Podemos pide quitarle 2,4 millones a la Agencia de la Innovación para destinarlos a accesibilidad

VALÈNCIA. La Agencia Valenciana de Innovación (AVI), el gran proyecto del president de la Generalitat Ximo Puig para impulsar la competitividad empresarial en la Comunitat, puede verse mermada en recursos en el próximo ejercicio. O, al menos, eso pretende Podemos con las enmiendas que ha presentado para los Presupuestos de 2018. Los morados quieren reducir en 2,4 millones de euros las cuentas del organismo con sede en Alicante para sumarlos a mejorar la accesibilidad de los edificios públicos. 

El partido que encabeza Antonio Estañ ha presentado una enmienda de modificación de las cuentas del 2018 en la que aumenta en 2,4 millones el presupuesto inicial que iba destinado a "facilitar el acceso de todos los vecinos del municipio a los edificios municipales, en especial, las Casas Consistoriales, mediante la eliminación de las barreras arquitectónicas". Con ese incremento, la partida para este fin tendría un importe final de 4 millones de euros, y no los 1,6 millones completados en el anteproyecto de presupuestos. 

Podemos justifica este exigencia para cumplir, aunque sea en previsión presupuestaria, con las directrices que marca la Unión Europea sobre accesibilidad a los edificios públicos. Según los morados, Bruselas ha dado de plazo hasta el próximo 4 de diciembre para reformar todas las instalaciones públicas para que cualquier ciudadano pueda acceder sin ningún tipo de problemas a estas dependencias. 

Una reclamación, además, que no es nueva, ya que el partido de los círculos planteó esta cuestión como medida a negociar durante las conversaciones para acordar con el Consell el anteproyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana. Unas negociaciones que no llegaron a buen puerto por discrepancias en cuestiones como la tasa turística y el sistema de reciclaje de envases SDDR,  medidas con fuerte rechazo por parte de los socialistas. 

Sin embargo, la elección de Podemos de dónde retirar los fondos para aumentar la partida de accesibilidad a los edificios públicos no es baladí. Con 28 millones de euros presupuestados, la puesta en marcha de la AVI es una de las medidas más relevantes del departamento de Presidencia. Y la formación morada, que en su momento dudó de este proyecto, ahora quiere restarle 2,4 millones del presupuesto de un organismo que será dirigido por el economista y exconseller en la etapa del socialista Joan Lerma al frente del Consell, Andrés García Reche. 

La enmienda, de hecho, reduciría el margen presupuestario de García Reche en "la financiación de operaciones de capital de la AVI". Una disminución de su capacidad financiera significativa cuando la creación de dicho ente fue aprobado en marzo por Les Cortes con el propósito de promocionar proyectos de interés general en materia de innovación y que tendrá potestad para suministrar ayudas y subvenciones. 

Esta modificación que propugna Podemos podría encontrar una aliado inusual. No en vano, el PP se plantea dar apoyo a esta enmienda que quitaría presupuesto a uno de los organismos de nueva creación que más defiende Puig. Un apoyo que abundaría en las coincidencias que de cara a las cuentas de los 2018 están teniendo populares y morados, que se han aliado de forma casual en la petición de retirar los tres millones a dedo dados a Air Nostrum y en la vigilancia del cumplimiento de Edificant, el programa del Consell para eliminar los barracones. 

Marcada por la polémica

Al margen de la reducción de un ente que tenía previsto contar con 28 millones de euros en 2018, la AVI ha nacido con el recelo de los partidos de la oposición y del mismo socio del Consell de los socialistas, Compromís. El ente, que era un claro toque de atención al conseller de Economía, Rafael Climent (Compromís) por ser una competencia tradicionalmente ligada a este departamento, causó preocupación por los sueldos ofrecidos y por la posible desbandada de altos funcionarios desde el Ivace -en manos de Climent- a la AVI. 

Más reciente es, sin embargo, la rebelión que se produjo por parte de seis consejeros de la propia AVI contra la estructura del organismo. Aunque su sede estaría ubicada formalmente en Alicante, de facto contaba con más personal en València, ciudad desde la que García Reche dirigiría la Agencia. 

Una cuestión que, además de provocar cierto malestar en Compromís y en el conseller de Transparencia, el alicantino Manuel Alcaraz, amenazó con paralizar su propio nacimiento a manos de CCOO, que planteó impugnar la estructura de la AVI. No compartían que el 66% de la plantilla estuviera compuesta por altos cargos elegidos por libre designación y que no se realizara una bolsa de trabajo que marcara el proceso de selección.

PP y Podemos enmiendan la ayuda a Air Nostrum

Ahora bien, no es la única partida que los morados han enmendado. En Podemos ya advirtieron que no les agradaba el "abuso" de líneas nominativas que el Consell había realizado en este anteproyecto de ley de Presupuestos de 2018. En concreto, los 3 millones de euros que el Gobierno valenciano tenía previsto destinar a Air Nostrum. 

El partido que dirige Antonio Estañ registró este lunes una enmienda en la que retiraban esta subvención a la aerolínea valenciana para redirigirla a otros fines de "carácter social". Así, la formación morada divide 1,5 millones de euros para combatir la brecha digital en los distintos municipios de la Comunitat Valenciana. La misma cantidad iría destinarla al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) como "ayuda al emprendimiento innovador y a la promoción del crecimiento y la consolidación de iniciativas cooperativas y de economía social, así como a la recuperación de empresas mediante las sociedades laborales". 

No obstante, no fueron los únicos en enmendar esta línea nominativa a Air Nostrum. El Partido Popular que dirige Isabel Bonig presentó también una enmienda en este sentido. La única diferencia: los nuevos destinatarios de la ayuda directa. Cáritas, Cruz Roja y el Banco de Alimentos serían beneficiarios de 300.000 euros cada uno; mientras la Federación de Asociaciones de solidaridad con el pueblo Saharaui del País Valencià (FASP) lo sería de otros 200.000. En total, 1,1 millones para distintos organismos benéficos. 

El PP propone, además, que la cuantía restante de esta línea nominativa -1,9 millones de euros-, vaya destinado al programa de Financiación y Fondos Europeos, de manera que distintas empresas accedan a estas subvenciones mediante concurrencia competitiva.