VALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, encargado del conocido como caso Erial, ha acordado mantener el embargo de bienes al exdirector general de la Policía Nacional Juan Cotino pese a su fallecimiento el pasado abril. La causa, en la que se encontraba imputado, indaga en un presunto entramado liderado por el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana para el cobro de comisiones a través de adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico Valenciano.
La muerte del también exconseller como consecuencia del coronavirus supuso que quedara extinguida su responsabilidad penal y se archivaran las causas que le afectaban, como sucede en estas situaciones, al no poderse dirigir ninguna acusación contra él. Concretamente, se trataba de dos relacionadas con la visita del Papa -una en la Audiencia Nacional y otra en un juzgado de Valencia- y la mencionada de Erial. Pero aunque se extinga la penal, no ocurre lo mismo con la civil, de manera que la justicia puede actuar sobre los bienes y, por tanto, sobre su herencia.
El fiscal Anticorrupción Pablo Ponce explicó este miércoles durante una entrevista en À Punt que la figura que se puede aplicar para ello, recogida en el Código Penal, es la del decomiso sin condena, la cual permite recuperar el dinero defraudado. En el artículo que lo regula se establece esta posibilidad aunque no exista una sentencia condenatoria pero sí indicios razonables de criminalidad. Un procedimiento que ya se ha iniciado.
Así, mientras la Audiencia Nacional decidió devolver los bienes embargados (una planta baja y dos viviendas) a la familia de Cotino, no ha ocurrido lo mismo en Erial. En un auto del pasado noviembre, la magistrada acordaba, a petición de Anticorrupción, el embargo por importe de medio millón de euros de tres fincas tituladas por la sociedad Alquería Dolores, perteneciente a Cotino, así como la prohibición de disponer de todas las participaciones sociales. Todo ello, explica, para garantizar el posterior decomiso.
¿Y por qué por estos 500.000 euros exactamente? El motivo se encuentra en el sumario. En él se recoge una declaración ante la juez de Beatriz García Paesa, sobrina del espía Francisco Paesa, en la que aseguró que el exdirector general de la Policía le llevó personalmente en 2001 -cuando ocupaba este cargo- unos 640.000 euros en metálico a Luxemburgo para la creación de dos sociedades de las que la trama se habría servido para mover el dinero de las mordidas en el extranjero.
Los investigadores, por tanto, cifran en esa cantidad el dinero presuntamente defraudado por Cotino -y que quieren recuperar-. Para ello, la juez mantiene dos medidas: el bloqueo de la cuenta de Alquería Dolores, en la que había 160.316 euros, y el de las citadas fincas de Picanya por valor de 500.000 euros. La suma da los más de 600.000 que habría llevado a Luxemburgo.
El fiscal Pablo Ponce también señaló este miércoles que el dinero recuperado en el conjunto del caso Erial asciende por el momento a 9 millones de euros en metálico -aparte de propiedades y otro tipo de objetos-. De un lado, se encuentran los 6,2 millones depositados en dos cuentas de Suiza que se lograron bloquear y, de otro, los más de dos millones que estaban en cuentas del que fuera jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García.