Poner puertas al puerto

La conflictiva relación del puerto de València con la ciudad, tras el lamentable serial de la (muy dudosamente necesaria y salvajemente destructiva) ampliación norte en curso, promete nuevos episodios a cuenta del control y la gestión de la dársena interior. Como es tradición, las promesas de las autoridades encargadas de gestionar ese peculiar abceso que la ciudad ha de soportar como mejor puede, a cambio de un supuesto desarrollo económico que, sobre todo, renta a unas muy concretas empresas y patrimonios familiares (y a Puertos del Estado, razón Madrid), y que son realizadas periódicamente cada vez que el puerto necesita de cierta aquiescencia social para seguir engullendo territorio y riqueza natural a mayor gloria de su cuenta de resultados, tienden a no ser consideradas vinculantes, incluso cuando jurídicamente parecían estar muy claras y negro sobre blanco, en cuanto han de concretarse.

Esta peculiar relación de parasitismo, soportada más que consentida por la ciudad porque no hay más remedio (aquí, como es sabido, mana qui mana, y donde hay Madrid con sus intereses bien acompañaditos de la corte de las maravillas de aborígenes que se ponen a chupar rueda, nada tenemos que decir los demás, salvo patalear un poco), cuenta con jalones históricos que han quedado injustamente olvidados, por lo que no viene mal hacer memoria. Por ejemplo, cómo el puerto engulló la playa de Natzaret y se cargó para siempre la zona, en los años ochenta del siglo pasado, prometiendo la regeneración del barrio, realizar el paseo marítimo de la ciudad y, ya entonces era el cromo favorito para cambiar, la cesión de la dársena interior histórica a la ciudad, dado que pasaría a ser innecesaria para la actividad portuaria tras la ampliación. Lo ha recordado no hace mucho el entonces alcalde de València, Ricard Pérez Casado, en sus memorias, reconociendo además el grave error de haber aceptado sin reticencias las pretensiones del entonces puerto autónomo de València. En cuanto las obras se pudieron llevar a cabo, declaración de interés general mediante, todo aquello quedó en nada, como los vecinos de Natzaret, cuatro décadas después, saben bien y siguen padeciendo. El paseo marítimo nunca fue realizado ni pagado por el puerto y todavía tardó unos años en ser realidad (a cuenta de todos, claro). Y de la dársena interior todavía estamos hablando. Es divertido recordar que la razón aducida por el puerto para olvidar todo lo prometido fue que, una vez dejó de ser puerto autónomo y pasó a ser autoridad portuaria, gracias a una especie de magia jurídica e institucional muy conveniente, ¡zas!, ¡ya no tenían ninguna obligación!

Una vez destrozada la playa de Natzaret, el supuesto maná que reporta el puerto a la ciudad requirió, ya en tiempos de gobiernos conservadores, de más y más ampliaciones, en forma de muelles adentrándose en el mar y hacia la nueva desembocadura del Turia, por un lado, así como de amenazantes obras duras que se ciernen sobre las playas que aún le quedan a la ciudad, en su zona norte. Cabe recordar que por entonces la oposición socialista elaboró informes de gran interés sobre cómo con las instalaciones ya existentes, sin ampliación ninguna, a poco que se gestionara el espacio con la eficiencia de los grandes puertos asiáticos del mundo en lugar de con concesiones a determinadas empresas en condiciones que les permitan negocio seguro y que sus ineficiencias las pague el medio ambiente, no hacía ninguna falta comerse más espacio natural. Como hubo algo de follón sobre la afección a las praderas de posidonia de la zona, a la Albufera y a las playas del sur del término municipal (desde Pinedo al Perellonet) y más allá, la obra sólo fue autorizada a cambio de que el puerto velara por paliar la erosión y pérdida de arena, que tenía la obligación de reponer. Los estragos en la flora y fauna marina no son visibles, pero cómo han dejado las playas y cumplido con esa obligación está a la vista de cualquier ciudadano. Han trasladado más arena los asiduos a las discotecas en las suelas de sus zapatos que las medidas de reposición que supuestamente eran obligatorias para el puerto.

Con todo, la ampliación en cuestión no fue completada en tiempo (porque en realidad no era necesaria) ni cumplió todos sus objetivos (por ejemplo, aún no se ha concretado el delirio ingenieril de los responsables de la infraestructura consistente en realizar un acceso norte faraónico cueste lo que cueste, incluso si ha de ser a pie de playa). Y por ello seguimos aún en plena lucha encarnizada, con la autoridad portuaria negándose en redondo a que las obras sean evaluadas con los estándares ambientales vigentes en estos momentos (¿por qué será?) y el empleo de todo tipo de atajos procedimentales tan dudosos que los tribunales no han tenido más remedio que poner algunos peros. Nada grave, eh, no nos vayamos a preocupar: el puerto de València ya tiene acreditado que puede tranquilamente realizar una obra como la de la ZAL, declarada a lo largo de los últimos años ilegal por todos y cada uno de los tribunales que la han revisado, una y otra vez, y que no pase nada. Ahí sigue tan lozana (es un decir, claro, el estado de abandono de la zona es lamentable, pero vamos, que sigue en poder del puerto y sin que piense soltarla), sin que además las autoridades o instituciones valencianas sean capaces de oponer pero alguno.

