Señalización en un tramo de la AP-7 gestionado por Aumar, filial de Abertis. MADRID. El Consejo de Ministros ha desestimado la reclamación de compensación de 187 millones de euros que Abertis solicitó en 2011 por los "daños y perjuicios" que asegura ocasionó a Aumar, sociedad concesionaria a través de la que explota el tramo de la AP7 entre Valencia y Castellón, la construcción de vías gratuitas alternativas.
El Ejecutivo se pronuncia oficialmente sobre esta reclamación cinco años después de recibirla y cuando el grupo de concesiones ya ha elevado el contencioso al Tribunal Supremo. Como informó este diario, en 2014 la compañía actualizó la cifra a una compensación de 444 millones de euros.
Abertis presentó en febrero de 2011 un escrito al Consejo de Ministros en el que pedía que se restableciera el equilibrio económico-financiero de Aumar, al considerar que se había visto alterado por la construcción de vías libres de peaje paralelas a la autopista.
Además de la compensación de 187 millones por daños y perjuicios, el grupo de concesiones reclamaba que se resarcieran los importes que la vía habría dejado de ingresar como consecuencia de la construcción de las autovías alternativas, según consta en la referencia del Consejo de Ministros.
No obstante, el Consejo de Ministros se pronuncia sobre esta reclamación casi un año después de que Abertis decidiera elevarla al Tribunal Supremo.
La compañía que dirige Francisco Reynés recurrió al Alto Tribunal en julio de 2015, después de que en noviembre de 2014 recibiera una respuesta del Ministerio de Fomento desestimando su solicitud de compensación y "habida cuenta de que el Consejo de Ministros no había dictado resolución en el plazo legalmente establecido", según indica el Abertis su memoria anual de 2015.
Abertis mantiene otro contencioso similar con la Administración en relación a las autopistas que explota, que también está en el Supremo. Se trata del relacionado con la totalidad de la AP-7, por el que Abertis reclama desde hace años una compensación por los tráficos de la autopista que a cierre de 2015 ascendía a 1.235 millones.
En este caso, tiene su tiene su origen en el acuerdo que Abertis alcanzó en 2006 con los altos cargos que entonces dirigían Fomento. En virtud del pacto, ratificado por Real Decreto, la empresa se comprometía a realizar ampliaciones y mejoras en la vía y a aplicar descuentos en los peajes, a cambio de que el Estado asumiera el riesgo del tráfico de la autopista si el volumen de usuarios no alcanzaba ciertos niveles.
En 2012, la delegación del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas planteó dudas respecto al pacto, con lo que en junio de 2015 Abertis interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, actualmente pendiente de resolución, y también remitió un escrito al Consejo de Ministros.
En este caso, y también ante la "desestimación de esta solicitud por silencio administrativo", la empresa resolvió en septiembre del pasado año elevar el caso al Supremo.
En referencia a estos contenciosos, en su informe anual de 2015, Abertis asegura que "procurará llegar a una solución con la Administración que proteja sus intereses y los de sus accionistas" pero que, "en caso de que no fuera posible, lo reclamará como proceda ante los Tribunales de Justicia".
