Foto: KAROLINA GRABOWSKA/PIXABAYVALÈNCIA (EP). La Ley de Libertad de Medios de Comunicación de la Unión Europea que obligará a declarar la propiedad de los medios y a proteger más a los periodistas, en aras de la transparencia y el pluralismo mediático, entra en vigor este martes, si bien prevé una aplicación gradual por la que las primeras disposiciones --las que se refieren al derecho a la pluralidad de medios-- no serán aplicables hasta el próximo otoño.
La nueva normativa comunitaria busca fomentar la transparencia sobre los grupos empresariales que controlan los medios de comunicación, así como proteger de forma efectiva a los periodistas y proveedores ante presiones e injerencias gubernamentales y ataques con programas espía.
"Por primera vez, la UE tiene una ley para proteger la libertad de prensa. La UE reconoce que los periodistas desempeñan un papel esencial para la democracia y deben ser protegidos", ha dicho la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Estado de derecho y Justicia, Vera Jourova, quien además ha instado a los gobiernos nacionales a dar los pasos necesarios para que las nuevas reglas se apliquen en su legislación "lo antes posible".
También entraron en vigor esta semana las normas para reforzar la protección de periodistas y activistas frente a posibles demandas abusivas o infundadas que se presenten contra ellos con el objetivo de intimidarles o silenciarles, unas acciones conocidas como "demandas estratégicas" contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés).
En lo que a la nueva ley de libertad de medios se refiere, la reforma prevé la obligación para los Estados miembro de proteger la independencia de los medios de comunicación, poniendo coto a la intervención en las decisiones editoriales.
Además, los periodistas quedarán blindados para ejercer su labor en libertad y sin revelar sus fuentes porque las autoridades no podrán detenerlos, sancionarlos, hacer redadas en sus oficinas o instalar programas de vigilancia en sus dispositivos electrónicos, ya que el uso de espionaje se limitará sólo a casos concretos y previa autorización judicial.
Entre las claves de las novedades introducidas por la ley figura la obligación para todos los medios de comunicación, independientemente de su tamaño, de aportar transparencia sobre la identidad de sus propietarios, que tendrá que publicar en una base de datos nacional y también si son de titularidad parcial o total pública.
De esta forma, se busca limitar la injerencia extranjera y la concentración empresarial, clave en la serie de intereses que pueden influir en la información que difunden.
Respecto a la publicidad institucional, los medios tendrán que informar sobre los fondos públicos recibidos en concepto de publicidad o en forma de subvenciones, incluyendo financiación desde terceros países.
Asimismo, los fondos públicos concedidos a los medios de comunicación o a las plataformas en línea deberán asignarse mediante criterios públicos proporcionados y no discriminatorios. La información sobre el gasto público en publicidad será transparente, incluida la cantidad total anual y la cantidad otorgada a cada medio.
En lo que respecta a los medios de comunicación públicos, la normativa obliga a garantizar una financiación sostenible, previsible y transparente y, para evitar su instrumentalización política, sus directores y miembros del consejo de administración deberán ser seleccionados mediante procedimientos transparentes y no discriminatorios para mandatos suficientemente largos.
