Fotos PEPE OLIVARESTORREVIEJA. El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz Ramos (Alicante, 1958) apura estos días de vacaciones en la ciudad de Torrevieja, donde disfruta de sus viajes en velero por su bahía o de las lecturas. La cita es en el club náutico, donde Alcaraz interrumpe su lectura -entre sus manos, tiene Creer y destruir. Los intelectuales en la máquina de guerra de la SS, de Christian Ingrao- para hacer balance de dos años de su mandato y del estreno de la cartera de Transparencia.
[Lea la segunda parte de la entrevista Manuel Alcaraz: "Las diputaciones son fosiles que tienen instrumentos interesantes"]
-¿Hay más transparencia en la administración que hace dos años?
-Francamente, creo que sí. Para mí es un motivo de satisfacción cuando muchas personas de la sociedad civil coinciden en que se ha incrementado mucho la transparencia. Ahora, ¿se debe exclusivamente a mi conselleria? No. Lo que ha hecho es poner al servicio de la Generalitat, de todas las consellerias y empresas públicas, una serie de instrumentos normativos, técnicos, informáticos, de formación, que hacen que sea más fácil la transparencia. Es algo obvio: el ciudadano puede saber desde la agenda de los consellers, con quién se contrata, las cuentas bancarias de la Generalitat, los movimientos bancarios que tienen... Hasta dónde se hacen los viajes. Muchas cuestiones que eran motivo de confrontación en última legislatura, ahora con toda normalidad, un ciudadano, desde su casa, pulsando un botón, tiene toda esa información. Luego, si hay conflictos, hay mecanismos como el Consejo de Transparencia, al que el ciudadano puede acudir. Es decir, que en este tema se ha crecido de forma brutal.
-¿Cree que esa labor se ha reconocido?
-Desde muchas comunidades autónomas estamos recibiendo muchas invitaciones para contar nuestra experiencia y establecer lazos. Dentro de una semana, tenemos un encuentro bilateral con Aragón porque queremos aprender conjuntamente. Hace unos días, estuve con la consejera de Transparencia de Murcia, que por cierto es del PP, y hemos acordado celebrar un seminario con ella. Actualmente, ya hay cuatro consejerías en distintos gobiernos autonómicos, y la última del PP, de lo cual me alegro, con la que vamos a colaborar porque, además, somos vecinos.
"La administración del Estado es un desastre absoluto en transparencia, algo que se sabrá poco a poco, cuando se les empiece a valorar"
-Las otras administraciones que no son la autonómica, como la local o la central, ¿son igual de transparentes?
-La administración central del Estado es un desastre absoluto en transparencia, algo que se sabrá poco a poco, cuando se les empiece a valorar. En este campo, hay estudios y rankings de todo, de comunidades autónomas, de parlamentos, de ayuntamientos, ...pero ¿a qué nadie ha visto de algún ministerio? No existe ningún órgano de rango político dedicado a hacer transparencia en el Gobierno del Estado. Esto es tremendo. Existe una dirección general de nueva Gobernanza o del estilo, que es directora general, una funcionaria trabajadora, entregada, con la que tenemos buena relación, pero no hay un órgano político., y eso dificulta mucho las cosas. La administración general del Estado es, sin duda, la más opaca. Creo que han avanzado mucho. Con los ayuntamientos tenemos un problema y es que la ley que se les aplica es la del Estado, que genera algunas obligaciones y sanciones sin distinción, igual para Madrid que para el Rincón de Ademuz. Esto es una locura y lo que hay que hacer es reformar esa ley para que se establezcan obligaciones distintas.
Hemos un hecho un primer estudio en la Comunitat en el que vemos que la mayoría de los ciudadanos viven en municipios cuyos ayuntamientos cumplen con la transparencia y tienen bien organizado su portal. Hay otros que tienen mucha dificultad, que no tienen personal ni personal capacitado, no tienen medios informáticos y estamos intentando colaborar con las diputaciones. Las diputaciones valencianas en general creo que funcionan bien. Tenemos convenios firmados con las de Valencia y Castellón, pero con la de Alicante no, por las razones que sólo ellos saben. La valoración, por tanto, es un notable, con defectos que hay que subsanar en los ayuntamientos y en el Estado, pero que no depende de nosotros. Sin embargo, con la Guardia Civil y la Policía Nacional sí que hemos colaborado para hacer cursos.
-Uno de los proyectos de su conselleria es la oficina de incompatibilidades, ¿cómo se encuentra?
-Está en la fase de creación provisional. Va a empezar a funcionar ya, el 1 de septiembre. Está formada por funcionarios. Personalmente, no he intervenido. Yo no conozco quién va a ser el director, un antiguo funcionario de la Generalitat. Creo que es bueno. En estos temas, intento mantenerme al margen. ¿Cuándo será todo definitivo? Cuando aprobemos el reglamento: era muy complicado de hacer, nos encontramos un sistema inicial que la Abogacía de la Generalitat nos desaconsejó. En estos momentos, está abierto el periodo de alegaciones para las consellerias, que se cerrará el 20 de septiembre. Y a partir de ahí, vendrán los informes de Intervención y de la Abogacía. Mi deseo es que el último día de octubre esté aprobado, pero depende de otros por su complejidad.
