VALÈNCIA (VP/EFE). El pleno de la Diputación de Valencia ha rechazado, con los votos en contra del PSPV y Compromís, la petición del PP crear una comisión de investigación sobre el caso Azud. Concretamente, para estudiar los contratos en Divalterra de la época del que fuera jefe jurídico y de transparencia, José Luis Vera, ahora considerado presunto conseguidor de financiación en B para los socialistas valencianos.
La propuesta ha sido apoyada por Ciudadanos y Vox en un pleno extraordinario celebrado este viernes que no ha sido ofrecido en directo por la Diputación de Valencia, a diferencia del ordinario, que había tenido lugar en momentos previos. Según la corporación, había problemas técnicos.
El caso Azud se centra en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones durante 15 años (entre 1999 y 2013). Políticos del PP y del PSPV, además de empresarios, habrían participado en ella. Hasta la fecha, alrededor de 60 personas están imputadas y se apunta a los posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal.
La comisión de investigación se ha rechazado con el argumento de que la Diputación ya ha entregado la relación de contratos del período en que Vera fue responsable de los servicios jurídicos de la empresa pública Divalterra (antes Imelsa), tanto a los diputados provinciales como a la Fiscalía Antifraude.
El presidente de la corporación provincial, Toni Gaspar, ha explicado que, de casi un centenar de contratos entre 2015 y la extinción de Divalterra, Vera "realizó el informe de necesidad en 18 de esos contratos y solo participó en tres mesas de contratación; en el resto de contratos no intervino".
Gaspar ha indicado que toda esta información "la tienen tanto Antifraude como la UCO, que se llevó los ordenadores" y ha acusado al PP de buscar "la política espectáculo" con esta propuesta de comisión, a la que dicen no "rotundamente" y "sí al Estado de derecho".
Por su parte, Compromís, como ya había anticipado, también ha votado en contra. La justificación ha sido que hay "una clara intencionalidad política" y que el caso "nada tiene que ver con la Diputación y no tiene razón de ser" la comisión pese a que aparezca Vera como protagonista.
El portavoz del PP, Vicente Mompó, ha afirmado que pueden entender que el PSPV "no quiera investigar sus presuntas miserias", pero se ha preguntado cuál es la razón de Compromís, cuando además en Les Corts Valencianes se han mostrado a favor.
Los ciudadanos "tienen derecho a saber hasta qué punto la posible trama de corrupción socialista ha podido operar desde la Diputación de Valencia, gracias a José Luis Vera", ha afirmado Mompó, quien ha destacado que Vera estuvo casi dos legislaturas y ha criticado que el presidente provincial del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, no haya intervenido desde su escaño como diputado.
Asimismo, ha criticado que el pleno extraordinario para votar la comisión de investigación no haya sido ofrecido en directo por la Diputación de Valencia, como sí se ha emitido el pleno ordinario que se ha celebrado antes y todos los plenos, y ha lamentado "la falta de transparencia con la que gobiernan PSPV y Compromís".
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación, Rocío Gil, ha afeado al bipartito su negativa a investigar los contratos del exjefe jurídico de Divalterra y presunto "conseguidor" de la trama de corrupción Azud, José Luis Vera. "¿Tienen miedo a que algo les perjudique?", les ha preguntado, al tiempo que les ha destacado que “las mentiras tienen las patas muy cortas”.
De hecho, ha asegurado, "pedimos información por escrito sobre si había alguna factura con la empresa relacionada con Vera, nos dijeron que no en vez de informarnos de que sí había otras facturas de empresas relacionadas con él tal y como ha publicado la prensa". Por el contrario, ha defendido, "el gobierno tiene que ser más transparente y no generar dudas con este tipo de actuaciones".
Por otra parte, el pleno ordinario de enero ha aprobado la transferencia a los 266 ayuntamientos de la provincia y tres entidades locales menores de los primeros 40 millones de euros que la corporación aporta este año al Fondo de Cooperación Municipal, a la que en febrero se sumará una segunda entrega de 20 millones de euros.
El presidente de la institución, Toni Gaspar, ha señalado que el hecho de haber aprobado el presupuesto en noviembre "permite agilizar los trámites y dotar a los municipios de la liquidez que necesitan".
Todos los grupos representados en la Diputación han votado a favor de la moción que impulsa el primer pago de la aportación provincial al Fondo de Cooperación, dentro de la voluntad de que los ayuntamientos dispongan de todos los recursos de la corporación para este fondo antes de acabar el primer trimestre del año.
El pleno ha aprobado por unanimidad una moción que pide "más financiación y formación del personal de los juzgados" para hacer frente a la lacra de la violencia machista y atender a las mujeres víctimas, según un comunicado de la Diputación.