No sería justo, sin embargo, negar que a veces ha habido quien ha logrado, al menos, alguna concesión a cambio de dar luz verde a la legendaria voracidad destructora del puerto. Por ejemplo, Rita Barberá sí logró, negociando directamente con el Estado (nadie negará que la que fue muchos años alcaldesa de la ciudad tenía cierta idea de quién era quién en los juegos de poder… y a quién debía evitar) que a cambio de la nueva ampliación la dársena sí revertiera por fin a la ciudad. Y la celebración de la Copa del América sirvió de catalizador para que esta contraprestación se acabara por llevar a cabo: ese dominio público pasó a ser del Ayuntamiento, que a su vez lo integró en el consorcio gestor de la Marina de València para la celebración de los fastos y determinación de los usos de la zona una vez acabados éstos, con la idea de que sirviera para abrir por fin el puerto a la ciudad (y sus vecinos) y, de paso, para recuperar algo del dinero que costó su adecuación.

Igualmente, el actual alcalde de la ciudad, Joan Ribó, se ha mostrado batallador frente a los recientes proyectos de engullir más y más playas y de generar más y más afecciones a la ciudad, en contraste con la comprensión que la Generalitat Valenciana ha mostrado con el presidente de la autoridad portuaria nombrado por Ximo Puig. Desde el gobierno autonómico se ha dado carta blanca al ínclito Aurelio Martínez para dirigir la ampliación y negocios anexos con la misma sagacidad, preocupación por el interés general y savoir faire con la que organizó el proceso de venta dirigida del València CF para que acabara en manos de Peter Lim y Meriton Holdings, con las consecuencias ahora ya por todos conocidas. Nada hay como poner a gente de confianza y acreditada solvencia resolviendo problemas en la dirección correcta para lidiar con las dificultades del presente.

Es precisamente esta batalla dada desde el ayuntamiento de València la que, aparentemente, ha llevado al puerto de València a decidir que ha de reclamar que la dársena interior del puerto le sea devuelta. Si la ciudad no se comporta adecuadamente y no pone la alfombra roja al puerto para su nueva ZAL, para comerse más playas, para ampliar más los muelles a costa de la Albufera y de la posidonia, e incluso para poder hacer el famoso acceso norte o modificaciones internas de los usos portuarios que acerquen los cruceros a la ciudad, dejando más y más réditos a los insiders… pues os quedáis sin la dársena. ¡Ni Santa Rita, ni nada, que ella ya no está!

La magia jurídica del momento, nos explican, pasa por que, según la legislación vigente, si bien el puerto puede ceder terrenos a otros poderes públicos, ello sólo es así para que sobre ellos se realicen actividades de interés general, y en el momento en que los usos pasen a ser de otro tipo habrían de devolverse. Nada que objetar hasta este punto. La alquimia para convertir en oro todo lo que les interesa llega cuando el puerto y sus voceros mediáticos y agentes infiltrados en la vida de la ciudad nos tratan de convencer de que exactamente las mismas actividades que realizaba el consorcio creado para la Copa del América que ha venido gestionando la Marina desde entonces, exactamente las mismas, y que hasta la fecha habían sido consideradas de interés general indudable, dejan de serlo si el control sobre estas actividades y las decisiones al respecto pasan a ser del ayuntamiento de València.

La broma jurídica de entender que las actividades de la Marina de València no pueden encuadrarse en el interés general por contener elementos comerciales o usos cedidos a personas o empresas privadas se completa con la existencia de centros comerciales en puertos tan cercanos como el de Alacant, o la reciente consideración del indudable interés general de la creación de una ciudad deportiva para una sociedad anónima deportiva en el propio puerto de València. Porque el interés general, para esta gente, no es más que un juguete de plastilina jurídica moldeable a voluntad que sólo ha de servir a sus particulares necesidades y conveniencias. 

La cuestión es si, por una vez, la obscenidad del planteamiento, tanto jurídico como político, unida a las anteriores salvajadas sobre Natzaret, Pinedo, las playas, la contaminación en la ciudad, la ZAL y todos los reiterados incumplimientos jurídicos y políticos del puerto, harán que logremos un acuerdo social para poner límite a las pretensiones de la autoridad portuaria, Puertos del Estado y quienes aquí recogen algunas migajas. Aunque sólo sea porque los políticos valencianos, empezando por el President de la Generalitat responsable de nombrarlo y mantenerlo en el cargo, quizás quieran evitarse el bochorno de tener que respaldar a Aurelio Martínez haciendo una vez más algunas de sus promesas, descojonado de la risa, como es habitual en él, sobre acabar campos de fútbol, ampliar puertos o velar por los intereses de todos.