-La nueva Ley de Cooperación fue recurrida por el Gobierno central. Puso algunos reparos. ¿Se han solventado?
-Esos reparos los he comentado con el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues. Y así se lo manifestado, tanto a él como a los responsables del ministerio. A nosotros nos parecen infundados; no se sostienen desde la legislación vigente, desde la teoría de la Constitución. Se nos achaca no haber citado a una ley; pero es que las leyes no citan a las leyes vigentes. No tenemos porqué citarlas. Y por otro lado, se nos indica que se debía hacer en un artículo que es un copia pega de la ley anterior y, además, se nos advierte que deberíamos reconocer la capacidad básica del Estado en Asuntos Exteriores, lo cual es tan obvio que no hay que ponerlo. Dicho lo cual, creo que el Gobierno está jugando a una cierta técnica de amedrentar a base de inventarse objeciones para retrasar los procesos. Y echar una especie de pala de sospecha a todo lo que hacemos.
-¿Cree que se hace extensible a otras normas y leyes de la Generalitat?
-Todas las leyes tienen advertencia de recurso del Gobierno central. Y en muchos casos son inconsistentes, pero legalmente te pueden paralizar una ley durante años. Por todo ello, y dado que no tienen ninguna esencia y que no van a modificar el fondo ni una coma, nosotros, como Gobierno, no estamos dispuestos a aceptar un redactado con esas sugerencias para evitar problemas. En definitiva, que aunque nos intentemos llevar bien, el Gobierno no está siendo leal con la Comunitat Valenciana, ni con la España autonómica. Este Gobierno central se siente más cómodo con escenarios de crispación con las comunidades autónomas. La ley en cuestión, la de Cooperación, ya está en las Cortes, la haremos pública y los grupos parlamentarios ya harán lo que tengan que hacer. Espero que se resuelva cuanto antes y que nos dé tiempo a hacer los dos reglamentos que tenemos que desarrollar.
-Otro de los proyectos estrella del Gobierno del Botànic es la Oficina Antifraude, un órgano que depende de Les Corts. ¿La Conselleria de Transparencia debe colaborar con ella o es un órgano totalmente independiente?
-Es un órgano independiente, pero vamos a trabajar codo con codo. La primera reunión protocolaria que mantuvo su director, Joan Llinares, fue conmigo. O yo con él. Llinares venía colaborando de forma profesional con esta conselleria desde hace muchos meses por amor al arte. Tenemos una relación muy buena, en la personal y en lo profesional. Ya hemos elaborado una serie de cosas de las que de ahora en adelante se encargará la oficina, como la celebración del Día Mundial de la Corrupción o la Jornada Anual de Integridad, que se harán de forma conjunta o habrá políticas de formación de colaboración con universidades, en la que colaborará mutuamente. Tenemos muy claro que vamos a funcionar de común acuerdo sin poner en peligro su independencia ni la nuestra. Aunque a veces se olvida, en el Consell también somos independientes.
"Con la Oficina Antifraude vamos a funcionar de común acuerdo sin poner en peligro su independencia ni la nuestra"
-¿Cómo marcha la regulación de los lobbies empresariales?
-La ley que los debe regular está en su fase final. Está pendiente de los últimos informes y del Consell Jurídic Consultiu para que vuelva al Consell y se apruebe y se remita a las Cortes. Vamos a tratar de aportar a la sociedad y a la administración pública un criterio de transparencia. En un escenario hipotético de tranquilidad, sin casos de corrupción, hay que hay ir hablando del interfaz entre administración y sociedad civil; es decir, hemos estado todos demasiado preocupados por la transparencia en la administración, y hay que seguir, pero difícilmente la administración podrá ser todo lo eficaz y transparente que queremos si se encuentra con sectores de la sociedad civil que no son transparentes, con las grandes empresas, las organizaciones empresariales, grandes despachos, ONG o universidades. La ley de lobbies es una contribución a ese debate, y somos conscientes de que es un proceso lento. Un ejemplo, sólo tres empresas del IBEX están inscritas en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo que está claro es que no generamos ese registro y la ley, no se inscribirá nadie.
"Queremos que la Responsabilidad Social Corporativa sea algo consustancial, que aporte valor añadido"
-Las empresas están por hacer un esfuerzo en materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)...
-Yo creo que en su conjunto el mundo empresarial es más consciente de la importante de esto. Una responsable de RSC de una empresa importante dijo que dentro de un tiempo la opción no será ser mejores en RSC sino que, si tienes RSC, existes. Y si no, no. La idea ahora es que eso vaya llegando a pequeñas y medianas empresas, y también que no sea sólo una mera extensión del marketing de la empresa, sino que sea algo consustancial, que aporte valor añadido, pues hace que la propia empresa quede impregnada con relación con la sociedad. Eso es importante y evita muchos conflictos, en material medioambiental, de igualdad, en material cultura...Queda mucho por hacer. A excepción de las grandes empresas, hay muchas que deberían entrar ello y por eso, estamos preparando la ley y queremos ayudar...y sobre todo, que lo mejor de la experiencia de las empresas transite hacia la administración, como las cláusulas sociales. Hemos partido de cero, hemos avanzado mucho en la inclusión de las cláusulas sociales, pero en la contratación vamos a muy atrasados porque nos movemos con una Ley de Contratación Pública que no contempla para nada estos temas.
