Un juzgado reabre la investigación a altos cargos de Sanidad por la falta de material frente a la covid 

VALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ha admitido a trámite una querella presentada por el sindicado médico CESM contra varios altos cargos de la Conselleria de Sanidad por la falta de medios de protección frente a la covid. En el auto solicita al departamento que dirige Ana Barceló que elabore un informe detallado sobre las iniciativas, si las hubo, adoptadas en relación con la entrega de material de protección: EPIS, batas impermeables, mascarillas FFP2, FFP3, gafas de protección, calzas especiales, contenedores de residuos, etc. Una petición tendente a averiguar si se protegió correctamente a todos los trabajadores sanitarios que prestaron servicios en los hospitales y en los centros de salud de la Comunitat Valenciana entre marzo de 2020 y marzo de 2021.

Esta decisión del juez supone en realidad reabrir una investigación iniciada en abril del año pasado a raíz de la querella de un grupo de abogados contra dos responsables de la Conselleria: la directora general de Recursos Humanos, Carmen López, y el director gerente del departamento de salud Alicante-Hospital General, Miguel Ángel García. La Fiscalía pidió entonces el archivo, que fue desestimado por el magistrado. El Ministerio Público recurrió ese pronunciamiento ante la Audiencia Provincial, que sí sobreseyó en octubre. 

Ya en junio de 2021, la Audiencia acordó acumular a estas diligencias otra investigación del juzgado de Instrucción número 7 que se abrió –esta sí– por la querella del sindicato CESM. Iba dirigida también contra Carmen López; la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro; la directora general de Asistencia Sanitaria, Amparo García; la directora general de Salud Pública, Ofèlia Gimeno; y el subsecretario de Sanidad, David Fernández. 

Cuando Instrucción 1 recibió dichas diligencias, dio traslado a la Fiscalía, que instó de nuevo al archivo de la querella acumulada al apreciar la inexistencia de delito y que se trataba de una acción prospectiva y genérica. Pero el juez ha decidido ahora seguir adelante. 

En el auto de reapertura de la investigación explica que la cuestión debatida es la presunta comisión por parte de las autoridades sanitarias del delito recogido en los artículos 316 y 317 del Código Penal. Es decir, la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales por no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, poniendo en peligro grave su vida, salud o integridad física.

Así, señala que el criterio fijado sobre este asunto a lo largo de 2020 por el Tribunal Supremo y por los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos es que los juzgados ordinarios de Instrucción deberán investigar los hechos y tomar decisiones tanto para archivar como para indagar en el objeto de denuncia. Los expuestos en ambas querellas acumuladas, indica, se encuentran sin investigar, por lo que se "pone en juego el ejercicio de la tutela judicial efectiva de los querellantes". 

El juez considera que se aportan datos más concretos

El juez recuerda que el archivo de la Audiencia Provincial fue provisional al dejar abierta la posibilidad de reabrir las diligencias si aparecieran nuevos datos. Algo que cree que se produce ahora al haber más concreción. "Es procedente la inicial investigación para determinar la verdadera actuación de Generalitat Valenciana en la pandemia y si la misma pudo incurrir en el delito contra la seguridad e higiene en el trabajo respecto a los trabajadores facultativos y sanitarios", apunta. Todo ello, añade, "con independencia de posteriores justificaciones" sobre la inexistencia de medios materiales y medios económicos, "circunstancias que en todo caso deberán ser valoradas una vez que se tomen los primeros datos".

Por todo ello, argumenta que debe admitir la querella del CESM "a efectos de averiguar datos, investigar y ponderar o decidir si existen indicios del delito contra los derechos de los trabajadores". 

El sindicato destaca que el departamento que dirige Ana Barceló –la cual no puede ser investigada al ser aforada– podría haber infringido la legislación. "Todos recordamos las condiciones en las que los médicos y otro personal sanitario tuvieron que hacer frente a los masivos contagios que durante los meses de marzo, abril y mayo del año 2020", remarca. 

En este sentido, critica la "total falta de previsión" durante el primer confinamiento por parte de los cargos directivos responsables de la Conselleria, lo que puso en "grave riesgo" la "vida e integridad" de los trabajadores y "dio lugar a situaciones límite que incluso llegaron a provocar que entre el personal médico y sanitario se produjesen multitud de contagios, llegando a resultados fatales".