Docks para instalar un data center. Lo hizo mientras se está tramitando la elevación de su protección de nivel 2 parcial a Bien de Relevancia Local (BRL), lo que significa que, de confirmarse dicha catalogación, el ganador del concurso tendría que ajustar su proyecto a las nuevas limitaciones arquitectónicas.
Las propias bases del concurso así lo advertían: "Debe advertirse que en el Servicio de Planeamiento se está tramitando el expediente número E 03001 2022 000203 00, sobre solicitud de catalogación del edificio Docks como Bien de Relevancia Local por lo que, en caso de resultar declarado como tal, la entidad superficiaria deberá dar estricto cumplimiento en su proyecto de intervención a las condiciones patrimoniales resultantes".
Entre las limitaciones está la posibilidad de elevar de dos a cinco plantas la altura del edificio, cuestionada en un informe por el propio Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento de València. Al concurso se han presentado tres empresas, Sineasen, Nethits Telecom y Data Center Docks, que han ofertado un presupuesto de entre 37 y 45 millones de euros sin saber si tendrán que respetar las dos plantas actuales del edificio o podrán elevarlo a cinco plantas.
Tampoco saben si podrán derribar la estructura interior, como pretendía Nethits en su oferta inicial, ya que la Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento considera que "es un edificio singular que forma parte del patrimonio industrial de València" y "está íntimamente ligado a la historia y evolución del puerto de València", por lo que se tendría que estudiar la revisión del nivel de protección "para poder salvaguardar los elementos propios de la edificación, tanto del exterior como del interior".
Cualquier intervención, si finalmente el edificio de los Docks es declarado Bien de Relevancia Local, debería tener el visto bueno de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, dependiente de la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes. Fuentes de este departamento han respondido a este periódico que están estudiándolo pero no dan una estimación de en qué plazo podría resolverse el expediente: "Lo más breve posible".