La 'guerra' contra la Magda: Coves de Vinromà ficha una abogada para recurrir el macroproyecto

CASTELLÓ. Ayuntamientos, asociaciones y vecinos preparan la batalla jurídica contra el macroproyecto fotovoltaico conocido como Magda, uno de los más grandes proyectados en la provincia de Castellón. La iniciativa, impulsada por el grupo francés Akuo, prevé la ocupación de unas 250 hectáreas de suelo en los municipios de Les Coves de Vinromà y también de Cabanes y Benlloch, además de una línea de muy alta tensión pasando por una docena términos municipales. Algunos de ellos, de hecho, han contratado equipos jurídicos para recurrir los permisos del Gobierno al megaparque solar. 

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Coves de Vinromà adjudicó el pasado mes un contrato para"llevar a cabo la asistencia jurídica" y para redactar el recurso de alzada contra las resoluciones del Ministerio de Transición Energética, emitidas en enero y abril, que otorgaban la declaración de impacto ambiental favorable y la autorización previa al proyecto del grupo francés.

El servicio jurídico, que ha costado 7.139 euros al consistorio del municipio castellonense, ha sido prestado por la abogada María Ángeles López, que asesorará al Ayuntamiento "hasta que se finalice la presentación del recurso de alzada, y en su caso, de las subsanaciones o documentación precisa complementaria que en todo caso tuviera o hubiera lugar", según recoge el certificado de la adjudicación.

Hay que recordar que el proyecto de la Magda prevé la implantación de placas solares con una potencia total de hasta 128 megavatios además de una línea de muy alta tensión de 52 kilómetros, que atravesará los términos municipales de Vilanova d'Alcolea, la Torre d'en Doménec, Benlloc, Alcalà de Xivert, Torreblanca, La Vall d'Alba, Cabanes, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol, Castelló de la Plana y Almassora.

En ese sentido, son varios los municipios 'en pie de guerra' contra el proyecto de generación de energía solar por su afección al territorio y cuentan con el apoyo de la Diputación de Castellón. El organismo provincial, que preside la alcaldesa de Vall d'Alba, Marta Barrachina, ofreció a los ayuntamientos el apoyo jurídico de los técnicos provinciales o la aportación económica necesaria para pagar a los equipos jurídicos que los consistorios hayan contratado.

Cambios en el proyecto

En enero, el Ministerio otorgó la DIA favorable a la iniciativa y en abril, resolvió favorablemente la autorización previa para el proyecto, un primer estadio administrativo, que condicionaba el visto bueno al cumplimiento de las 64 cláusulas fijadas en la declaración de impacto ambiental "para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales".

Con el paso del tiempo, desde que se presentó la iniciativa, el grupo ha ido modificándola para adecuarla a las peticiones de la administración y otras vecinales, como la reducción de las zonas hábiles para la implantación fotovoltaica de las 472 hectáreas iniciales a las 240 hectáreas finales, por lo que se verá reducido el número de módulos fotovoltaicos pasando de casi 259.000 a 211.000 en el proyecto actualizado. Entre otras cosas como cambios en las líneas de evacuación, como publicó Castellón Plaza.

Recursos en marcha

Con todo, lo cierto es que la iniciativa no se ha recibido con buenos ojos por asociaciones, vecinos e instituciones. Sin ir más lejos, la Conselleria de Agricultura y Emergencia Climática recurrió los permisos iniciales porque el Ministerio había obviado informes en contra emitidos por la administración autonómica. El Gobierno argumentaba la extemporaneidad de los informes, pero la Conselleria insiste en que fueron enviados "dentro del plazo" y que las demoras fueron imputables a la Subdelegación del Gobierno.

El escrito de la Conselleria recuerda además que, como dice la misma DIA, el proyecto puede "generar impactos" sobre la Red Natura 2000 pero aprueba la declaración "sin contener la resolución de repercusiones que ella mismo reconoce que es necesaria". Por todo ello, califica de "ilegalidad o invalidez" aquella resolución del mes de enero en el requerimiento remitido al Gobierno.

Además de la administración autonómica, también la asociación vecinal y ecologista Nostra Terra ha anunciado un recurso contra el proyecto fotovoltaico al considerar que tiene "vicios de nulidad". En este sentido, ha denunciado que "la declaración de impacto ambiental favorable no ha dado una respuesta adecuada a los informes negativos que se emitieron en su día desde la Generalitat Valenciana". "De hecho, que no se tuvieran en cuenta estos informes negativos ha sido la principal queja de las administraciones autonómicas", subrayaron desde la organización.