Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València intentarán resolver las discrepancias surgidas en torno a la multa que la administración debe imponer a los organizadores de Paellas Universitarias 2019 por incumplir la normativa de espectáculos autonómica. Así, según ha podido saber este diario, se creará una suerte de comisión conformada por técnicos con el propósito de superar esta disputa jurídica que afecta al mencionado evento, pero no sólo a él, sino a numerosos expedientes de infracciones.
Como publicó este diario, ambas instituciones mantienen un conflicto competencial porque los hechos constitutivos de infracción se produjeron en el impás en el que se estaban trasladando las competencias sobre las sanciones graves y muy graves de la Ley de Espectáculos. El 4 de abril se suscribió un convenio por el que se traspasaban estas funciones de la Generalitat al Ayuntamiento, pero no se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) hasta el 13 de mayo. En medio de este período, el 12 de abril concretamente, se produjeron los incumplimientos de la normativa.
De ahí que ambas administraciones mantengan una pugna por cargar en la otra la responsabilidad de las multas por infracciones graves y muy graves ocurridas en aquel período. Así, la Generalitat Valenciana, y concretamente la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) que dirige José María Ángel, cuenta con un informe de la Abogacía autonómica que dice que la tarea de sancionar aquellos hechos es del Ayuntamiento.
Por su parte, la administración local, concretamente la concejalía de Procedimiento Sancionador que lidera Calos Galiana, cuenta con dos informes. El último de la abogacía consistorial rechaza de base el planteamiento de la Generalitat, como publicó Valencia Plaza, y defiende que en el convenio suscrito no están incluidas las sanciones cuyas actas "sean anteriores a la fecha de publicación del convenio en el DOGV", con lo que sería la Generalitat la responsable de imponer la sanción.
Además, aunque admite que "legalmente podría tramitarse" en el Ayuntamiento, apunta que sería necesario hacer antes una adenda al mencionado acuerdo, porque, de lo contrario, "existen dudas jurídicas razonables que podrían ocasionar, en sede jurisdiccional, la anulación de sanciones impuestas". Y por otro lado, insiste en que la pretensión de la Generalitat sería "contraria a Derecho" porque supondría para el Ayuntamiento "un desequilibrio económico" y una "alteración de las condiciones legales básicas".
Con estos mimbres, la sanción continúa en el aire casi diez meses después de que se produjera la infracción. A finales de 2019, ambos equipos mantuvieron una reunión para tratar de dar una salida a esta encrucijada jurídica, de donde salió la determinación de abrir una comisión entre las dos administraciones constituida por personal técnico, y que fuera éste el que acabara dirimiendo a quién corresponde la tarea de ejecutar las multas.
En cuanto al festival de Paellas Universitarias celebrado el pasado año, los técnicos deberán estudiar la cuantía: si se multa a los organizadores por celebrar las Paellas sin autorización, se les aplicaría la sanción de una falta grave, de hasta 300.000 euros de manera acumulable; por contra, si el motivo de la sanción es haber llevado a cabo el festival desoyendo una resolución denegatoria del Ayuntamiento, se consideraría una falta muy grave, con multa de hasta 600.000 euros.
