9 de diciembre: seguimos luchando contra la corrupción

Cada 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. Una conmemoración establecida en 2003 por la Asamblea General de Naciones Unidas tras aprobar la Convención contra la Corrupción, con el objetivo de sensibilizar y divulgar este compromiso de prevenir y luchar contra un fenómeno que deteriora el Estado de derecho, desvía recursos de los servicios esenciales, debilita las instituciones, genera desconfianza de la ciudadanía hacia sus administraciones públicas, la política y sus representantes y en consecuencia minando el sistema democrático.

Según el Fondo Monetario Internacional, en su informe Frenando la Corrupción la corrupción le cuesta a España 60.000 millones de euros anuales, lo que equivale a un impacto negativo en su PIB en torno a 4’5 puntos. Por su parte, la OCDE en su recomendación Integridad Pública, una estrategia contra la Corrupción entre el 10 y el 30 % de la inversión en un proyecto de construcción financiado con fondos públicos puede llegar a malgastarse debido a la deficiente gestión y a la corrupción. Asimismo, y según un estudio comparativo del Tribunal de Cuentas Europeo, los costes de construcción de 1000 m2 de carretera en España es el doble que en Alemania, una vez excluidos los elementos diferenciales de la orografía como túneles, puentes, etc.

Para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la ausencia de presión concurrencial real en la contratación pública del conjunto de las administraciones públicas españolas genera unos excesos de gasto superiores a 40.000 millones anuales y recientemente este organismo sancionó a las cinco grandes empresas constructoras españolas por haberse estado repartiendo los grandes contratos públicos durante los últimos veinticinco años.

España ratificó en 2006 la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y a pesar de que hay motivos más que suficientes para convocar a una catarsis nacional contra la corrupción por todo lo visto y lo que está en juego, el Estado español no ha desarrollado una estrategia nacional anticorrupción. La única existente es el Código Penal, es decir, abordar el problema cuando el delito ya se ha cometido y dejando sin respuesta punitiva buena parte de las conductas que son la antesala de la corrupción: los conflictos de interés, las incompatibilidades, favoritismos...

La prevención está ausente y entre estas ausencias destaca la falta de trasposición de buena parte de la Convención de NU contra la Corrupción y de la Directiva 2019/1937, de protección de personas que informan de infracciones del ordenamiento legal y de canales seguros para poder hacerlo.

La Unión Europea ha abierto un expediente de infracción contra España por incumplimiento de los plazos en la trasposición que debía haberse realizado antes de finalizar 2021. Para evitar la sanción, recientemente entró en el Congreso de los Diputados y para su tramitación por la vía de urgencia, un proyecto de ley que es bastante mejorable si nos atenemos a que en la Comunitat Valenciana ya existe, la norma legal que desde 2017 permite a la AVAF proteger a las personas que denuncian corrupción y a tener en funcionamiento desde 2018 el buzón de denuncias que garantiza esa protección.

Otros ordenamientos autonómicos han aprobado normas propias antes que el mismo Estado: Andalucía, Baleares, Navarra, Cataluña. Confiemos en que la futura ley estatal se convierta en un instrumento de refuerzo, aunque me asaltan las dudas ante el texto del proyecto de ley y la necesidad incumplida de que simultáneamente debería acometerse reformas de leyes básicas como las de función pública o la propia ley de enjuiciamiento criminal, y esto, de momento, no está en el calendario legislativo por lo que la futura ley estatal con toda seguridad adolecerá de limitaciones similares a las que en estos momentos sufren las leyes autonómicas.

Así y todo, hay que constatar hechos positivos. En el informe cuatrienal del Instituto de Calidad Gubernamental de la Universidad de Göteborg, que realiza por encargo de la Unión Europea, sobre la percepción de la corrupción en cada una de las 208 regiones de la Unión, en 2017 la Comunitat Valenciana estaba en el furgón de cola de los 17 territorios autonómicos, exactamente en el puesto 14. En el informe de 2021, la Comunitat ha saltado al puesto 6º.

Hace unos días la AVAF compareció ante la Comisión de expertos de los 27 países que forman la UE para explicar la experiencia valenciana que se ha anticipado a la propia Directiva. Junto a la AVAF solo fue convocada a Bruselas otra institución pública, la estatal ANAC Autorità Nazionale AntiCorrupcione de Italia. Contribuir a que se conozca la Comunitat Valenciana como un territorio que cuenta con un marco de integridad fuerte e instrumentos de prevención y lucha contra la corrupción, consideramos que contribuirá a seguir rebajando la tremenda carga reputacional que tanto nos pesa.  

Joan Llinares es director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en la Comuntiat Valenciana