Foto: Alejandro Martínez Vélez/ EPVALÈNCIA (EP/EFE). Más de un tercio del incremento de los ingresos por cotizaciones previsto para 2023 en los Presupuestos de la Seguridad Social se debe al alza de las bases de cotización (máximas y mínimas), según ha explicado este lunes el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, durante la presentación de las principales líneas de las cuentas del sistema para el próximo año.
En concreto, la Seguridad Social prevé ingresar el próximo año 152.075 millones de euros en cotizaciones sociales, un 8,4% por encima de la liquidación prevista para 2022 (11.814 millones de euros más).
De este incremento del 8,4%, un total de 3,8 puntos se deben a la subida de la base media de cotización proyectada para 2023 o, lo que es lo mismo, la subida de las bases explicará algo más de 5.000 millones de euros del conjunto de 11.814 millones de euros en que aumentarán los ingresos por cuotas en el próximo año respecto a la cifra de liquidación prevista para 2022.
De estos 3,8 puntos que aportará al crecimiento de los ingresos el aumento medio de la base de cotización, Suárez ha indicado que 0,4 puntos responde al alza de las bases máximas en un 8,6% para 2023, y el resto tiene en cuenta el aumento que podrían experimentar las bases mínimas y "algunos elementos vinculados a la subida del salario mínimo interprofesional", aunque no ha querido entrar en más detalle, pues el SMI para 2023 se fijará en diciembre y su evolución coincide normalmente con la base mínima.
Por su parte, la puesta en marcha del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que establece una sobrecotización del 0,6% a partir de 2023 y durante un plazo de diez años, aportará algo más de dos puntos a la subida de los ingresos por cotizaciones sociales, en tanto que el crecimiento de la afiliación al sistema contribuirá con 2,6 puntos a la mayor recaudación por cuotas, según ha añadido Suárez.
Tanto el ministro como el secretario de Estado han asegurado no entender la reacción de la CEOE y del mundo empresarial a la subida del 8,6% de las bases máximas reflejada en el proyecto presupuestario, porque, aunque no ha habido una comunicación formal, se lleva hablando de lo que se quiere hacer, en términos generales, "desde hace meses". "Quizá hemos dado por hecho algo que parecía evidente", ha apuntado Suárez al respecto.
Escrivá, por su parte, ha subrayado que las bases máximas tienen que subir al menos lo mismo que las pensiones, que se revalorizan con la inflación media interanual de noviembre. "Siempre se ha subido en términos reales. No estamos sorprendiendo a nadie", ha dicho el ministro, que ha desligado la subida de las bases máximas de 2023 en un 8,6% de la negociación en el diálogo social para acordar el ritmo adicional al que deberían subir la bases máximas y la pensión máxima a lo largo de los próximos 25 ó 30 años.
Con esta senda, lo que se pretende, ha explicado el ministro, es introducir "predictibilidad y certidumbre" a cómo evolucionarán las bases máximas, a diferencia de lo sucedido en otros ejercicios, donde las empresas se encontraban con alzas del 5% en los Presupuestos.
Así, el ministro es partidario de que esa senda progresiva de subida de la base máxima, que irá asociada a un alza de la pensión máxima aunque no al mismo ritmo, tenga en cuenta lo que subirá la inflación media anual (lo que suben las pensiones).
En un ejercicio sin desviaciones significativas de precios esto se acercará más al 2% de objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE), a lo que habrá que sumar el ritmo adicional de subida de la base máxima que se pacte en el diálogo social.
"Queremos romper con ese pasado de sorpresas continuadas en las bases máximas, queremos que esté parametrizado en todos sus elementos. Aquí lo que falta es una regla y eso es lo que estamos tratando de corregir. Antes de finalice año tendremos pactada esa senda a largo plazo, pero eso no afecta significativamente a lo que hagamos en un año, son cosas disociadas. En el diálogo social estamos hablando de a largo plazo", ha apuntado.
El ministro ha recordado que en 2021 y 2021 las bases máximas no subieron y que en 2022 lo hicieron en un 1,7%, mientras que en 2013 y 2014, habiendo deflación y una caída de los beneficios empresariales, las bases máximas subieron un 5% durante dos ejercicios consecutivos. "Ahí no se dijo nada", ha señalado Escrivá.
Ha recordado, además, que el contexto actual es muy distinto al de 2020 y 2021, años de pandemia, donde el objetivo era mantener el empleo y el tejido productivo, razón por la que se aplicaron reducciones "extraordinarias" de cotizaciones a las empresas que hicieron perder a la Seguridad Social del orden de 15.000 millones de euros en ingresos. "Pero estamos en un entorno muy distinto (...) Me parece injusto y muy selectivo como se manejan estas cosas", ha afirmado Escrivá.
El titular de Seguridad Social ha añadido además que, si quiere debatir sobre los costes laborales en España, hay que hacerlo "con números". En este asunto, ha explicado, hay dos visiones: la de los costes de las empresas con orientación exportadora y la de aquellas que se dedican básicamente a vender a nivel interno.
En el primer caso, ha dicho, los salarios y costes laborales están creciendo por debajo de los países competidores, por lo que las empresas españolas "no están perdiendo competitividad". En el segundo, la de empresas que producen y venden en el mercado interior, "los datos parciales que hay" es que están manteniendo y ampliando en algunos casos sus márgenes, mientras los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo.
El repunte de los ingresos permitirá a la Seguridad Social cerrar 2022 con un déficit del 0,5% del PIB, el mismo porcentaje que se proyecta para 2023, ha explicado el secretario de Estado.
Preguntados por las razones que impedirán a la Seguridad Social alcanzar el equilibrio presupuestario como estaba previsto que sucediera a final de legislatura, Escrivá ha indicado que el motivo principal es la guerra en Ucrania y sus efectos sobre los precios, lo que ha provocado que "se retrase" la senda de convergencia hacia la estabilidad presupuestaria. De hecho, ha señalado que el sistema se habría situado en superávit si la inflación de este año hubiera sido del 2,5%.
Con respecto al MEI, el ministro ha reiterado que existen discrepancias con Bruselas en torno al diseño del mismo, pero sólo a "niveles técnicos intermedios". "Son reflexiones de los técnicos y ya veremos si se mantienen a niveles más altos de la Comisión", ha añadido.
Así, Escrivá tiene previsto abordar este asunto con representantes "al más alto nivel" en el seno de la Comisión Europea. La discrepancia está, ha explicado, en que, a nivel técnico, se prefiere que la sobrecotización del MEI se mantenga hasta 2050, es decir, que sea una regla automática, mientras que el Gobierno prefiere que dure diez años y luego se evalúe, lo que da mayor flexibilidad a la hora de elegir si se mantiene ese instrumento o se cambia por otro (regla semiautomática).
De momento, con la puesta en marcha del MEI, el sistema ingresará en 2023 casi 3.000 millones de euros en el Fondo de Reserva de las pensiones, su primera dotación desde 2013.
