VALÈNCIA (EP). El síndic de Ciudadanos (Cs) en Les Corts, Toni Cantó, ha planteado al president de la Generalitat, Ximo Puig, contratar 8.000 sanitarios e incorporar 5.000 plazas al año en residencias de mayores, una auditoría externa de la administración pública, una inversión de 200 millones para autónomos y una inyección de 50 millones a la Agencia Valenciana de la Innovación, además de pedirle no subir impuestos.
Estos son las principales propuestas que el síndic de Cs ha trasladado al president en la reunión que han mantenido este lunes para abordar la participación de la formación en los Presupuestos de la Generalitat, que ha considerado que deben ser unas cuentas "de la reconstrucción". Cantó ha defendido el encuentro porque "la sociedad valenciana y la sociedad española quieren acuerdos y no peleas".
En esta línea, ha agradecido a Puig la "voluntad" de reunirse con ellos y ha pedido que esta voluntad venga con "acuerdos reales". "De paso, me gustaría mucho que sus socios, tanto Podem como Compromís, dejen de boicotear este espíritu de encuentro de acuerdos y no de pelea que está surgiendo entre el gobierno valenciano y nosotros", ha manifestado.
Respecto a los impuestos, Cantó ha manifestado que "todavía no se ha presentado una subida" en la Comunitat Valenciana, pero ha afirmado que "no se puede pedir un mayor esfuerzo fiscal" a la ciudadanía "tal como lo está pasando". Por ello, ha defendido que el Consell "no presione" a los valencianos: "Somos una de las comunidades más caras, y esto no es bueno en una situación como esta".
Igualmente, ha manifestado que el Gobierno central "está preparando a la sociedad española para una subida de impuestos", a lo que ha afirmado que el grupo de Ciudadanos en el Congreso "peleará para evitarlo".
Los planteamientos de Cs incluyen también un "plan de choque" para la Sanidad, que se concreta en crear 4.000 plazas de médicos y otras 4.000 de enfermeros con una inversión de 200 millones al año, así como incrementar en 5.000 al año las plazas en las residencias. Cantó ha argumentado que la Comunitat está "muy por debajo de la media española y europea" en esta materia, por lo que ha apostado por la colaboración público-privada.
Igualmente, ha pedido ampliar en 200 millones la línea de ayuda a autónomos, destinar 50 millones a la Agencia Valenciana de Innovación, y en cuanto al turismo, convertir la Comunidad Valenciana en destino para "instalarse y trabajar, a través de incentivos fiscales, digitalización, vertebración del territorio y campaña de promoción internacional".
Además, pide un impulso a la FP dual, un plan de digitalización para solventar los "problemas" de alumnos para conectarse a clases online y el refuerzo de la enseñanza de inglés.
Por otra parte, ha pedido una auditoría externa de la Generalitat para "avanzar en la eficiencia y en el adelgazamiento de la Administración". Para Cantó, las políticas públicas "deben evaluarse" y este análisis serviría para "ver qué sobra y qué falta en la administración valenciana".
Por otro lado, el síndic también ha adelantado que tratará el acceso de la Diputación de Alicante al Fondo de Cooperación con Puig, pero también con el presidente de la institución, Carlos Mazón, porque "no puede ser que los alicantinos estén peor tratados que los valencianos y los castellonenses".
"¿Pueden recibir los alicantinos más recursos con esta medida? Sí. Entonces tenemos que dilucidar cómo hacerlo en Les Corts. No teniendo acceso a ese fondo están perdiendo recursos, creemos que lo justo es que estén igual tratados", ha manifestado.
En esta línea, Cantó ha reivindicado la "igualdad territorial" y ha afirmado: "No puede ser que el gobierno esté hablando constantemente de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana y luego trate peor a unas provincias que a otras", ha manifestado.
Por otra parte, respecto a la reversión del Hospital de Torrevieja, Cantó entiende que es un "contrato que vencía", aunque considera que es una "decisión equivocada" porque "estamos en un momento en que no hay recursos para construir colegios, ni hospitales ni residencias".
"Yo creo que la herramienta perfecta para una situación como esta es potenciar la colaboración público-privada. Por desgracia, parece que el Botànic pone por delante la ideología a los hechos, porque ya hemos visto en Alzira que la reversión lo único que ha hecho ha sido empeorar el servicio".
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal
